La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha asegurado este viernes que no se explica el cambio “repentino” y “radical” respecto a su negocio que perciben en el PP, un giro “poco ético”, opinan, que le lleva a apoyar la regulación de este sector “más restrictiva de Europa”.
En un comunicado, la patronal del alquiler vacacional ha señalado que el PP “siempre ha apoyado públicamente al sector” y ha indicado que su relación con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, que dará a conocer este viernes los cambios que se han introducido en el anteproyecto de la ley que regulará en las islas el uso turístico de las viviendas, siempre ha sido muy buena y basada en la premisa de que “las viviendas vacacionales que están, se quedan”.
Ascav ha lamentado que ha recibido “por sorpresa y por vía no oficial el nuevo anteproyecto” y no por parte del Gobierno.
Se ha preguntado por qué no ha recibido el nuevo anteproyecto de la ley directamente de la Consejería de Turismo y ha reflexionado sobre si el Gobierno ha consensuado el documento con las patronales hoteleras.
“¿Cuál es el motivo del ensañamiento con el sector, procurando la erradicación de las viviendas vacacionales en Canarias?”, ha agregado en el comunicado, en el que destacan que “resulta muy llamativo y no es propio de una Consejería” que, han agregado, no ha parado “la avalancha” de registros de viviendas vacacionales.
Por ello, han pedido a la Consejería la suspensión temporal limitada a un año del alta de nuevas viviendas vacacionales para evitar “un efecto llamada” por el anuncio de la ley, así como la formación de una mesa de trabajo para consensuar y elaborar con todas las administraciones y agentes sociales un nuevo marco normativo.
También han solicitado la consolidación de todas las viviendas vacacionales inscritas con anterioridad al 1 de enero de 2024.
“La Ascav no cesará en su empeño de volver a la senda del consenso y entendimiento, manteniendo la mano tendida con el Gobierno de Canarias, por el bien de un sector que enriquece no sólo a propietarios y gestores, sino que tiene un impacto global en la economía de Canarias de más de 2.700 millones de euros y que crea más de 50.000 empleos directos”, ha agregado.