Camino Pérez

12 de enero de 2021 12:42 h

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¿Existen modelos capitalistas para hacer frente a la carencia de viviendas sociales? ¿Puede la iniciativa privada ayudar a las instituciones a dar cumplimiento al derecho fundamental a una vivienda digna? La ciudad estadounidense de Los Ángeles aplica una fórmula federal reforzada que permitió construir el último año 23.000 casas para personas sin hogar, una cantidad, sin embargo, insuficiente dada la alta demanda. Un arquitecto canario, Daniel Sosa Navarro, trabaja en uno de los estudios más afamados de la ciudad que lo eligió precisamente por su especialidad en proyectos residenciales.

Casi el 27% de las personas sin hogar de los Estados Unidos se concentra en estos momentos en California, según datos oficiales. En total son 151.278, de las que más de 41.500 sufren el problema de forma crónica y viven como pueden en la ciudad de Los Ángeles provocando estampas tan llamativas como las tiendas de campaña en las que habitan instaladas en las calles cercanas al distrito financiero. Las instituciones tratan de paliar como pueden este grave problema social mediante incentivos y ayudas a fundaciones y empresas, que para eso nos encontramos en el referente global del capitalismo. Aunque también existe la promoción pública tal y como la conocemos en España.

Daniel Sosa Navarro (Las Palmas de Gran Canaria, 1987) dedica gran parte de su desempeño profesional en el prestigioso estudio Relativity Architects a proyectos relacionados con viviendas para personas sin hogar, pero también a otros relacionados con gigantes multinacionales radicadas en la costa Oeste de Estados Unidos, incluyendo el archipiélago de Hawái. Su especialidad en el diseño y proyección de edificios residenciales (su proyecto de fin de carrera versó sobre un barrio eco-sostenible en la ciudad marroquí de Agadir) le ha conducido a Los Ángeles, donde lleva trabajando año y medio y donde lidera en estos momentos la promoción de más de 250 apartamentos en Long Beach y en Hollywood, además de la rehabilitación de más de diez propiedades en West Adams y los estudios de una gran multinacional cuyo nombre no se puede revelar por exigencias de confidencialidad.

¿Es trasladable el modelo americano a España, o más concretamente a Canarias, que no construye una vivienda de protección oficial desde hace una década? Sosa Navarro cree que “debería ser responsabilidad del Estado proporcionar una vivienda digna a quien la necesite, pero si no es capaz de atender la demanda, la inversión privada, con ayuda estatal, podría ser una alternativa válida siempre que esté debidamente regulada y no acabe convirtiéndose en otra herramienta de especulación inmobiliaria”.

Y, ¿en qué consiste el modelo que aplica Los Ángeles y que ejecuta desde su estudio el canario Daniel Sosa Navarro? “Existen innumerables maneras de financiación, pero las dos principales fórmulas son el tax credit y los créditos bancarios habituales. El primero ”viene siendo un crédito fiscal que el Gobierno federal concede a los estados para que estos los repartan. Estos créditos fiscales proporcionan un incentivo para construir o rehabilitar viviendas de alquiler social, al menos en teoría. La práctica es que muchas de las empresas beneficiarias de los créditos fiscales los venden a empresas que necesitan estos incentivos fiscales, y es con este dinero con el que construyen o rehabilitan los proyectos“.

En cuanto a los créditos bancarios habituales, cuentan con el aval del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del Gobierno de los Estados Unidos. “Esto hace que los bancos concedan el crédito con una tasa de interés bajísima (casi nula), por lo que los inversores tienen muchas facilidades para pagar el crédito”, apostilla Sosa Navarro.

Las constructoras no solamente levantan los inmuebles, sino que una vez terminados también los gestionan. Para hacerlo operan dos tipos de compañías, las sin ánimo de lucro, que a su vez pueden ser gubernamentales o privadas, y las que obtienen un beneficio (del 6 o el 7%) a través del presupuesto de ejecución material.

