A la alcaldesa de Mogán no le encaja en su modelo de municipio turístico que un hotel o apartamento aloje, como residencia de tránsito y solución temporal de urgencia, a personas mayores que llevan años viviendo en hospitales públicos de Gran Canaria pese a contar con el alta médica. Es decir, a los llamados pacientes sociales, aquellos que no disponen de plaza en centros sociosanitarios, no pueden volver a sus domicilios ni tampoco cuentan con una red comunitaria o familiar para los cuidados que requieren, en algunos casos porque los parientes acaban claudicando por falta de apoyo y en otros, los mínimos, por abandono.
Onalia Bueno (Juntos por Mogán -Coalición Canaria) firmó el pasado 28 de septiembre una providencia para impulsar una reforma del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán. El objetivo, señala la alcaldesa en ese escrito al que ha tenido acceso este periódico, es eliminar algunos “usos complementarios” permitidos en los complejos hoteleros de esa zona porque, según afirma, “no son acordes con el modelo turístico que se plantea en el municipio”. Entre ellos, el sanitario, el asistencial y el social.
Ese plan entró en vigor en agosto de 2015. Es decir, hace ya más de ocho años. Y hasta ahora no se había modificado. Para encontrar la razón de fondo de esta iniciativa hay que remontarse a mediados de julio de este año, cuando la Consejería de Sanidad y la propiedad de unos apartamentos situados en Puerto Rico, Chatur Palmera Mar, alcanzaron un acuerdo para la utilización de ese complejo como recurso temporal en el que alojar a pacientes con necesidades sociosanitarias que no podían salir de los hospitales públicos pese a tener el alta médica.
El acuerdo estaba amparado en una orden conjunta firmada en marzo de 2022 por las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales del anterior gobierno, conformado por un pacto entre el PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera. Esa orden promovía la derivación de este tipo de pacientes a residencias de tránsito. Había un doble objetivo. En primer lugar, proporcionar a estas personas la atención requerida (sociosanitaria, no hospitalaria) de manera temporal, hasta que pudieran tener acceso a una plaza permanente en el sistema de Atención a la Dependencia. A principios de año, había un déficit de más de 8.000 plazas residenciales para mayores de 65 años en Canarias. Una carencia que se pretende reducir con el plan de infraestructuras para la creación de centros en coordinación con los cabildos.
La segunda pretensión era liberar las camas de agudos de los hospitales que quedan bloqueadas durante años por estos pacientes y que, por lo tanto, contribuyen al colapso de los centros sanitarios, evidenciado en la saturación de las urgencias. Hasta este verano eran más de 500 los pacientes sociosanitarios que vivían en los hospitales de las Islas.
Los apartamentos Chatur Palmera Mar han sido uno de esos recursos de tránsito que la Consejería de Sanidad ha utilizado para aliviar el problema. Así, a mediados de julio salieron de los hospitales 22 pacientes de larga estancia con destino a este complejo, con la previsión de que la cifra alcanzara los 70. El Servicio Canario de Salud (SCS) informaba de que había un informe favorable de la unidad de acreditación y conciertos y que el centro reunía los requisitos para la derivación de esas personas.
La alcaldesa de Mogán puso entonces el grito en el cielo. En declaraciones recogidas por Canarias 7, tildó esas derivaciones de “operación ilegal” y pidió a Sanidad su paralización inmediata. No era la primera vez que Bueno se oponía a la utilización de un hotel para un fin distinto al turístico. Ya lo hizo cuando varios complejos se ofrecieron a hospedar a migrantes durante la crisis de acogida de finales de 2020, en la que llegaron a hacinarse en el Muelle de Arguineguín más de 2.500 personas. El Palmera Mar fue uno de ellos y el Ayuntamiento le abrió un expediente sancionador que acabó con una multa de 6.000 euros.
Reforma del plan de Costa de Mogán
Ahora, la alcaldesa se ha propuesto acabar con los usos complementarios a la actividad principal de los hoteles, la turística. Y, por tanto, a la posibilidad de que esos apartamentos puedan convertirse en una residencia de tránsito para los pacientes con perfil sociosanitario. En la mencionada providencia del 28 de septiembre, Bueno pidió informes técnicos y jurídicos para instar al Gobierno de Canarias, ahora liderado por Coalición Canaria (CC), el partido con el que también se presentó como candidata al Parlamento regional, a modificar el Plan de Modernización y Mejora de Costa de Mogán.
