Los caminos de las capitales ante la crisis de vivienda: Las Palmas de Gran Canaria avanza para ser zona tensionada y Santa Cruz de Tenerife lo rechaza

Las dos grandes capitales de Canarias han tomado caminos diferentes para solucionar la crisis de vivienda que afecta al Archipiélago. Mientras Las Palmas de Gran Canaria ha acordado realizar los trámites para declararse zona tensionada como marca la Ley de Vivienda estatal, Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) lo ha rechazado en el pleno celebrado el pasado viernes ante una propuesta del grupo socialista, que recordó que el alquiler en la ciudad se ha disparado hasta el punto de que se llega a pedir por una habitación en el centro 1.300 euros. 

El mismo día que CC y PP rechazaban la medida, el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE, NC y Podemos) aprobaba un acuerdo para instar al Gobierno de Canarias a tomar en consideración el informe técnico que justifica la declaración del municipio como zona tensionada para regular los precios de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda. 

Santa Cruz de Tenerife también cuenta con un informe de este tipo, un documento que señala que la ciudad sí que cumple los requisitos para ser declarada zona tensionada como otros tantos puntos de España donde la vivienda se ha convertido en el principal problema. No obstante, el alcalde José Manuel Bermúdez destacó que el informe encargado dice que la regulación de precios en una economía de mercado “no produce los efectos que dice que va a producir” y cuestionó que “si el PSOE lo tiene tan claro ¿por qué no lo puso en la ley como una obligación? ¿Por qué no se impone?  No se impone porque no lo tiene tan claro”, aseguró.

La concejala socialista Elena Mateo recordó entonces los efectos en Catalunya, donde los grandes fondos se están marchando del mercado de vivienda en esta comunidad autónoma. También recordó que no se están tomando medidas ante la cantidad de viviendas vacías ni regulando el alquiler vacacional en la ciudad. CC y PP rechazaron la norma y afearon las viviendas prometidas por Pedro Sánchez y apelaron al mantra de la okupación. 

La forma de entender la Ley de Vivienda es diferente para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que estima que declararse zona tensionada, “permitirá tomar decisiones muy importantes para mejorar las condiciones de vida en la ciudad”. Entre estas decisiones, ha apuntado, está corregir el “efecto distorsionador” provocado por el alquiler vacacional o el uso del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI).

El documento elaborado por el área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, con la colaboración de la ULPGC, acredita que Las Palmas de Gran Canaria supera tres de los cuatro requisitos establecidos por la Ley Estatal de Derecho a la Vivienda. Según informa el consistorio, uno de esos parámetros es la carga media del coste de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos respecto a la renta media de los hogares. Un punto en el que el municipio ha experimentado un crecimiento, pasando del 30,52% en 2021 al 33,55% en 2023 y “superando por tanto el 30% de la renta media de los hogares que establece la Ley de Vivienda”.

Otra de las condiciones a las que alude el Ayuntamiento es que la evolución de la carga media del coste del alquiler, más los gastos y suministros básicos, respecto a la renta media de los hogares, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares que establece la normativa estatal. 

Y el tercero: que los precios del alquiler han aumentado al menos un 3% más que el IPC en los cinco años anteriores. En la ciudad, el precio de los alquileres se ha incrementado un 29,4% frente al 19,69% del IPC en Canarias.

El Ayuntamiento también ha detallado que el informe resalta la dinámica expansiva que está teniendo la oferta de viviendas turísticas o vacacionales en la ciudad, según los datos publicados por el INE. La capital ha pasado de contar con 2.050 unidades en agosto de 2020 a acoger 4.716 en octubre de 2024, un ritmo de crecimiento comparable al de municipios eminentemente turísticos como San Bartolomé de Tirajana o Adeje.

El Gobierno canario, contra la Ley de Vivienda

El Gobierno de Canarias ha sido muy crítico con la Ley de Vivienda estatal hasta el punto de que al principio del mandato de CC y PP dijo que lo recurriría. Más tarde, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello señaló que no lo habían podido presentar porque estaban fuera de plazo ya que creían que agosto era “inhábil”.

El Ejecutivo pretende solucionar la crisis de vivienda con la construcción de inmuebles y recientemente ha anunciado la tramitación de un decreto ley de simplificación administrativa con el objetivo de reducir los plazos de la tramitación de las licencias de obras. Todo ello, con el objetivo de aliviar el problema de vivienda.

Asimismo, el Gobierno canario ha acordado reformar el decreto de vivienda para salvar las discrepancias legales que objetó el Estado y por las que podría acabar en el Constitucional.  Los ayuntamientos tendrán ahora que identificar de manera motivada el suelo dotacional o de equipamientos que destinen a vivienda protegida. La norma permitía saltarse la evaluación ambiental de las actuaciones, pero eso ya no va a ser posible.