Canarias fue una de las seis comunidades donde no hubo nuevas promociones de vivienda protegida en 2023, junto con Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Baleares y Región de Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tal y como consta en el balance publicado este lunes por el Instituto Canario de Estadística (Istac).
En el conjunto de España se inició el año pasado la construcción de 11.982 viviendas en régimen protegido, de las cuales 129 en Galicia, 234 en Asturias, 1.784 en País Vasco, 728 en Navarra, 465 en Aragón, 1.854 en la Comunidad de Madrid, 716 en Castilla La Mancha, 166 en Extremadura, 3.491 en Cataluña, 511 en la Comunidad Valenciana y 1.904 en Andalucía.
Las últimas viviendas protegidas que se comenzaron a construir en Canarias son las 208 de 2021.
Ese año empezó la edificación de 2.854 de promoción libre, por debajo de las 3.702 del año pasado, la cifra más alta desde 2009.
Entonces se comenzaron a construir 4.569 viviendas de promoción libre y 2.540 protegidas, y en 2008, 13.751 libres y 1.277 protegidas.
La cifra más alta de la serie histórica se estableció en 2006: se comenzaron a construir en Canarias 1.227 viviendas protegidas y 31.686 libres.
Una de las medidas incluidas en el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda convalidado la semana pasada por el Parlamento de Canarias es precisamente actualizar el módulo básico por metro cuadrado para que sea “atractiva” la vivienda de protección para los promotores privados, según el planteamiento del ejecutivo regional.
Ese incremento de los módulos será mayor en las islas no capitalinas.
El decreto de vivienda, visto por expertos
Hace un mes que se aprobó el decreto estrella de Coalición Canaria (CC) para responder a la emergencia habitacional del Archipiélago y desde entonces ha habido diferentes reacciones.
Por un lado, la patronal de la construcción y los círculos insulares de empresarios han celebrado la norma. Por otro, la oposición, que ha llegado a calificar la legislación de “golpe de estado a la planificación urbanística”; la mayoría de los cabildos insulares, quienes consideran que el texto requiere de modificaciones; y los ayuntamientos, claves en el desarrollo de la normativa, pero marginados en su elaboración.
Las medidas acordadas por el departamento que dirige Pablo Rodríguez (CC) nacen de una lógica simple: ante la escasez de oferta, es necesario ampliar el parque de vivienda con más edificaciones, reconversiones de locales comerciales, finalización de inmuebles inacabados por el crac financiero de 2008 y hasta la habilitación de suelo dotacional, pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también construir bloques de pisos. Coalición Canaria ha presumido de que responde en tiempo “récord” a la crisis y que las primeras repercusiones llegarán en un periodo “prudencial”.
Canarias Ahora consultó este mes de marzo a media docena de personas expertas en políticas de vivienda para conocer sus valoraciones del decreto aprobado.
Todas coincidían en pedir cautela, porque una cosa es lo que proyecta el documento y otra bien distinta lo que finalmente pueda ejecutar. También aclaran que no existe una “solución mágica” para atajar una emergencia, la de la vivienda, que presenta un carácter más estructural que coyuntural. Y, al mismo tiempo, la mayoría de las fuentes consultadas echa en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro.