El gobierno municipal de Mogán presidido por Onalia Bueno (Ciuca) ha esgrimido argumentos higiénico-sanitarios para desahuciar de un espacio municipal a la única organización de la zona dedicada al reparto de alimentos para los más necesitados . El Banco de Alimentos de Las Palmas, que suministra parte de los alimentos distribuidos por la Asociación de Vecinos de Las Lomas de Arguineguín, ha salido al paso de estas acusaciones con una carta de su presidente, Pedro Llorca, donde asegura que sus socios cumplen todos los requisitos y han superado todas las inspecciones pertinentes.
En rueda de prensa, la alcaldesa criticó la disposición de los alimentos en el local de la Asociación, la acumulación de enseres en el patio e insinuó que podría haber ratas en las instalaciones.
El Presidente del Banco de Alimentos asegura, sin embargo, que la Asociación “fue dada de alta en octubre de 2008 cumpliendo con todos los requisitos necesarios al efecto” y que “ha superado con éxito las inspecciones que se le han realizado, tantos las internas como las acometidas por la Unidad de Control o Áreas Funcionales de Agricultura de las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas que, en nombre del Fondo Español de Garantía Agraria, verifican el correcto desarrollo del programa de ayuda alimentaria”.
La Asociación de Vecinos presentó la misiva durante una rueda de prensa este lunes para exponer sus alegaciones a las críticas del Ayuntamiento y el expediente de desahucio. El grupo pide que se paralice el expediente de suspensión de la cesión del inmueble. De no ser posible, solicita que se les facilite un espacio alternativo en Arguineguín, donde residen la mayoría de sus usuarios, que no tienen medios para desplazarse a recoger los alimentos. Dicen que las instalaciones del velatorio municipal, que pronto se va a trasladar a un nuevo espacio, podría ser una buena base desde donde realizar su labor. Si finalmente tuvieran que abandonar su actual local al lado de la antigua guardería municipal, ruegan que les den suficiente tiempo para terminar de repartir los alimentos que ya tienen ahí almacenados.
La carta del Banco de Alimentos se suma a los informes de la empresa de control de plagas Faycanes, que ponen entredicho las acusaciones del Gobierno municipal. Tras detectarse roedores en la guardería, Faycanes hizo una inspección de la zona y dijo que “un solar colindante donde se acumulan todo tipo de enseres - que el Ayuntamiento asume se trata del local de la asociación - puede ser un lugar de entrada de roedores”. Sin embargo, la misma empresa inspeccionó más tarde el local en cuestión, certificando que no tiene una plaga de ratas y apuntando a un tercer solar como la fuente de los problemas de la escuela infantil.
Tras múltiples intentos, no ha sido posible acceder a los informes del Ayuntamiento relativos al desahucio de la asociación. Según varios voluntarios y la coordinadora de la formación vecinal, el trabajador municipal que se presentó en el local como inspector de sanidad es Raico Guerra, un asesor en materias urbanísticas de la alcaldesa. De acuerdo con el portal de transparencia de Mogán, Guerra no tiene más formación académica que el bachillerato y trabajaba en una tienda de animales hasta incorporarse a la política local.
La Asociación espera que el Ayuntamiento cambie su postura y le permita continuar su labor desde su local en Arguineguín. Su coordinadora, Jenni Hymoff, subraya el fuerte incremento de la demanda de asistencia en el municipio por la crisis del coronavirus y la dificultad de que la administración, con todos sus plazos y procedimientos, responda con agilidad a las necesidades urgentes de la población.
De lo contrario, la administración liderada por Onalia Bueno se convertiría en el único organismo atendiendo a las familias más necesitadas de Mogán. Según declaraciones de Tania Alonso, la concejala de área, los Servicios Sociales solo han tramitado una veintena de expedientes este año para que personas necesitadas recibieran alimentos de la Asociación, mientras estos servían a 300 familias. Sin embargo, defiende el cierre del servicio de reparto para mejorar “la eficiencia de los servicios públicos y evitar la duplicidad de las prestaciones”.
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