Por cuarta vez en lo que llevamos de curso escolar vuelve a averiarse la plataforma salvaescaleras que el CEIP Aguadulce de la capital grancanaria habilitó tras romperse, hace más de un año, el único ascensor que el colegio de preferentes motóricos tiene para acceder a los niños en silla de ruedas a la primera planta. Ana Alemán, madre de uno de los niños, denuncia que su hijo, al igual que el resto con discapacidades motóricas, lleva perdiendo veinte minutos de clases diarias por no poder acceder al aula a través de un ascensor que ya está arreglado pero que no funciona porque “falta que Industria de el visto bueno a la obra”.
Ha pasado más de un año y los niños en silla de ruedas o con movilidad reducida del colegio Aguadulce no pueden subir a las aulas en ascensor. En diciembre de 2007 se rompió y el centro educativo determinó que se utilizara la rampa salvaescaleras para que pudieran acceder a la primera planta mientras se llevaba a cabo la obra para habilitar un nuevo ascensor.
Los padres, resignados y ante la promesa de que con el nuevo curso se pondría en marcha el nuevo ascensor, aceptaron que sus hijos se perdieran el recreo y llegaran todos los días tarde a clase.
La rampa salvaescaleras sólo puede transportar a un niño, por lo que desde que el personal auxiliar los recoge a la llegada al colegio cada mañana, atraviesa el patio con ellos, los sube uno por uno y los acerca a sus aulas correspondientes, llegan siempre tarde a clase.
“Mi hijo llega a clase veinte minutos tarde todos los días. Si multiplicamos esos veinte minutos diarios desde hace más de un año, es idignante la cantidad de horas de educación que ha perdido”, se queja Ana Alemán, que considera que ''no se está respetando el derecho a la educación“. ”Es un colegio de motóricos y no es accesible“.
A día de hoy, la obra del nuevo ascensor está terminada pero no funciona. Ana Alemán asegura que desde la dirección del centro (su directora, Águeda Marcos Hernández, no ha querido hacer declaraciones a este periódico) se ha hecho todo el papeleo para su puesta en marcha pero que trámites administrativos de la Consejería de Industria lo tienen bloqueado. Lamenta que “nadie dé la cara y tome medidas por tratarse sólo de seis niños''. Y al mismo tiempo insta a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, a que solucione el problema.