“El incumplimiento de la obligación de alcanzar el mínimo del 5% del PIB y el desfase de los últimos años constituye una falta de respeto al consenso alcanzado por toda la ciudadanía en el Pacto social, político y económico por la Educación en Canarias y reflejado en la Ley Canaria de Educación no Universitaria”. Es la conclusión a la que llega el Consejo Escolar de Canarias en una de sus últimas resoluciones, donde se recuerda que la norma canaria establecía que ese objetivo debía cumplirse en el año 2022.
El órgano de representación de la comunidad educativa señala que la financiación educativa constituye “una inversión de enormes repercusiones socioeconómicas y no un gasto o subvención de un servicio”. Por ello, los diferentes sectores que conforman el Consejo Escolar exigen que la inversión en educación se garantice “como una prioridad” en la Comunidad Autónoma de Canarias “por su rentabilidad individual y social (empleo, sanidad, servicios sociales, etc.), por el papel estratégico que juega la formación como generadora de progreso y bienestar personal y social y, en consecuencia, como fundamental recurso de mejora tanto de la actual situación socioeconómica como del desarrollo futuro”.
El Consejo recuerda que la brecha social, educativa, cultural y económica existente en la sociedad canaria y el aumento de población en riesgo de pobreza, a lo que debe sumarse que el sistema está asumiendo la atención de menores no acompañados y de adultos con necesidades formativas, lo que obliga a intensificar y fortalecer, ahora más que nunca, la intervención socioeducativa con mayores porcentajes de inversión de tal manera que se garantice “la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo, pilares fundamentales para el desarrollo presente y futuro de nuestra Comunidad”.
En la resolución del Consejo Escolar se recogen las palabras del mismo preámbulo de la Ley Canaria de Educación, que recoge que esta comunidad autónoma demanda “un sistema educativo que disponga de una financiación acorde con sus necesidades y ejecutada siguiendo criterios de eficacia y eficiencia”.
“Superados, ya en 2022, los ocho años de su aprobación, se ha producido un desfase que requiere un esfuerzo especial para recuperarse. Para compensar esos incumplimientos, el porcentaje del PIB destinado a Educación en el próximo presupuesto tendría que ser el 5% más el total de las diferencias acumuladas durante estos tres años, por lo que se requiere al Gobierno de Canarias que haga el cálculo correspondiente”, insiste el Consejo Escolar.
En este sentido, recuerdan que este incremento de la inversión debe responder a las propuestas de mejora que el Consejo Escolar de Canarias concretó en el Informe a la Programación General Anual de las Enseñanzas en la comunidad autónoma de Canarias para el curso 2024-2025.
Habría que incrementar el presupuesto en 700 millones
Esta reivindicación es constante en la Plataforma del 5% del PIB en Educación, que apuntó recientemente que tras reunirse con el consejero de Educación, el presupuesto educativo para 2025 se continuará alejando de la senda que marca la ley.
“El progreso de la anterior legislatura, que heredó un presupuesto educativo del 3,58% del PIB y entregó uno con el 4,63% del PIB, ha venido seguido de una reducción al 4,2% en 2024 y amenaza con retroceder aún más para 2025 y situarse de nuevo por debajo del 4%”, advirtió la plataforma en un comunicado a finales de septiembre.
El consejero de Educación, Poli Suárez, admitía en septiembre en el Parlamento que su departamento no aglutinará el 5% del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025, como está determinado por ley, pero ha negado el “frenazo” en la consecución de este objetivo del que habla la oposición.
Suárez señaló en el pleno del Parlamento de Canarias que para llegar a ese 5% habría que incrementar la dotación en Educación en 700 millones de euros, si bien la consejera de Hacienda, Matilde Asián, prevé que las cuentas aumentarán globalmente en 300 millones. “La realidad presupuestaria es la que es”, dijo.