“En España existe un Poder Judicial débil que está a merced de presiones políticas”. Con esta frase Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, ha expuesto una de las principales conclusiones que recoge en el libro El secuestro de la Justicia, escrito junto a el director de eldiario.es, Ignacio Escolar. Ambos han presentado la obra este domingo en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria.
Bosch ha explicado que la sentencia de Gürtel confirma la existencia de “una contabilidad paralela en dinero negro que se nutría de adjudicaciones de contratos amañados a partir de sobornos y, con ese dinero, se pagaban sobresueldos a toda una serie de cargos del partido”. Además, la sentencia demuestra que el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy no dijo la verdad en el juicio, ha añadido Bosch.
El magistrado ha lamentado la decisión de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “A la semana siguiente de la sentencia, impide que esté en el tribunal uno de los jueces que fue decisivo para resolver muchas de las cosas que pasaron y uno de los que consideró que el señor Rajoy tenía que declarar como testigo”. Se trata del magistrado José Ricardo de Prada, quien no pudo participar en la decisión sobre la prisión preventiva de los condenados.
El problema radica, según Bosch y Escolar, en que los 20 vocales del CGPJ son designados por las Cortes Generales. “No hay ningún otro país europeo donde todos los jueces, que a su vez nombran a los jueces, sean elegidos por los partidos políticos”, ha dicho Escolar. “Eso explica muchas cosas, como, por ejemplo, por qué se está tardando tantos años en averiguar quién es ese M.Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas”.
Además, el director de eldiario.es ha asegurado que los periodistas también sufren las consecuencias de la injerencia política en la justicia. “No es fácil ir a un juzgado por una demanda de un político” porque “el sistema está pensado para que cuando un político tenga un problema en el juzgado, se encuentre con un juez que, probablemente, deba un favor a su partido” ha explicado el periodista. Escolar ha recordado la demanda del exministro Soria contra él y el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, “por contar sus vacaciones, a todo lujo, pagadas en Punta Cana por un hotelero”. Soria perdió la demanda al demostrarse que no pagó las vacaciones de lujo.
Entre otros temas, Joaquim Bosch se ha referido a la protección de las víctimas del franquismo: “Sigue habiendo decenas de miles de asesinados por la dictadura en cunetas, mientras nos gastamos un millón de euros al año en mantener la tumba de Franco”, ha lamentado el magistrado.
También existe un problema con la libertad de expresión, según el jurista. “Si en los años 80 se podían contar chistes de Carrero Blanco con toda tranquilidad y hoy esos mismos chistes te pueden llevar a la cárcel, es que estamos en materia de retroceso de libertades”, ha comentado Bosch en relación con las condenas de los cantantes por el contenido de sus canciones.
Según el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el sistema judicial español no se ajusta a los estándares europeos. España necesita priorizar los criterios meritocráticos, opina Bosch, quien ha lamentado que “puedes ser el mejor juez del país, que no vas a llegar (a los altos tribunales) si no te apadrina el político de turno”
El libro aborda, entre otros temas, la lucha contra la corrupción, las injerencias del poder político en el sistema judicial, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán, los abusos de la banca (preferentes, hipotecas…), el mal funcionamiento de la defensa de la mujer en cuestiones de violencia machista, el deterioro de derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y abuso de la prisión condicional, la limitadísima aplicación de una mala ley: la de Memoria Histórica y, además, la criminalización de los inmigrantes.
Antes de la presentación del libro y a preguntas de los periodistas sobre la situación de la justicia en Canarias, Ignacio Escolar dijo conocer el “caso Alba” y piensa que el magistrado “pronto quedará sentenciado en un juzgado”.
El magistrado Salvador Alba se enfrente a diez años de prisión por delitos de prevaricación judicial, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos, por presuntamente manipular su trabajo como instructor de la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a su antecesora en el caso, Victoria Rosell, cuando era diputada de Podemos en el Congreso.
Escolar ha considerado que la reciente denuncia de Alba contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, por intentar “dirigir” su instrucción en esa causa, responde a una intención del magistrado para “tratar de quitarse de encima su responsabilidad”.
Para Ignacio Escolar “lo más terrible es que aquella campaña contra Rosell por parte de Alba y de otros poderes logró su objetivo, pues tuvo que dejar el escaño: ahí queda muy claro que la diferencia de rasero en unos casos y en otros acaba perjudicando a los honestos”.