Un buzón de denuncias en los centros y más inspectores: las reivindicaciones en el área de Menores del Gobierno canario

Trabajadores del área de menores del Gobierno de Canarias siguen reivindicando mejoras en la gestión. Un buzón anónimo para denunciar las situaciones que se dan en los centros y más inspecciones son algunas de las que han hecho saber a este periódico en lo que tachan de una “crisis” que se agudiza por el reciente cese del jefe de servicio crítico con la gestión. “Los últimos jefes o huyen despavoridos como la antepenúltima jefa, o dimiten como el anterior o los cesan como el último. Pensemos… el fallo no puede estar permanentemente en las jefaturas… El fallo está en no hacer caso a los empleados y empleadas públicas que siempre están en primera línea, en no empatizar con ellos”, destaca en un escrito CCOO. 

En concreto, piden seis inspectores; tres por cada provincia y que estén en exclusiva para el control de los centros en todos los aspectos, como la cualificación del personal, ya que “no se pueden contratar a personas racistas o xenófobas y sin preparación adecuada”, explica el portavoz de la Sección Sindical de CCOO, Hermann Luis Dait Yanes, que añade que prueba de que no hay control son las recientes detenciones de empleados en un centro de menores.

El portavoz de la Sección Sindical de CCOO alertó de la situación de “caos” en el servicio a la diputada del común, que inició indagaciones el año pasado, aunque alertaba en un escrito a finales de diciembre de que la Consejería de Bienestar Social no ha respondido a sus requerimientos y que se ha reiterado la pregunta. En esa queja, se exponía que “la falta de medios técnicos y materiales está suponiendo un auténtico maltrato institucional” y alertaba de que se está incumpliendo con la ley de protección a la infancia y a la adolescencia. 

En una resolución del pasado 21 de mayo, la Diputada del Común señalaba que se ha “reiterado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, el recordatorio de deberes legales sobre la obligación de las administraciones públicas de colaborar con la Diputación del Común en sus actuaciones” y añadía que “a la vista de la falta de respuesta a nuestros anteriores escritos, esta vez con la advertencia de que si no remite su respuesta en el plazo requerido, procederemos a declarar que su actitud es obstruccionista y entorpecedora y haremos constar esta circunstancia en el informe anual al Parlamento de Canarias”.

Hermann Luis Dait Yanes reclamó de nuevo en un reciente escrito a la Consejería la importancia de “garantizar la existencia de equipos multiprofesionales, integrados por profesionales de la educación social, el trabajo social y la psicología para realizar la valoración e intervención con personas menores de edad desde el inicio hasta la finalización de las medidas de protección, evitando situaciones de sobre intervención”. Según ha explicado a este periódico, un solo profesional lleva hasta cien casos de menores en situación vulnerable en Canarias y debe tomar decisiones vitales en solitario, como por ejemplo, dilucidar si es mejor retirárselo a su familia.

Asimismo, ve fundamental “negociar con la representación del personal una nueva estructuración de la RPT que adecúe los recursos humanos de la Dirección General de la Dirección General a sus necesidades funcionales. Mientras tanto, poner en marcha planes de refuerzo del personal en las áreas prioritarias, así como agilizar la cobertura de plazas vacantes”. 

CCOO destaca que “es importante impulsar campañas de difusión y sensibilización más amplias y eficaces para dar a conocer el Programa Canario de Acogimiento Familiar fomentando la participación de familias que pueden ofrecer un entorno familiar adecuado” y “reforzar los equipos responsables de las valoraciones de idoneidad de las familias acogedoras, con el objetivo de garantizar el acogimiento familiar y prevenir la institucionalización, especialmente de personas menores de tres y seis años”.

Trabajadores del área hablan de la necesidad de “ampliar las plazas disponibles para personas menores de edad y adolescentes con trastornos de conducta y discapacidad, así como las destinadas a la atención de adolescentes en conflicto social, para lo que se propone la apertura de un centro de ámbito regional en Gran Canaria que complemente la oferta limitada que hay en Tenerife” y de “contar con la participación del personal de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias en la mayoría de los procedimientos de trabajo y aplicar las medidas recogidas en el Informe de Evaluación de Riesgos Laborales de carácter psicosocial”. 

Entre esas medidas destacan la necesidad de “evaluar las cargas de trabajo y diseñar planes de contingencia para abordar posibles sobrecargas; elaborar un manual de acogida y formación inicial para el nuevo personal, junto con un plan de formación continua de carácter anual o ”crear un registro de incidentes de violencia con personas usuarias y establecer un protocolo de intervención y actuación ante situaciones de violencia extrema“. 

Asimismo, mencionan que es clave “implementar medidas de prevención del impacto emocional derivado del ejercicio profesional, en atención a la complejidad, responsabilidad y contenido de las intervenciones desarrolladas y ofrecer formación específica en materia de prevención de riesgos laborales psicosociales”. 

La pasada semana el PSOE llevó al Parlamento una moción para defender al personal del área y que contenía gran parte de las reivindicaciones expresadas en los escritos de CCOO. Sin embargo, la moción fue rechazada por los grupos que sustentan al Gobierno de Canarias y presentaron una enmienda de sustitución conjunta en la que incluían a los menores migrantes no acompañados.