Cecilia y su pareja sueñan con hacerse una casa. Hace pocos meses comenzaron a movilizarse para conseguir todos los permisos necesarios para construir un pequeño hogar en un pedacito de terreno que tienen en Tazacorte. Sin embargo, el proyecto de la conocida como carretera de la costa ha paralizado sus planes. El trazado provisional de esta vía, considerada una de las obras de emergencia para reconstruir La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja, atraviesa el suelo en el que pretendían edificar su vivienda. Como ella, al menos 70 familias palmeras se verían afectadas por el recorrido. Por esta razón, cientos de vecinos de la zona se han movilizado para proponer alternativas y pedir que las administraciones “no quiten lo poco que dejó el volcán”.
Por los balcones de los barrios de La Marina, San Borondón y Las Cabezadas cuelgan carteles con este mensaje. Cecilia, una de las portavoces de la plataforma de afectados por la carretera de la costa, recorre con el dedo todas las plataneras e infraestructuras que estarían en riesgo de desaparecer si se ejecuta el proyecto actual que pretende conectar el puerto de Tazacorte y el núcleo turístico de Puerto Naos. En la actualidad, este último se ha convertido en un pueblo fantasma, ya que los gases tóxicos que quedan de la erupción hacen inhabitables sus calles.
La campaña Que no nos quite la administración lo poco que nos dejó el volcán ha reunido en change.org más de 26.000 firmas. La palmera celebra que tantas personas se hayan unido a la movilización. “Tenemos fama de ser una población muy tranquila. Tal vez si hubieran intentado hacer la carretera antes de la erupción no habríamos reaccionado, pero el volcán nos ha quitado tanto que ya no tenemos nada que perder. Contra la naturaleza no pudimos hacer nada, pero ahora sí”, asevera Cecilia.
“Es que no solo son los propietarios, sino también los trabajadores que las personas mayores contratan para que les trabajen la tierra”, explica la portavoz de la plataforma. La vecina de Tazacorte advierte de la afectación que una carretera con capacidad para 20.000 vehículos diarios tendrá en la calidad de vida de los habitantes de la zona. “Ya ves cómo es esto, es un lugar súper tranquilo”, insiste.
La campaña impulsada en change.org cuestiona que exista una emergencia real de construir esta vía. “El trazado por el que protestamos es solo para reducir el tráfico en la carretera de San Borondón, que está en uso y se encuentra aproximadamente a 200 metros de este trazado propuesto. Si no hubiera más alternativa para conectar El Valle tendría que hacerse, pero ahora hay otras dos obras de carreteras en las que se está trabajando sobre el terreno arrasado por el volcán que cubrirán este tramo”, apunta la campaña.
“Si nos quitan lo poco que nos quedó, muchos tendremos que irnos de Tazacorte, del Valle, e incluso de la isla. Basta ya de tanto abuso y de tanto negocio aprovechando el dolor del pueblo palmero”, añaden. El 13 de julio, el Parlamento de Canarias acordó instar al Gobierno de Canarias a que reconsiderara el trazado de la carretera. Según explicó el diputado regional de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz, tal y como está planificada hasta el momento, la vía afectaría a tres núcleos de población y a decenas de pequeñas fincas que sobrevivieron a las coladas.
La llegada de las coladas del volcán al mar obligaron a los vecinos de Tazacorte a permanecer confinados en varias ocasiones. Aquellos palmeros que vivían en las casas más próximas a los ríos de lava tuvieron que ser evacuados. “Muchos pasaron meses con miedo al no saber si iban a perder la casa o no. Ahora que la tienen en pie, tienen miedo a perderla por la obra”, detalla Cecilia. “Antes era el temor al volcán, ahora a las palas. Cuando ven la maquinaria pasar hacia las obras que ya están avanzadas, muchos vecinos mayores sufren ansiedad pensando que van a comenzar estas obras”, asegura la portavoz.
Alternativas para salvar las fincas
En el barrio de La Marina comenzó hace años la edificación de una circunvalación que conectaría el puerto de Tazacorte con el núcleo de Los Llanos de Aridane. Para ello, ya expropiaron a la familia de Cecilia algunos terrenos por poco dinero. En 2020, las administraciones aseguraron que la obra estaría terminada a finales de ese año. Tal y como explica Cecilia, los nuevos tramos de la carretera de la costa podrían conectar con esta circunvalación.
Varias son las opciones que los vecinos han ofrecido al Ejecutivo autonómico. La alternativa cero pasa por mantener la vía tal y como está. Una de las preferidas de los palmeros consiste en construir sobre las coladas y así dar también acceso a las viviendas y fincas aisladas por la erupción. Otra de las soluciones consiste en hacer la vía soterrada a través de un túnel. “No tendría que ser por los barrios, sino en una zona donde la afección y el coste fueran menores, ya que en este punto por el desnivel de 19 metros no es posible tunelar”, explica Cecilia.
Aunque se preveía que las obras comenzaran en abril, la movilización ciudadana ha atrasado los planes. El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, se ha reunido en varias ocasiones con los vecinos afectados y en abril aseguró que el recorrido inicial de la carretera variará “levemente” para evitar daños a viviendas.
Entonces, el responsable de Obras Públicas también destacó que la calzada supondría un impulso a la actividad económica, además de ser una infraestructura necesaria para “recuperar la movilidad y la normalidad en el día a día de la isla”.
Una denuncia ante la Fiscalía
Esta obra, que cuenta con una inversión inicial de 38 millones de euros, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en mayo por el partido Más Canarias, vinculado a la formación que dirige Íñigo Errejón, por un supuesto “conflicto de intereses” del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (PP). Los denunciantes, Javier Navarro y Florisela Rodríguez, apuntan que la familia del dirigente popular cuenta con terrenos cerca de la playa de Las Monjas, a un kilómetro de Puerto Naos. Además, a la denuncia adjuntaron una documentación que recoge que la marca Hotel Playa de Las Monjas fue registrada por la empresa familiar VIHEFE en el año 2000.
“Podría pensarse que existe un interés económico particular y conflicto de intereses por parte del presidente por utilizar el procedimiento excepcional de urgencia para abrir una carretera que le beneficiaría en sus intereses situados en la zona oeste de La Palma”, señala la denuncia.