El inicio del año judicial en Canarias se ha convertido en uno de esos actos que consiguen colgar el cartel de lleno en la puerta, lo que en un caluroso jueves de septiembre - y ante la exigencia de togas, uniformes y etiqueta - se traduce en la necesidad de subir el aire acondicionado.
La presente convocatoria, que el órgano judicial aprovecha para dar cuenta de su labor y exponer sus demandas, contaba con novedades: el primer discurso de Antonio Doreste desde que ocupa el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la asistencia, a su vez, de los nuevos cargos políticos elegidos tras las pasadas elecciones autonómicas y locales, como el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Sin embargo, el pequeño margen de maniobra que permiten los estrenos dejó las reclamaciones más contundentes en manos del fiscal superior, Vicente Garrido, y entibió la la alocución de Doreste, que señaló una mejora en la eficacia de los órganos judiciales del Archipiélago.
De hecho, en declaraciones a los medios admitió que había sido poco crítico, porque “las administraciones públicas se están portando aceptablemente bien con los medios que nos otorgan”.
Un 'buenrollismo' que ya se podía respirar en la sede judicial pocas horas antes de su intervención, cuando la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso - que acudieron posteriormente al acto - firmaron el convenio de colaboración para la implantación del programa de reforma de la Administración de Justicia.
Lejos quedaba en ese momento una valoración sobre la denuncia del juez César Romero Pamparacuatro - que inició el caso Unión en Lanzarote - quien solicita una indemnización de 40.000 euros al Ministerio de Justicia por haber difundido a un imputado datos de su vida laboral que considera de carácter personal. “No es voluntad ni costumbre del Ministerio entrar en este tipo de cuestiones”, afirmó Sánchez Cortés.
El presidente del TSJC valoró durante su intervención el “esfuerzo” del Ejecutivo regional en cuanto a la dotación de medios materiales y personales y le exoneró de la responsabilidad de las “disfunciones” que siguen apareciendo en el servicio público de Justicia. Sobre la Administración General del Estado, afirmó que el límite presupuestario impuesto para los jueces sustitutos y magistrados suplentes es “uno de los pocos aspectos en los que puede formularse un reproche” y aprovechó para dirigir la mirada a la rigidez de la normativa.
“En conclusión, el panorama general de estos medios ofrece un cuadro de cobertura de las necesidades del personal judicial que, si bien no es del todo satisfactorio, cuenta con mecanismos para reducir los retrasos del servicio público judicial, por lo que la insuficiencia de personal solo puede justificar parcialmente tales disfunciones”.
Casos interminables por “desidia”
La segunda parte del discurso de Doreste fue un tanto menos sosegado y se refirió a la dilatación en el tiempo de algunas causas judiciales, para lo que puso en el punto de mira las normas procesales.
“Nuestras normas procesales, que son las que ponen el ritmo en la resolución de litigios, son altamente garantistas, lo que conlleva a la inevitable dilación de los trámites de cada procedimiento, por muchos medios que intenten poner las administraciones públicas y por mucho esfuerzo que pongan los jueces y tribunales”, manifestó.
En su intervención reconoció hacer una leve autocrítica, aunque acto seguido apostilló que no podía ser atribuible a los magistrados, porque “cumplen el nivel de rendimiento” que impone el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, en declaraciones posteriores a los medios dijo que casos como Icfem, que tardó más de una década en resolverse, “es responsabilidad de los jueces, magistrados y fiscales que tramitan ese asunto” y son fruto de la “desidia”.
Garrido se mostró más ácido y se refirió sin cortapisas a la escacez de funcionarios; a la necesidad de una mayor inversión; a la presión que reciben los fiscales que trabajan en causas debido, en parte, a declaraciones partidistas; a la excesiva burocratización del proceso Penal; y a la necesidad de que se creen equipos de investigación coordinados en algunos casos de corrupción.
Para el fiscal superior de Canarias, los procedimientos de corrupción económica se dilatan en el tiempo por un modelo “demasiado burocratizado” y señaló la necesidad de abordar una reforma para tener “medios más cercanos a nuestra actividad, como una auténtica colaboración estrecha con las agencias tributarias, intervención de hacienda, oficinas privadas”, entre otras.
Dos discursos claramente distintos y con algún que otro punto en común para un mismo organismo judicial.