Un repaso por los 12 meses de un año en el que la pandemia ha provocado un punto de inflexión en la sociedad y en el que la crisis migratoria en Canarias ha despertado una cierta desconfianza hacia las administraciones públicas por la gestión de las incesantes llegadas de personas a las Islas, especialmente al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.
Este 2020 comenzó con una calima histórica que pareció ser un aviso de que este años, sin lugar a dudas, iba a ser diferente. El repunte de la violencia de género, la crisis económica que ha arrasado al turismo canario, las remodelaciones en el Gobierno regional en plena pandemia, la corrupción política y varios sucesos trágicos por los que ha pasado Canarias han sido algunos de los acontecimientos que han marcado este annus horribilis para muchos.
Todo comenzó con la llegada de una brutal calima a las Islas a principios de año. Entre el 21 y el 23 de febrero, el Archipiélago sufrió fuertes vientos, altas temperaturas y falta de visibilidad a causa de este polvo en suspensión que provocó el cierre total de los aeropuertos canarios, la cancelación de importantes fiestas de Carnaval, con el Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife, además de cerca de mil incidentes en las islas. El archipiélago respiró en esas jornadas el peor aire del mundo debido a la alta concentración de polvo y otras partículas tóxicas que hicieron que permanecer al aire libre fuera peligroso para la salud.
La calima que afectó al Archipiélago durante esos días de febrero ha sido la peor que se ha vivido en 30 años, y recordó a la del 6 de enero de 2002, un Día de Reyes memorable en el que el cielo se tiñó de un intenso color naranja. El Gobierno regional se vio obligado a declarar la situación de alerta en toda la región y las autoridades sanitarias aconsejaron a la población no salir de sus domicilios, sin saber que, semanas después, tendrían que volver a hacer esta petición, aunque por otros motivos.
Precisamente, esta inclemencia meteorológica también arrasó con una de las celebraciones más sagradas para los canarios durante esos días, el Carnaval, a excepción de Tenerife, una decisión que, según algunos expertos, determinó la incidencia en las Islas de la pesadilla que estaba por llegar.
El 31 de enero, más de un mes después de que el coronavirus empezara a propagarse desde Wuhan (China), el Ministerio de Sanidad confirmaba el primer caso positivo en España, nada menos que en La Gomera. Ese día comenzó el desastre en España, con la llegada de un virus que marcaría definitivamente el transcurso del año y que sería la causa de más de 400 muertes en Canarias hasta la fecha.
El primer gran aislamiento por la COVID-19 con éxito también se produjo en el Archipiélago. El 25 de febrero, un positivo por coronavirus en el hotel H10 Costa Adeje Palace, en Tenerife, obligó a poner en cuarentena a cerca de mil personas en el complejo turístico, entre trabajadores y huéspedes. El primer caso de coronavirus del hotel se dio en un turista italiano, que fue ingresado en el Hospital de La Candelaria. Posteriormente, otros cinco turistas italianos del mismo grupo y una mujer británica también dieron positivo. Poco después llegó el confinamiento, una medida que cogió a todos por sorpresa y que solo unos días antes de anunciarse parecía impensable.
Sin embargo, el Archipiélago siempre se encontró en una posición favorable con respecto al avance de la pandemia en comparación con el resto del territorio nacional. Por ello, fueron tres de las Islas Canarias las primeras en comenzar el desconfinamiento. El 4 de mayo, la baja incidencia del virus en La Graciosa, La Gomera y El Hierro hizo que entraran en la fase 1 de desescalada, una semana antes que el resto de España y que el resto del Archipiélago.
Después de pasar todas las fases de desescalada, la sociedad experimentó una cierta relajación que hizo mella en los datos COVID posteriores, teniendo como consecuencia una segunda ola de la pandemia a finales de verano de la que el Archipiélago no fue ajena. Al principio de esta segunda ola, Gran Canaria fue la isla más afectada, ya que alcanzó cifras más preocupantes que en la primera y llegó a su mayor pico el 9 de septiembre, con 290 nuevos casos en un solo día.
