El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, ha lamentado este jueves el retraso en las ejecuciones de las sentencias, que no se refleja en las estadísticas judiciales, cuando el destinatario final de la justicia lo que busca es su cumplimiento.
En el discurso que ha pronunciado con motivo de la apertura del año judicial en Canarias, Doreste ha reconocido la mejoría, aunque “pequeña”, que se ha producido en el funcionamiento de los órganos judiciales del archipiélago, donde ha descendido la tasa de resolución (1,2 %), de pendencia (9,5 %) y de congestión (2 %) en 2014, si bien ha aludido a las “disfunciones” y “fallos” que existen.
Estas disfunciones, además de dilatar las ejecuciones de las sentencias, impiden actuar con agilidad en la designación de los jueces y magistrados que se precisan para reforzar los juzgados con más carga de trabajo y para su sustitución, ha subrayado Doreste.
Las normas que regulan su designación son “rígidas” y el derecho al juez predeterminado por la ley, recogido en la Constitución, “impiden una respuesta suficientemente rápida”, según Doreste, quien también ha criticado que los cambios normativos en materia judicial sobrecargan con nuevos litigios a los órganos judiciales porque no se evalúan los medios que se precisan para llevarlos a cabo.
Doreste ha reconocido también el esfuerzo de la Comunidad Autónoma en materia de justicia, así como las inversiones efectuadas para la construcción de los palacios de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna (Tenerife), pero ha hecho hincapié en que urge dotar de infraestructuras adecuadas a Fuerteventura y la capital tinerfeña.
Además, el presidente del TSJC se ha referido a la independencia con la que trabajan los jueces y magistrados, pues los casos que se dan de “desviaciones” son “aislados” y se producen en la “cúpula judicial”.
El fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, ha insistido en su discurso en que es preciso hacer una reflexión sobre el alto volumen de asuntos que aborda anualmente la Fiscalía en Canarias, más de 300.000, si bien al final el número de juicios y calificaciones se reducen al 4,82 %, lo que demuestra una “excesiva burocratización”.
Así mismo, ha hecho hincapié en que la Fiscalía carece de medios suficientes y, en particular, ha incidido en la “escasez de funcionarios” en Canarias, donde el número asociado a cada fiscal es del 0,80 por ciento frente a la media existente en la UE, que es del 14%.
Ha defendido también que la Fiscalía debe tener “autonomía presupuestaria y facultad para su gestión”, y que precisa de mayor dotación presupuestaria.
No obstante, pese a esa falta de medios, ha calificado de “encomiable” la labor de los fiscales, dado los datos contenidos en la memoria de 2014 de la Fiscalía de Canarias, que incoó 262.254 procedimientos penales, 1.900 menos que en 2013.
Por provincias, 141.119 se abrieron en Las Palmas y 121.135 en Santa Cruz de Tenerife, ha señalado Garrido, quien ha indicado que el total de procedimiento incoados dio lugar a 48.446 expedientes, en los cuales el Ministerio Fiscal intervino en más de 25.000 juicios, lo que demuestra su “ingente trabajo”.
Garrido también ha hecho hincapié en que, según la memoria de 2014, de las 7.674 sentencias dictadas, el 83,8 por ciento fueron conformes a la petición formulada por el Ministerio Fiscal.
Por otra parte, ha destacado que sigue siendo “perturbador” la presión que se pretende ejercer sobre los fiscales y jueces y magistrados ante ciertas investigaciones judiciales, como así también lo ha hecho constar la Fiscalía General del Estado, si bien ha afirmado que los fiscales “no consentirán que nada les haga actuar con una finalidad distinta de la ley”.