La Audiencia de Las Palmas ha desestimado este lunes todas las cuestiones previas presentadas hace casi un año por las defensas del “caso Eólico”, por lo que este procedimiento de presunta corrupción en el concurso eólico de 2004 sigue camino hacia el Jurado, aunque todavía sin fecha de juicio.
El magistrado que presidirá el Jurado, Ignacio Marrero Francés, escuchó el pasado 31 de julio los argumentos con los que el exdirector general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo y los otros cinco imputados cuestionan la instrucción del caso, en el trámite de cuestiones previas, la antesala de la vista oral.
En un auto difundido este lunes, contra el que todavía cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Marrero Francés desestima todas las quejas de las defensas, que alegaban una supuesta parcialidad del juez y distintas irregularidades que, desde su punto de vista, deberían provocar la nulidad del caso.
La Fiscalía pide siete años de cárcel contra Celso Perdomo por delitos de violación de secretos, cohecho y malversación; tres años y medio de cárcel para su novia, Mónica Quintana, por malversación y cohecho; dos años de cárcel para el funcionario Honorato López; y un año y medio de cárcel para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel por cohecho.
En este procedimiento penal, se dilucida si existió una trama dentro de la Dirección General de Industria del Gobierno canario para favorecer a determinados empresarios en el reparto de las licencias eólicas del concurso de 2004 a cambio de sobornos.
Los acusados han cuestionado desde el primer momento al juez que instruyó el caso, Miguel Ángel Parramón; han denunciado que la Policía calculó en qué momento denunciaba los hechos para que fuera él quien se encargara del caso y se han quejado de que, en estos años, se han vulnerado sus derechos constitucionales de defensa.
El magistrado que presidirá el juicio recuerda que gran parte de sus alegaciones ya han sido respondidas por la Audiencia de Las Palmas en sus distintos recursos de apelación contra los autos del juez; sin embargo, entra a examinar de nuevo sus argumentos.
Marrero Francés subraya en primer lugar que, pese a sus quejas respecto al juez Parramón, “no consta que ninguna de las partes haya planteado en ningún momento la recusación del instructor” y, además, sostiene que, de “un somero análisis” de la causa, se puede observar que la instrucción se ha realizado “con arreglo a las reglas”.
Tampoco observa que se ocasionara indefensión a ninguno de los imputados al desestimar parte de las pruebas que propusieron, porque la ley no obliga al juez a aceptar a las partes cualquier sugerencia en este campo, sino solo “aquellos medios de prueba que no sean reiterativos, caprichosos o inútiles”, explica.
En cuanto a la desaparición del CD original que contenía parte de los documentos aportados por la persona que denunció el caso ante la Policía, remarca que su contenido está “unido en la causa por escrito” desde el principio y que existe una copia del disco.
Tampoco acepta que se vulnerase el derecho constitucional de los acusados al secreto de las comunicaciones con las escuchas telefónicas y la intervención de correos electrónicos que se practicó durante la instrucción, algo que ya ha analizado la Audiencia de Las Palmas en dos ocasiones, por distintos recursos.
El magistrado Marrero Francés remarca, además, que “en el ámbito laboral existe jurisprudencia (del Tribunal Constitucional) que admite el control del empresario y sus encargados sobre el uso que de los correos electrónicos hagan sus subordinados”.
El Gobierno de Canarias, que anuló el concurso ante la sospecha de fraude, está personado en este procedimiento como acusación particular.