La falta de recursos sociosanitarios, que lleva a que muchas de las personas valoradas como dependientes engrosen las listas de espera por una plaza pública, es uno de los factores que lastran en Canarias el desarrollo de la Ley de Dependencia, según ha explicado la consejera Cristina Valido.
Esta es una de las razones que explican la gran diferencia que existe entre los 34.894 usuarios que, hasta finales de abril, contaban en Canarias con una resolución de grado, es decir, a las que se habían diagnosticado en función de su limitación, y las 16.917 que figuran como beneficiarias de un servicio o prestación al amparo de esta ley, que entró en vigor en 2007.
Así lo ha explicado hoy la consejera regional de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), junto a técnicos de este departamento en una jornada técnica sobre el funcionamiento del sistema de dependencia dirigida a medios de comunicación.
Valido ha explicado que no todos los usuarios que ya han sido valorados con un grado de dependencia figuran como beneficiarios por diversas razones.
Algunos han sido catalogados como personas no dependientes, concretamente 5.113 de los 34.894 que cuentan con una valoración.
Otros han sido considerados dependientes de grado I, colectivo para el que la ley entró en vigor en julio de 2015.
A estas situaciones se añaden los desestimientos de personas que no están de acuerdo con el recurso o la ayuda asignada por el personal que ha valorado su grado de dependencia; las personas que, por su nivel de renta, no tienen derecho a prestación alguna; además del parón que ha sufrido la ejecución de esta ley por los ajustes presupuestarios aplicados en los últimos años de crisis económica.
En cualquier caso, los técnicos de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno canario destacan que el archipiélago ha sido hasta abril la segunda comunidad autónoma que más altas de beneficiarios ha registrado, al contabilizar 1.073 frente a las 569 del mismo periodo de 2016.
Esto ha supuesto un coste económico de 1,6 millones de euros, frente a los 494.207 euros que se habían consignado durante los cuatro primeros meses del pasado año para este fin.
Los técnicos insisten en recalcar que esta es “una ley de servicios”, de ahí que sean rechazadas casi en su mayoría las solicitudes de ayudas económicas con las que sufragar a un cuidador en el entorno familiar, ya que la filosofía de la norma es su desarrollo a partir de una amplia red de recursos sociosanitarios.
Valido ha explicado que en Canarias corresponde a los cabildos planificar estos recursos, que luego financian, al 50 por ciento, junto con la administración autonómica.
La consejera ha lamentado que en la actualidad haya islas, como La Gomera, que aún no dispongan de un centro de alto rendimiento para la atención a personas dependientes, y ha dicho que el objetivo del Gobierno canario es duplicar las plazas públicas que existen en el archipiélago, tanto residenciales como en centros de día, lo que reduciría considerablemente la lista de espera de beneficiarios de esta ley.
De igual forma, la administración autonómica se plantea elevar de 700 a 2.000 el número de personas con dependencia que reciben teleasistencia en el archipiélago, un servicio que suele ser complementario a otros.
Para valorar a un potencial dependiente se emplean entre una y dos horas y cada responsable de esta tarea, que llevan a cabo en Canarias unos 44 profesionales (22 en cada provincia), suele realizar 48 valoraciones a la semana.
Una vez que el usuario ha sido valorado como no dependiente o dependiente de grado I, II, o III, se le diseña un programa individual de atención, que, junto a un informe social sobre su entorno, determinará la ayuda a recibir.
Cristina Valido ha anunciado que unos 30 municipios canarios han mostrado su disposición a colaborar, en su ámbito territorial, en la valoración de solicitantes de ayudas a la dependencia, lo que permitirá agilizar la tramitación de estas prestaciones, un objetivo al que ha confiado en que se sumen más corporaciones locales.
Aunque hasta el momento, y según establece la norma, la prioridad de las personas a valorar la marca el hecho de que sean menores de 21 años o mayores de 85, se prevé que estos criterios cambien con la reforma que se prevé que sufra esta ley, aprobada en su día por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Canarias prevé gestionar en breve la grabación de la información relativa al desarrollo de la Ley de Dependencia, una información sobre la que suele haber un desfase entre la que publica el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), “que cierra la recogida de datos el 25 de cada mes”, mientras que la comunidad autónoma lo hace a su finalización, ha explicado el personal técnico de la Consejería regional de Políticas Sociales.