La gestión que ha hecho Canarias de la Ley de dependencia tras cumplirse una década de su puesta en marcha refleja un balance negativo. Esta Comunidad Autónoma ocupa, según el último dictamen del Observatorio sobre la Dependencia, el último lugar del país en aplicación de dicha ley. Una realidad que contrasta con el hecho de que en 2016 se han registrado los mejores datos de los últimos tiempos, siendo la segunda comunidad que mayor esfuerzo ha realizado para acortar sus carencias y ponerse al día.
La gestión del PSOE al frente de esta área desde mayo de 2015 a diciembre de 2016 (cuando se rompió el pacto con CC) incorporó a casi 3000 nuevas personas a este sistema y el número de personas atendidas creció un creció un 21,37. No obstante, aunque los datos son esperanzadores, la Asociación de Gerentes y Directoras Sociales advierte de que es una de las comunidades “más preocupantes” ya que aún le queda “mucho camino por recorrer”. Un reto al que tendrá que enfrentarse la nueva consejería que lidera Cristina Valido (CC).
Canarias aparece de nuevo en el último puesto del país en desarrollo del sistema de la dependencia, con una nota de 1,79 sobre 10. Del mismo modo, suspenden Aragón (2,5), Navarra (2,86), la Comunidad Valenciana (3,21)... entre las notas más bajas y en el extremo opuesto, con las puntuaciones más altas, se encuentran Castilla y León (8,93), La Rioja (7,86), Andalucía o Castilla-La Mancha (6,79).
Según los datos de este informe elaborado por la Asociación Española de Gerentes y Directoras Sociales, Canarias es la comunidad que menos beneficiarios tiene en relación con las personas potencialmente dependientes de toda España (4,4%) y además es la que mayor lista de espera registra (un 45%). De hecho, hay 16.852 personas atendidas en el marco de esta ley de las 30.763 que tienen derecho. Además, es la región que más beneficiarios tiene en un “limbo” legal (el 45,22 %).
Menos presupuesto estatal y autonómico
Los resultados que presenta esta comunidad se arrastran desde el comienzo de la aplicación de la Ley y se deben a distintos motivos, que se han acrecentado tras la crisis económica. Entre las causas, se encuentra el hecho de que el Estado haya dejado de dar a Canarias en los últimos cuatro años 58,4 millones de euros de financiación para este ámbito, como consecuencia de los recortes introducidos por el Consejo de Ministros a través del real decreto ley 20/2012.
Como resultado, la comunidad autónoma tiene que afrontar con su propio presupuesto el 77 % de la financiación pública del sistema de protección a la dependencia.
En el último año, el Gobierno estatal dejó de destinar al Archipiélago 12,5 millones para este derecho. Una partida con la que se habría conseguido que 1850 personas fueran atendidas, lo que conllevaría a la creación 400 puestos de trabajo.
No obstante, Canarias sigue siendo la región que menos presupuesto público dedica a esta materia en proporción a la población potencialmente dependiente, con un promedio de 300,10 euros por potencial beneficiario al año. Una cifra que se encuentra muy lejos de los 906,51 euros que se gasta Cantabria, la comunidad que lidera esta tabla, pero también de la media nacional, situada en 554,97 euros.
Para que la tendencia cambia y algún día arroje una balanza en positivo, el presidente de la Asociación de Española de Gerentes y Directoras Sociales, José Manuel Ramírez, ha alertado en más de una ocasión que se tiene que hacer un plan de choque y que se necesita una mayor inversión ya que, según recuerda, ha sido la mala gestión desde el inicio, unida a los recortes, lo que ha llevado a esta situación.