La Federación Gallística Canaria podría celebrar este 2018 la última temporada legal de riñas de gallos en las Islas después de que el Gobierno canario anunciara este lunes que prohibirá estas peleas y los circos con animales, dejando solo a Andalucía como único rincón en España en el que estos combates sean permitidos.
El Ejecutivo del nacionalista Fernando Clavijo está decidido a modificar la Ley de Protección de los Animales que data de 1991. En esta legislación ya se recogía en su preámbulo que las riñas “son tradiciones cruentas e impropias de una sociedad moderna y evolucionada” y que era necesario avanzar hacia su erradicación, pero se permitió que se siguieran celebrando en aquellas localidades donde eran tradición, en las galleras ya existentes a esa fecha, con público mayor de 16 años y sin ningún tipo de respaldo económico por parte de las administraciones pública. Ahora, 26 años después, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, entiende que ya la sociedad canaria ha experimentado “un gran avance en la sensibilización en el trato con los animales”, por lo que es el momento de trasladar esta cuestión al ámbito normativo.
Según José Luis Martín, presidente de la Federación Gallística Canaria, en el Archipiélago hay entre 50.000 y 100.000 aves de pelea de la raza combatiente español que son criadas por los 1.200 criadores que poseen carné y que se agrupan bajo las 52 asociaciones legales. La federación nació en el año 2005 con el objetivo de regular esta práctica y por ello han implantado medidas como peleas de un máximo de 12 minutos, peleas solo con espuelas naturales o de plástico, la retirada del gallo cuando no puede mantenerse en pie o no desea luchar, o el cortarle las barbas y la cresta a cada ejemplar para que no se desangren durante las riñas y no tengan dónde agarrar al rival.
Los combates se realizan principalmente por contratas (el nombre proviene porque surgen de un contrato entre dos asociaciones que pactan unas condiciones para crear una temporada, la cual tiene lugar entre enero y junio ya que en los otros seis meses se produce la muda) y es antes del combate cuando se decide cómo será el emparejamiento entre los ejemplares de la gallera, el cual es por un peso tasado con anterioridad, siendo descalificado el que supere en 10 gramos o más lo acordado. El torneo más importante, aparte de la liga, es el Campeonato de Canarias que este año celebró su edición número 31.
El presidente de la federación admite que la noticia de la prohibición la ven “fatal” y advierte que el Gobierno “se ha precipitado y está mal informado” y que por ello pedirá una reunión con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad para agotar la vía abierta del diálogo pero que, en caso de que no se alcance ningún acuerdo, anuncia que en paralelo comenzarán a realizar medidas de presión que aún no avanza cómo serán. Martín aclara que desde la federación están a favor de la nueva regulación ya que sostiene que en la actualidad son ellos quienes marcan las normas, por lo que cree que esta normativa “cabría dentro de la ley” ya que la actual está “obsoleta”. Entre estas normas propone que sea obligatorio tatuar a los gallos para así tenerlos controlados y, aparte, introducir una regla que recoja que a las personas que sean sorprendidas realizando peleas fuera de la ley sean sancionadas por el artículo 337 del Código Penal, que castiga a los maltratadores de animales. “Los primeros que estamos en contra del maltrato somos nosotros que, como criadores ,lo que hacemos es mimar a los animales, pero de eso a la prohibición va un abismo”, subraya.
Así mismo, desde la federación apuntan que en caso de que se ilegalicen las peleas definitivamente los criadores sacrificarán a las aves o dejarán que se mueran. “¿Qué puede que queden? Alguien que las críe para eventos ilegales, una minoría de gente que, para no dejar rastro, los matará en cuanto termine la pelea, eso sería el desastre”.
Según anunció el pasado lunes el Gobierno canario, en estos momentos se ha abierto una fase de solicitud simultánea de diversos informes internos, de instituciones, de otras administraciones, de entidades y órganos, además de iniciarse la fase información pública y audiencia, y después de ello Hacienda deberá pronunciarse sobre esta iniciativa. Posteriormente, el Ejecutivo solicitará el informe preceptivo al Consejo Consultivo, y tras este el borrador volverá al Gobierno regional para que, tras revisar observaciones, lo apruebe entonces como proyecto de ley y lo remita al Parlamento de Canarias, algo que se prevé será el próximo trimestre, para la aprobación definitiva como norma tras el trámite parlamentario. En caso de que la temporada ya esté en marcha cuando se apruebe la nueva norma, habrá una moratoria que permitirá que esta finalice.