La situación en Gran Canaria pareció ser el preludio de lo que le pasaría a Tenerife poco después y que ha durado hasta la actualidad. Los casos de la isla fueron aumentando hasta que en el mes de diciembre llegó a su pico más alto, con 269 contagios en un día, y rebasó la incidencia acumulada de Gran Canaria, la isla que registraba peores datos de la pandemia hasta ese momento. El Gobierno regional decidió endurecer las medidas de Tenerife para frenar la propagación del virus.
Finalmente, con casi 27.000 contagios acumulados en las Islas, a finales de diciembre llegó el esperado antídoto contra el virus. Doria Anatolia Ramos, de 84 años, se convirtió el pasado 27 de diciembre en una de las protagonistas de la única buena noticia dentro del caos pandémico: fue la primera persona en vacunarse en Canarias, en el municipio tinerfeño de La Laguna.
La vacunación ha priorizado a los sectores de población definidos en la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España, que establece el orden cronológico de los grupos de población. Por tanto, en la primera etapa se vacunarán los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. Es el comienzo del fin de una pandemia histórica que ha afectado a más de 82 millones de personas en todo el mundo y ha matado a casi 2 millones.
Tres mujeres han sido asesinadas en 2020 por la violencia machista en Canarias, 43 en toda España. En las Islas se vive un repunte de esta lacra y según ha informado el instituto Canario de Igualdad (ICI), desde que en marzo se pusiera en marcha el recurso Mascarilla-19 para pedir auxilio en las farmacias, 39 mujeres lo han utilizado, diez en el mes de diciembre. Desde enero hasta noviembre de este año (últimos datos publicados) el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SAMVV 1-1-2) recibió un total de 14.408 llamadas. En el 70% de los casos su agresor es su pareja o ex pareja, ha recordado el Gobierno de Canarias.
Encarnación fue asesinada por su marido el 4 de abril en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. El crimen ocurrió en pleno confinamiento por la pandemia. Tenía 78 años y fue asfixiada. Además, sí existían antecedentes previos de violencia de género de este hombre contra la víctima. En verano fue asesinada Carolina, en Tenerife. Tenía 43 años y su cuerpo fue hallado en una fosa séptica. La mujer había denunciado durante el confinamiento al hombre por agresión y la Policía Local de Santa Úrsula lo había detenido.
Además, Canarias ya contabiliza como violencia de género el caso de Ramona Jesús, de 55 años, en La Laguna, que aún se encuentra en investigación. La mujer sufrió graves quemaduras en una explosión en su casa y falleció después. Un hombre de 35 años que también se encontraba en la vivienda fue trasladado al hospital. Fuentes policiales aseguraron que mientras la versión de él apunta a una explosión accidental, las manifestaciones que pudo hacer la mujer revelaban una acción intencionada. La Ley canaria sí recoge como violencia de género la que se da fuera del ámbito de la pareja o expareja, por lo que el ICI condenó rápidamente el caso.
El año termina con la investigación de un presunto caso de violencia de género en Gáldar, Gran Canaria, después de que la pareja de una mujer desaparecida hubiera confesado a un conocido que la había asesinado y enterrado junto a una chabola en la que supuestamente vivían. Unos restos óseos, aún en investigación, fueron encontrados este 29 de diciembre por los cuerpos de seguridad en una finca abandonada del municipio grancanario y el hombre, que se entregó en Lanzarote, permanece bajo custodia judicial.
En investigación también se encuentra el presunto asesinato de una mujer trans en el municipio de Arona, al sur de Tenerife. Las asociaciones LGTBi han condenado este crimen y piden una ley estatal que proteja los derechos de estas personas.
La pandemia no ha hecho que al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le haya temblado el pulso para poner, mover y quitar cargos públicos en las administraciones públicas. El área de Sanidad ha sido testigo del paso de tres consejeros y de cuatro directores del Servicio Canario de Salud (SCS) en apenas un año.
La crisis sanitaria comenzó con Teresa Cruz como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Más de una semana después de haberse implantado el estado de alarma por la pandemia, el presidente canario destituyó a Cruz y a su número dos, Blanca Méndez, directora en ese momento del SCS.
El lugar de Cruz lo ocupó de manera pasajera el que ya fuera consejero de Sanidad entre 1991 y 1993, Julio Pérez, y Torres nombró como director provisional del SCS a Antonio Olivera, quien compaginó el nuevo cargo con el de la Viceconsejería de Presidencia.
