La pandemia ha multiplicado las familias en necesidad de asistencia social en todo el país, golpeando con especial fuerza a las zonas turísticas como el sur de Gran Canaria. Sin embargo, eso no parece frenar al Ayuntamiento de Mogán, que está decidido a echar del local que le había cedido a la única organización del municipio que reparte alimentos y otros productos básicos a los más necesitados, abocándola al cierre.
La decisión del gobierno de Onalia Bueno amenaza con poner fin al proyecto benéfico de la Asociación de Vecinos de las Lomas del Barranco de Arguineguín, que durante doce años ha asistido a familias en apuros – cerca de 300 ahora mismo - en colaboración con el Banco de Alimentos y la Unión Europea. Para justificar su decisión, el Ayuntamiento esgrime una batería de argumentos, desde falta de colaboración a problemas eléctricos o de plagas, que la asociación niega uno por uno.
En la rueda de prensa explicando la expulsión, la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, dijo que el principal motivo para el cierre es “defender la eficiencia de los servicios públicos y evitar la duplicidad de las prestaciones”, alegando que “hay gente que aprovecha la situación actual para beneficiarse del sistema público de protección social”. Jenni Hymoff, la presidenta de la asociación, subraya que, como recoge el convenio de cesión del local, la organización es independiente del Ayuntamiento y todos los alimentos que reparten provienen de donaciones privadas y proyectos nacionales y europeos de ayuda, no del consistorio local.
Según la concejala, el Ayuntamiento intentó firmar un nuevo convenio con la asociación que requeriría que esta última compartiera los datos de todas las familias a la que sirven para evitar abusos de los servicios. Hymoff niega que se haya celebrado ninguna reunión para discutir un nuevo convenio. Además, señala que esto podría crear un conflicto de protección de datos y, de todas formas, siempre que llega una nueva familia pidiendo ayuda, la asociación la remite a Servicios Sociales y le ofrece lo que necesite mientras se tramita su ayuda municipal.
“La gente tiene que comer y no puede esperar semanas a que la administración arregle toda la documentación”, dice la líder vecinal. Sin embargo, el Gobierno de Ciuca señala como prueba de mala gestión y falta de cooperación que la asociación sirva a 300 familias cuando Servicios Sociales, según dice la concejala, solo ha emitido dieciséis informes este año para remitir familias a la ONG.
Alonso asegura que Mogán es “un municipio con recursos” y que, aunque cierre la asociación vecinal, sus usuarios no van a quedar desamparados. En la rueda de prensa, la edil aplaudió el trabajo de su equipo en este momento de crisis, aunque durante el confinamiento le negase a la asociación el apoyo logístico que solía ofrecerle, obligando al Ejército a intervenir para que no se detuviera el reparto de alimentos.
“A mí me encantaría que nuestro trabajo no hiciera falta para dedicarme a algo más relajante, pero si estuviera todo el mundo bien servido, no llegarían tantas familias hambrientas a nuestras puertas”, dice la presidenta de la organización vecinal.
El Gobierno municipal también ha alegado falta de higiene para justificar su decisión. Tras detectarse roedores en la guardería, la empresa de control de plagas Faycanes hizo una inspección de la zona y dijo que “un solar colindante donde se acumulan todo tipo de enseres - que el Ayuntamiento asume se trata del local de la asociación - puede ser un lugar de entrada de roedores”. Sin embargo, la misma empresa inspeccionó más tarde el local en cuestión, certificando que no tiene una plaga de ratas y apuntando a un tercer solar como la fuente de los problemas de la escuela infantil. Además, la asociación cuenta con el visto bueno del Ministerio de Agricultura, responsable del programa nacional de reparto de alimentos, tras una inspección del local en diciembre.
El consistorio moganero también criticó la acumulación de cajas y palets en el patio de la asociación, diciendo que podría causar un peligro de incendio. Hymoff responde que se trata de instrumentos esenciales para su labor y que el problema radica en la falta de comprensión por parte del Ayuntamiento del servicio que llevan a cabo. La presidenta vecinal denuncia que desde la administración le han denegado cualquier petición de reunirse para atajar las necesidades del proyecto.
En su intervención en rueda de prensa, la alcaldesa Onalia Bueno criticó también el estado de la instalación eléctrica en el local cedido y el número de electrodomésticos empleados para mantener los alimentos en frío. Hymoff alega que fue el Ayuntamiento quien hizo la instalación y que, pese a sus peticiones, el Gobierno no le ha permitido hacer obras para mejorar las condiciones del edificio.
Tras múltiples intentos, no se ha podido acceder a los informes técnicos del Ayuntamiento relativos al desahucio de la asociación.
El local en cuestión es la antigua vivienda del maestro colindante a la guardería municipal, que, tras la construcción de una nueva escuela, se espera que deje de estar en funcionamiento cuando empiece el curso en septiembre. En declaraciones a este periódico, la concejala de Servicios Sociales dijo que el Ayuntamiento espera demoler todas las estructuras en esta manzana y se barajan “varias opciones” para el uso de estos terrenos públicos en el centro del pueblo de Arguineguín en segunda línea de playa.
Si finalmente el Ayuntamiento extingue la cesión del local a la asociación de vecinos, esta se ve abocada al cierre, puesto que no dispone de fondos para cubrir un alquiler. Servicios Sociales dice que no puede cederle una alternativa porque no tiene espacios disponibles. La organización ha pedido permanecer en su local actual hasta que se habilite el nuevo tanatorio municipal y pueda mudarse a las instalaciones del antiguo.
Las familias beneficiarias del proyecto social han presentado múltiples escritos en el Ayuntamiento pidiendo que se frene su expulsión y los voluntarios han creado una campaña de recogida de firmas en Change.org que ya tiene más de 1.100 apoyos.
El Gobierno local ha dado diez días para presentar alegaciones contra su decisión y un mes para evacuar el edificio. Por su parte, la presidenta de la asociación dice que continuarán con su labor. “Esta semana nos llegan 10.000 kilos de alimentos y tenemos que hacérselos llegar a la gente”, dice.
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