Los inquilinos que tienen acceso a estas viviendas pagan un alquiler en función de sus rentas, y los hay que no pagan nada, como es el caso de personas consideradas sin techo crónicas. Pero es precisamente este tipo de vivienda el que más escasea y suelen ser financiadas por inversores filántropos. El otro tipo es un alquiler normalmente situado en un 50% del valor de mercado (entre 800 y 1.000 dólares al mes), y el Gobierno federal o el estatal se encargan de cubrir el resto. Las ayudas públicas están especialmente dirigidas a grupos de riesgo, como veteranos o familias con tres o más hijos.

La tipología que más se repite son las viviendas tipo estudio (35 o 40 metros cuadrados) o de un dormitorio. “El número de dormitorios está relacionado con el número de aparcamientos que se debe proporcionar, por lo que por temas de espacio se adoptan muchas veces por esta opción”. Le siguen las casas con tres o incluso más habitaciones, aunque son las menos frecuentes, aún existiendo muchas familias en riesgo.

“Hay que tener en cuenta que también debemos proporcionar un porcentaje de las viviendas para personas con movilidad reducida y con discapacidad visual y auditiva, y estas viviendas tienen muchísimas diferencias respecto al resto, ya que los espacios deben poseer radios de giros para las sillas de ruedas, muebles y enchufes más bajos, etcétera”, explica el arquitecto canario.

Además, las viviendas sociales que proyecta Daniel Sosa Navarro tienen muy en cuenta las costumbres locales, como no podía ser de otro modo. “En los Estados Unidos está muy extendido el uso de zonas comunitarias en los edificios de viviendas, y este tipo de espacios está creciendo; en la promoción privada prácticamente todos o casi todos, los incluyen. Estos espacios suelen ser de reunión, mediatecas, espacios con televisor, lavandería, zonas para hacer asados y espacios abiertos comunes”.

Todos los esfuerzos encaminados a reducir el número de personas sin techo están siendo insuficientes a tenor de las cifras de afectados en Los Ángeles. Se trata de una ciudad en la que el 60% de los habitantes vive de alquiler, cuyos precios han subido un 65% en los últimos diez años. Las autoridades han aplicado medidas de control (rent control) encaminadas a limitar el incremento de las rentas en un porcentaje impuesto por el Gobierno. Pero no pudieron evitar en su momento que los propietarios, al conocer la inminencia de la medida, aplicaran subidas del 50%.

La crisis y el gremio de la arquitectura

“La crisis afectó mucho a la construcción en los Estados Unidos, sin embargo, la recuperación fue muchísimo más rápida que en España, donde a día de hoy todavía no hemos llegado a acercarnos a los números de 2009, cosa que aquí sí ha sucedido”, explica desde Los Ángeles en conversación telefónica con este periódico Daniel Sosa Navarro. “En 2016, mientras que el desempleo en el sector de la construcción rondaba el 15% en España, la tasa de paro en EEUU ya estaba en el 5%”.

“Tengo la sensación”, añade “de que en los Estados Unidos la profesión de arquitecto sigue estando muy valorada y respetada. En el aspecto económico está bastante mejor valorada que en España. Desafortunadamente tengo que admitir que la profesión en España sigue distando mucho de lo que era. La crisis, y especialmente la lenta recuperación, afectó tremendamente a los arquitectos y muchos se vieron obligados a reducir sus honorarios ante la falta evidente de trabajo. O emigrar. Aquí existe –incluso en plena pandemia– una demanda tremenda en la profesión, lo cual ha dado lugar a una subida importante de los salarios, cosa que sigue costando ver en España”.

La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la profesión:  “Las grandes multinacionales de arquitectura e ingeniería han despedido a mucha gente, pero en mi caso y en el de mi estudio sigue sobrando el trabajo. Las empresas antes de la COVID estaban más preocupadas de que sus empleados no se fueran, que los empleados de ser despedidos. Mi empresa sin ir más lejos, durante la crisis del coronovirus ha aumentado la plantilla considerablemente, sobre el 25%”. En Relativity Architects trabajan 33 personas de once nacionalidades.