Finalmente, en junio, el presidente de Canarias nombró a Blas Trujillo como consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Su número dos, en un principio, fue el economista Alberto Pazos, que duró apenas dos meses en el cargo y, posteriormente, Conrado Domínguez pasó a la dirección del organismo autónomo, puesto que ya ocupó en la segunda mitad de la pasada legislatura, desde enero de 2017.
El diseño del fin de curso escolar y del siguiente terminó por desgastar a la Consejería de Educación. La entonces consejera, María José Guerra, dimitió tras la división de su equipo, que había sido impuesto. El detonante de su decisión fue que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Canarias pidiera su cese, después de hacerlo CCOO y el hecho de que dimitiera el director general de Ordenación, Innovación y Calidad, Gregorio Cabrera (que hoy sí que sigue al frente de su cargo).
En junio era nombrada nueva consejera de Educación Manuela de Armas, a quien le tocó el reto de cerrar las negociaciones del protocolo para un curso escolar marcado por la COVID-19. Junto a ella vinieron otros cambios en el departamento, como el cese de la directora general de Personal, Marisol Collado y en cuyo puesto se colocó a Fidel Trujillo, el inspector que fue investigado tras el proceso de oposiciones al que se presentaron sus hijas.
Toda una isla sin luz. Así permaneció Tenerife, con una población de 950.000 personas, durante siete horas el 15 de julio, el segundo apagón de la isla en menos de un año.
Aunque en un principio Endesa no reconoció fallos en sus centrales, días después, la empresa asumió su responsabilidad y declaró que este último cero energético fue provocado por la desconexión del ciclo combinado 1 de la central térmica de Granadilla de Abona y una concatenación de “desafortunadas circunstancias” en el sur de la isla.
El apagón se dio a las 9:45 de la mañana y, aunque en algunas zonas de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria y Güímar comenzaron a recuperar el servicio eléctrico a las 11:30 horas, el resto de Tenerife no lo hizo hasta la tarde de ese día. El cero energético dejó pérdidas importantes en comercios y negocios de la isla, así que innumerables incidentes relacionados, entre otras cosas, con semáforos y ascensores por toda la isla.
2.170 personas han perdido la vida intentado llegar a las costas españolas este año. De ellas, 1.850 lo intentaron a través de la denominada ruta canaria, según los datos recogidos por Caminando Fronteras. La crisis migratoria de este año también ha dejado un total de 88 naufragios y 33 embarcaciones desaparecidas.
Las más de 21.000 personas que sí pudieron llegar no se encontraron con una realidad alentadora. Miles y miles de migrantes han llegado a todo el Archipiélago, pero el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, pasará a la historia por convertirse en la fotografía del fracaso de la gestión del Gobierno central en la crisis migratoria.
Las incesantes llegadas provocaron el colapso de la zona y la tardanza en poner en marcha espacios de acogida provocó que se produjera hacinamiento en el denominado “muelle de la vergüenza” en Arguineguín y que se vulneraran derechos como que se retuvieran personas más de 72 horas allí o que se separara a menores de sus madres al llegar a Canarias por el protocolo de la Fiscalía, algo que ya se ha resuelto.
Para muchos de los que llegaban, Canarias simplemente era un transbordo para llegar a otro punto de España o de Europa. Sin embargo, pasaron meses y meses retenidos en contra de su voluntad.
Con el fin de reducir la presión en la costa grancanaria, se construyó un campamento en Barranco Seco y el Gobierno dio luz verde a que los migrantes pudieran ocupar hoteles que se encontrasen cerrados por la pandemia. Como respuesta, decenas de personas, apoyadas por grupos políticos de extrema derecha, salieron a las calles en protesta contra las llegadas y el alojamiento de migrantes en complejos turísticos bajo lemas como “no a la inmigración ilegal” o “no somos racistas, somos realistas”.
Estas manifestaciones contra los migrantes hicieron que cientos de personas en distintos puntos del Archipiélago organizaran concentraciones en solidaridad con los migrantes y en rechazo al aumento del racismo y la xenofobia en Canarias.
