La Comisión encargada de restaurar la memoria del personal del Cabildo de Gran Canaria que fue víctima de la represión tras la sublevación militar de 1936 y posterior dictadura franquista ha analizado el primer documento de trabajo, que recoge 67 expedientes de trabajadores y trabajadoras que fueron investigados por motivos políticos, con casos sobreseídos, sancionados, depurados e incluso asesinados.
Esta investigación ha sido acordada por el pleno de la Corporación por una moción presentada por NC, PSOE y Grupo Mixto (UP), que insta a la “reparación y reconocimiento al personal público del Cabildo de Gran Canaria sancionado de forma ilegítima y depurado por motivos políticos”. El acuerdo fue aprobado por mayoría, con la abstención de los cinco miembros del Grupo Popular.
Las consejeras Sara Ramírez (Podemos), Inés Miranda (NC) y Olaia Morán (PSOE) conforman la Comisión, cuyo trabajo ha sido facilitado por el personal de los Archivos Generales de la Corporación, que ha recabado la información personal de cada una de las personas víctimas del proceso de depuración, trabajo que ha sido elogiado por las componentes de la Comisión por su detalle y minuciosidad, a pesar de las dificultades para obtener una información de los procesos de persecución institucional que, además, se originó hace 85 años. Este trabajo no incluye a consejeros y cargos políticos del Cabildo durante la etapa de la II República Española.
La Comisión ha creado un correo electrónico específico (memoriademocratica@grancanaria.com) para consultas de personas que quieran obtener o facilitar información sobre los casos localizados y aquellos que consideren que deberían ser tenidos en cuenta. También para intentar contactar con familiares, en aquellos casos que no figura descendencia en los expedientes o porque es escasa la información sobre las personas afectadas, que ha sido recabada por los servicios del Cabildo a través de fuentes historiográficas y hemerográficas, además de los archivos de la propia institución.
De ahí que se hayan dividido los 66 expedientes localizados (56 hombres y 10 mujeres) en varios grupos. El primero de ellos es el que recoge aquellos trabajadores a quienes se les aplicó el Decreto 108, aprobado por la Junta de Defensa Nacional de España en el que se establecen las medidas represivas contra las personas afines o próximas a ideas democráticas, lo cual queda reflejado en el articulado del Decreto por el que se declaran fuera de la ley todas las organizaciones que integraron el Frente Popular, así como aquellas que “han tomado parte en la oposición al movimiento nacional”. En el caso del Cabildo, es el artículo tercero el que señala que “los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos, podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional”.
Las personas apartadas de sus empleos por este motivo son mayoría, si bien, el informe elaborado recoge los pormenores en la mayoría de los casos. Asimismo, hay otro importante número de casos sobreseídos, aunque las personas a las que se incoó expediente sufrieron un proceso cuyo objeto era amedrentar y aterrorizar a todas aquellas personas sospechosas de no apoyar al ejército sublevado. Los casos más asombrosos son los de las personas desaparecidas, algunas de las cuales han sido citados en investigaciones posteriores como fallecidos tras ser arrojados a la Mar Fea, acantilado entre la playa de La Laja y la central térmica de Jinámar.