El Juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la querella contra la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, y la viceconsejera, María Dolores Gutiérrez, por un delito de prevaricación administrativa.
Según avanzó la cadena SER y han confirmado a Efe fuentes judiciales, se ha producido el archivo de una querella que presentó Tech Education Rights & Technologies ante la denegación por parte de la administración autonómica del permiso para su implantación como universidad en el archipiélago, en concreto en la capital tinerfeña.
La consejera y la viceconsejera permanecían hasta ahora en calidad de investigadas y llegaron a declarar en la fase de instrucción.
La denuncia fue presentada el pasado 22 de febrero al entender TECH que los trámites se habían demorado desde el año 2017. El juzgado entiende que no ha producido perjuicio.
En Canarias hay un total de tres universidades privadas y una que está pendiente de ser revisados sus estudios para comprobar que cumplen los requisitos de calidad, según adelantó hace unos meses De Armas en el Parlamento. Se trata de organizaciones que ahora se verán sometidas a unos requisitos más estrictos según la nueva ley de universidades que pretende primar la investigación en estos centros y valorar el número de grados, más que de máster.
Rectificación que envía Tech Universidad Tecnológica
“Debemos aclarar que la información publicada es totalmente inexacta por cuanto la causa no está archivada, sino sobreseída provisionalmente en virtud del Auto dictado por el Juzgado de Instrucción no 1 de Santa Cruz de Tenerife el 5 de julio de 2022.
El referido Auto ha sido recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, habiendo sido admitido a trámite mediante Providencia de 15 de julio de 2022 y, en consecuencia, el mismo no es firme.
Por otra parte, es importante aclarar que en el referido procedimiento tiene como objeto dilucidar si la actuación de la Consejera y Viceconsejera de Educación de las Islas Canarias durante la tramitación del procedimiento de reconocimiento de TECH como universidad en España pudo ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa, no teniendo nada que ver el mismo con el reconocimiento de TECH como universidad en España, siendo esta cuestión objeto del pertinente procedimiento contencioso-administrativo, el cual está tramitándose actualmente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Islas Canarias.
Por último, dado que en la información publicada se hace mención al actual Director General de Universidades de las Islas Canarias, Don Manuel Ramírez, interesa al Derecho de nuestro cliente aclarar que su actuación relacionada con el procedimiento de reconocimiento de TECH como universidad está siendo igualmente objeto de investigación en sede penal“.