“Se ha detectado que algunos de los usos permitidos dentro de los alojamientos turísticos no son acordes con el modelo turístico que se plantea en el municipio, toda vez que se legitima la coexistencia del uso principal (alojamiento turístico) con otras categorías de ”equipamiento turístico complementario“, los cuales deberían desarrollarse, en su caso, en parcelas independientes a los propios alojamientos turísticos, ya que no complementan la oferta turística del mismo, sino del municipio turístico”, justifica la alcaldesa en esa providencia.
Los informes encargados por la alcaldesa fueron elaborados por la arquitecta municipal y por la abogada que ejerce como jefa del servicio de Urbanismo y concluyen que todos los usos comunitarios y algunos recreativos son “incompatibles” con ese modelo turístico de municipio al que alude Onalia Bueno en el escrito.
Los usos comunitarios permitidos en la zona turística de Costa de Mogán que ahora la alcaldesa quiere prohibir son: parques urbanos, complejo dotacional integrado, educativo, deportivo, cultural, sanitario, asistencial, social, religioso, científico-tecnológico y servicio público. La condición que el plan exige en la actualidad para este “equipamiento complementario” es que no supere el 50% del principal. Es decir, del alojamiento turístico. De acabar aprobándose esa modificación, que depende en última instancia del Gobierno de Canarias (el Ayuntamiento sólo tiene potestad para plantearla), no habría, por tanto, posibilidad de que ese hotel siguiera alojando a pacientes sociosanitarios de manera transitoria.
También se propone eliminar la mayoría de los usos recreativos permitidos en la zona de afección del planeamiento especial. En concreto, los cines y multicines, los espectáculos deportivos, los parques de ocio o complejos recreativos, los parques zoológicos, los parques botánicos, los acuarios y delfinarios, los parques de atracciones, acuáticos o temáticos y las ludotecas y centros de ocio infantil.
Sin explicar por qué sí encajan en ese “modelo turístico de municipio” que defiende la alcaldesa, los informes de las funcionarias municipales hacen una salvedad y dejan fuera de esa pretendida prohibición tres usos recreativos: los juegos de azar, los teatros y salas de conciertos y los locales de reunión, de baile y celebraciones.
Oposición de Nueva Canarias
La iniciativa para instar a la modificación del plan turístico de Costa de Mogán será aprobada el próximo lunes en el pleno del Ayuntamiento de Mogán, donde la actual alcaldesa tiene mayoría absoluta (17 de los 21 concejales de la corporación). Nueva Canarias (NC), en la oposición con dos concejales (los mismos que el PSOE), ya anunció en la comisión informativa celebrada el pasado jueves que votaría en contra de ese cambio para suprimir los usos comunitarios en esa zona.
“El plan (de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad en Costa de Mogán) se aprobó en 2015 y hasta la fecha a la alcaldesa no le había molestado en ningún momento”, señala Juan Manuel Gabella, portavoz de NC en el Ayuntamiento sureño.
Para el concejal, es positivo que en una zona turística puedan convivir espacios sociosanitarios. “En Mogán no hay plazas sociosanitarias, así que se convierte en una posibilidad para las familias del municipio que podrían alojar en estos centros a aquellas personas que están en una situación de tránsito, desde que salen del hospital hasta que encuentran una plaza en una residencia”, comenta.
Gabella cree que la oposición del Ayuntamiento al convenio firmado entre Sanidad y la propiedad de los apartamentos Palmera Mar es “un error” que “impide el desarrollo sociosanitario” en el municipio como alternativa al turismo. “Puede ser un elemento innovador y por eso lo recoge el plan” que ahora Bueno pretende modificar, añade.
El grupo de NC en el Consistorio sureño anuncia que, en cuanto se apruebe la solicitud del pleno, dirigirá un escrito al Gobierno de Canarias solicitando que se mantengan esos usos comunitarios tal y como están en el vigente plan porque “es beneficioso para Mogán”.