El Cabildo de Gran Canaria pedirá al Parlamento de Canarias “la retirada inmediata de la Proposición de Ley del nuevo Catálogo de Especies Amenazadas”, frente a la que “la ciudadanía ha mostrado en reiteradas ocasiones su clamoroso rechazo e indignación”, por creerla un “atropello”.
Así se acordó este viernes en una sesión ordinaria del Pleno de la corporación, mediante una moción promovida por los partidos que conforman su grupo de gobierno, PSC-PSOE y Nueva Canarias, que se aprobó con sus votos y con el rechazo de los de la oposición, representantes del PP y de Coalición Canaria.
Moción en la que se subraya que “desde que trascendiera a la opinión pública canaria la presentación de esta Proposición de Ley muchas han sido las personalidades, instituciones y organizaciones que se han pronunciado en contra de la misma, solicitando su retirada”.
“De tal manera que puede afirmarse que nunca una proposición de ley en el Parlamento de Canarias ha conseguido un rechazo social y científico tan grande como ésta”, se sentencia en el texto de la iniciativa, que defendieron ante el Pleno el consejero de Medio Ambiente, Salvador León, y el portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez.
Sus palabras no convencieron, en todo caso, a los consejeros de PP y CC, cuyos partidos, socios en el Gobierno de Canarias, respaldan en el Parlamento regional la propuesta de nuevo catálogo.
Manuel Lobo, el único representante de Coalición Canaria en la corporación, criticó incluso el hecho de que en la moción se pidiera la retirada de la proposición de ley, argumentando que eso equivaldría a que los representantes del pueblo aceptaran un “chantaje” de los científicos que la han cuestionado.
“Tampoco un Parlamento puede admitir el chantaje de decir: 'O lo retiran o no me siento a hablar', porque eso es lo que ha hecho algunos colectivos” sociales o científicos que han criticado el proyecto, dijo.
Carmelo Ramírez insistió, frente a sus palabras, en que en esta cuestión deben obviarse actitudes que tachó de “malabarismos dialécticos” y respaldar el cambio de la referida propuesta porque lo contrario supone aceptar, según argumentó, “un retroceso en el grado de protección de la biodiversidad de Canarias”.