Canarias se mantiene liderando el ranking de comunidades autónomas que peor gestiona la Ley de dependencia. Y es que, según constata la Asociación de directores y gerentes sociales los datos de julio de 2015 mejoraron por el “maquillaje” de las estadísticas, ya que aparecían 9.000 personas incorporadas a este servicio que en realidad no estaban dadas de alta en este sistema y no recibían dinero del Estado, como así lo corroboró el actual Gobierno de Canarias. Por ello “si suprimimos esta cifra”, el Archipiélago continúa en el “limbo de la dependencia”. Así lo asegura el director de este colectivo, José Manuel Ramírez.
En las Islas hay actualmente 13.727 personas que se benefician de esta ley, lo que supone un 0,65 % de la población total de esta comunidad autónoma. Sin embargo, en el conjunto de España están recogidas en el sistema un total de 788.542 personas, lo que supone que la media estatal se sitúa en un 1,69%, aunque según precisa Ramírez, hay comunidades que se encuentran ya en un 3%.
Según explica el director de esta asociación, para alcanzar la media española tendría que multiplicarse 1,04 por 2.104.815 (población canaria) y dividirse por 100, lo que supondría que se tendrían que incorporar 21.890 beneficiaros nuevos para estar al día en las medias españolas.
Para Ramírez, los datos del Archipiélago son una “barbaridad” ya que Canarias tiene reconocidas a 30.020 dependientes, mientras que “solo” da amparo a 13.727, es decir, 16.293 personas, un 54% de quienes tienen derecho a ser atendidos en el marco de la ley están en lista de espera. “Es el porcentaje más alto de toda España”, puntualiza.
Además, este no es el único dato llamativo, y es que, son más las personas que fallecen esperando a ser acogidas a esta ley que las que la reciben. Desde que se puso en marcha la ley han fallecido 9.000 personas ya que, tal y como recuerda Ramírez, la mayoría de ellas tienen más de 80 años.
Mejorar en este campo, un reto “difícil” para Canarias
José Manuel Ramírez advierte de que dada la situación de punto de partida, por la “mala gestión” de la anterior consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo regional, Inés Rojas, y también debido a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en este campo, la nueva Consejería de esta área del Gobierno de Canarias, se encuentra ante un reto “difícil”.
Para el presidente de esta asociación, la nueva consejera, Patricia Hernández, “no tiene la posibilidad de hacer un cambio radical”, pero asegura que lo que sí que podrá hacer es abordar la situación poniéndose al día en los próximos cuatro años con las medias estatales.
Ramírez insiste en que, “al menos” esta Consejería “ha sido transparente” al reconocer que los datos de Canarias que presentaba el Dictamen del Observatorio de la Dependencia del mes de julio “no eran correctos” y hayan decidido volver al punto de partida.
Asimismo, recuerda que el PP ha recortado a Canarias, en los últimos cuatro años, casi 12 millones de euros cada año para esta área. Concretamente, el Archipiélago ha dejado de recibir más de 7 millones de euros de la parte acordada y más de 3 del nivel mínimo, por lo que en total son más de 45 millones lo que no ha recibido del Estado.