Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas han desarticulado una estructura empresarial, instalada en Gran Canaria y Madrid, dedicada a estafar a la Seguridad Social.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, dicha organización daba de alta a personas en la Seguridad Social con la finalidad de que cotizaran los días necesarios para acceder a una prestación o subsidio por desempleo.
La investigación comenzó en marzo de 2012, cuando los agentes, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, la Subdirección Provincial de Las Palmas del Servicio Público de Empleo Estatal y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, tuvieron constancia de que tanto en Gran Canaria como en Madrid había una empresa que daba de alta a personas para que pudieran cobrar prestaciones por desempleo sin haber prestado servicios por parte del trabajador.
Los investigadores descubrieron que la forma de actuar de los empresarios era siempre la misma: publicaban diversos anuncios en la sección de ofertas de empleo de diferentes páginas web con el siguiente mensaje: “Día de Alta. Si necesita estar unos días de alta para la Seguridad Social podemos ayudarle en Gran Canaria y Madrid”, ocultando en todo momento la identidad de quien insertaba los anuncios mediante la aportación de datos falsos.
Tras realizar diversas gestiones policiales, los agentes consiguieron averiguar la identidad de la persona que publicaba los anuncios. Este era, junto con otro socio, propietario de varias empresas.
Ocultaban su verdadera identidad
Asimismo, los investigadores también descubrieron que se informaba a los interesados y se mantenían las negociaciones de las condiciones de contratación vía e-mail, ocultando su verdadera identidad.
Las negociaciones versaban sobre la modalidad de contrato que el trabajador necesitaba así como el precio que este debía pagar por obtener dicho contrato.
Por su parte, una vez que llegaban a un acuerdo concertaban una cita para la firma del contrato, utilizando para ello a una de las empresas. Cuando finalizaba el contrato el empresario entregaba el certificado de empresa para que el trabajador pudiera solicitar a la Seguridad Social la prestación que le correspondiera.
El trabajador debía pagar 400 euros por un contrato de un mes
Las condiciones habituales exigidas por la empresa, eran que el trabajador debía pagar 400 euros por un contrato temporal de un mes a jornada completa. Sin embargo, este precio variaba en función de las necesidades del trabajador en cuanto a jornada y duración. La mitad del precio se pagaba en el momento de la firma y la otra mitad cuando el trabajador recibía el certificado.
Durante la duración del contrato el trabajador no realizaba ninguna función para la empresa ni percibía salario alguno, llegando incluso a desconocer el verdadero nombre del empresario que lo había contratado.
Finalmente, como resultado de esta investigación se procedió a la detención de los dos empresarios y cinco 'trabajadores', que, junto con el correspondiente atestado policial, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.