Onalia Bueno, la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, no solo ha protagonizado los titulares de este año por querer echar a los migrantes llegados a Canarias de los hoteles en los que se alojan, sino también por su detención el pasado 17 de septiembre.
Durante la mañana de esa jornada, varios policías judiciales entraron por sorpresa en el Ayuntamiento y en las oficinas municipales en Arguineguín y ordenaron apagar todos los ordenadores y hacer copias de los servidores.
El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana centra su investigación tanto en la presunta manipulación del voto por correo para estas elecciones del 26 de mayo de 2019, con grabaciones como las difundidas por este periódico en las que Onalia Bueno le explica a un colaborador de su partido cómo manejar esos votos a favor de Ciuca (Ciudadanos para el cambio); como también en la compra de votos el mismo día de las elecciones pero de 2015.
Su partido ganó su primera mayoría absoluta en mayo del año pasado tras pasar de 500 a 2.000 los votos por correo en este municipio de menos de 20.000 habitantes.
La alcaldesa y sus dos concejales quedaron en libertad con cargos, a la espera de que el juez Ramírez de Verger les tome declaración en próximas fechas como investigados por un delito electoral y contra la administración pública.
2020 también ha sido el año de meses de cero turístico por el confinamiento. Las islas han sido testigos del cierre de fronteras y, con ello, de la caída sin precedentes del sector que sustenta gran parte de la economía regional. El archipiélago prevé cerrar el año con unos 4,6 millones de turistas recibidos, una cifra irrisoria comparada con los más de 15 millones que llegaron en 2019. Hoteles cerrados, comercios vacíos y miles de personas en el paro o en ERTE han sido las consecuencias de este inusual cero turístico, que ha puesto de manifiesto la enorme dependencia de las islas de un único sector productivo.
Durante estos meses, el debate lo ha copado la petición del sector de realizar test de antígenos, por ser más rápidos y baratos, en lugar de los PCR, y facilitar así la llegada de más visitantes. El Gobierno de Canarias llegó a aprobar un decreto para aceptar los test de antígenos en pasajeros internacionales, pero esta orden ha sido paralizada, ya que otra de carácter estatal exige PCR, por lo que Canarias habría invadido competencias con ese decreto, ahora sin efecto.
La recomendación de varios países europeos de no viajar a Canarias al declararla zona de riesgo ha sido otro de los golpes para el turismo. Actualmente, en Canarias hay 83.951 hombres y mujeres en ERTE en las Islas, la gran mayoría relacionados con el sector servicios y ligado al turismo.
El derrumbe masivo de un acantilado en la costa de Argaga, en La Gomera, el 14 de noviembre, fue otro de los acontecimientos que contribuyó a mantener el carácter excepcional de 2020.
El incidente fue grabado por varias personas que se encontraban en las inmediaciones y en las imágenes se puede ver cómo parte de una gran pared vertical de roca se desploma de pronto, cayendo sobre una vía costera, que es el acceso a la playa de Argaga, conocida como playa de Las Arenas y un lugar habitual de aparcamiento de caravanas y vehículos. Por suerte, el incidente no se cobró víctimas mortales, pero ocupó las portadas de numerosos medios de comunicación nacionales y extranjeros por la espectacularidad de las imágenes.
Diciembre todavía tenía hueco para más tragedias. A principios de mes, un vehículo se precipitaba a un barranco desde una vía dentro del municipio grancanario de Gáldar. Una persona dio la voz de alerta al avisar de que había visto una señal de tráfico en el suelo y un vehículo despeñado por la ladera. Cuatro personas de la misma familia, un padre, sus hijas y la pareja de una de ellas, perdieron sus vidas en ese accidente.
Las difíciles condiciones meteorológicas y la orografía de la zona donde cayó el vehículo complicaron las labores de rescate de los cuerpos. Después de varias horas, los cadáveres pudieron ser extraídos y Artenara, municipio de donde procedía la familia, declaró tres días de luto.
Con sus tragedias y sus malas noticias, este año será recordado, sin duda, como el de la pandemia y el de la crisis económica que esta dejó, pero por suerte, como casi todo, acaba por terminar y dar paso a una nueva etapa. Solo cabe brindar por los que están, por los que se fueron y por los que están por venir. 2020 ya es historia.
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