La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) ha denunciado que el Gobierno regional incumple la mitad de los artículos de Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Esta ayuda básica para personas en riesgo de exclusión llega a una de cada 100 personas que tendrían derecho, según REDESSCAN, que cifra en 9.984 personas la cobertura que presta en la actualidad y entre los que no se encuentran los menores de 25 años, los mayores de 65, el colectivo de sin techo ni los inmigrantes en situación administrativa irregular.
El perfil del benefeciario es el de una mujer de 36 años, con hijos al cuidado, estudios primarios, con una situación de desempleo de larga duración, problemas en la vivienda y otras situaciones de carencia.
REDESSCAN señala, además, que las cuantías que otorga la Consejería son “insuficientes” y no da cobertura a las necesidades básicas de los perceptores. Los beneficiarios de la PCI reciben 470 euros al mes y, si la unidad de convivencia tiene más de seis personas, esta cantidad asciende a 658 euros. Esta ayuda, apunta la red, “mantiene a las personas bajo el umbral de la pobreza”. Para concederla, el Gobierno mira los ingresos del año anterior y da cobertura por un año con posibilidad de renovación a otro.
La partida para la PCI ascendió en 2012 a 21 millones de euros, con un recorte de 600.000 euros con respecto al anterior ejercicio. La tramitación de la ayuda se alarga más de 10 meses a pesar de que el periodo legal estipulado es de seis meses.
Ante esta situación, REDESSCAN solicita un aumento de partidas presupuestarias para Servicios Sociales y “financiación estable y suficiente”, “más intensidad y extensión de la cobertura protectura y ni un retraso en la gestión ni el cobro. También reclama que la Consejería aumente y estabilice la plantilla que trabaja en este ámbito y un plan urgente de lucha contra las situaciones de empobrecimiento en Canarias y por el reparto de la riqueza.