“El teletrabajo ha venido para quedarse” es una de las frases más repetidas durante esta crisis sanitaria del coronavirus. Tanto, que se ha convertido en una modalidad primordial durante el estado de alarma para mantener parte de la actividad empresarial activa. Pero su papel también ha sido relevante en la administración pública. El cierre de oficinas ha propiciado un menor uso de la administración por parte de la ciudadanía, pero no en todos los sectores. La mayoría de esfuerzos se concentran en los trabajadores del Servicio Canario de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para la tramitación de unos 30.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectan a 200.000 personas en Canarias. Sin embargo, los métodos telemáticos aún alejan a parte de la sociedad de los servicios públicos por la falta de formación o recursos digitales. “El reto es simplificar los procedimientos y que la tramitación electrónica sea más accesible”, asegura el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, que apuesta porque esta modalidad conviva con la atención presencial progresivamente.
Una de las fórmulas por las que se ha optado desde el Gobierno de Canarias para facilitar los trámites de la ciudadanía, acostumbrada a desplazarse a las oficinas, es la atención telefónica. El número 012 recibió hasta el pasado 6 de mayo 700.000 llamadas para pedir información del coronavirus y en solo una semana se recibieron 32.000 para tramitar el Ingreso Canario de Emergencia, que también se puede solicitar por vía telemática. Pese a esta experiencia, las oficinas de atención son también un derecho de la ciudadanía, por lo que ya se negocia con los sindicatos la vuelta gradual de los empleados públicos de cara a la fase 2 del plan de desescalada. “No se podrá abrir sin garantías”, asegura el secretario de la Federación de empleados de servicios públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, que reclama entre otras medidas que se establezca un orden por cita previa, colocar mamparas de seguridad y otros elementos que salvaguarden la distancia de seguridad y la higiene.
El protocolo en el que se trabaja desde los sindicatos con el Gobierno establece que los empleados con patologías o que pertenecen a los colectivos definidos como vulnerables frente a la COVID-19 serán los últimos en volver a las oficinas. Se trata de una situación relevante en algunos ámbitos, ya que Canarias cuenta con un elevado número de funcionarios próximos a la jubilación. Esta realidad se reproduce en los empleados que dependen del Gobierno estatal en las Islas. Es el caso, por ejemplo, de Centro de Atención e Información (CAISS) del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Las Palmas, donde el 85% del personal sufre patologías o ronda los 60 años, explican desde CCOO. Por ello, la vuelta a la actividad presencial es complicada. Hortensia Rodríguez, trabajadora de este servicio de atención y miembro de este sindicato, explica que tanto ella como sus compañeros han reforzado la atención telefónica y considera que el teletrabajo no debería ir en detrimento de la atención en oficinas, que aporta un trato más cercano e individualizado.
De los 63.000 empleados de la comunidad autónoma, el mayor peso es el de profesionales de Sanidad y Educación, en este último ámbito el profesorado también se ha visto forzado a teletrabajar con los estudiantes. En administración pública hay unos 14.000 empleados, de los que 3.500 pertenecen al ámbito de la Justicia. De todos ellos, 5.000 personas han recibido un permiso retribuido para facilitar su ausencia, de acuerdo a la normativa, y al que se han acogido por diversas causas. El viceconsejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias explica que se han emitido desde que comenzó la crisis 30.000 certificados para la conexión del personal. Esto ha permitido que unas 8.000 personas se conecten habitualmente, es decir personal que ha estado teletrabajando. Rodríguez matiza que ya había unos 1.000 empleados que teletrabajaban en la comunidad autónoma, sobre todo de personal informático que realiza actualizaciones de páginas web muchas veces fuera del horario habitual de las oficinas y lo que se ha hecho es trasladar esa experiencia que valora de forma positiva. “Yo estoy firmando más que nunca”, afirma, para añadir que las videoconferencias también han llegado para quedarse.
En cuanto a la dotación de equipos, asegura que está pendiente de publicarse en el portal de transparencia dos contratos, uno para la dotación de terminales, unos 400 portátiles que se han entregado para empleados que los requerían y, por otro lado, se han desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo. Así mismo, se ha hecho hincapié en la ciberseguridad. Para el funcionariado que no ha podido teletrabajar, se han realizado turnos con distanciamiento social en los puestos de trabajo, otros se han acogido a esos permisos retribuidos y también asegura que hay funcionarios que han prestado apoyo a otras unidades, además de realizar cursos virtuales para formarse.
Sobre las polémicas declaraciones del presidente de la FECAI y del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que reprochó el “bajo número” de funcionarios que solicitaron voluntariamente moverse de su puesto de trabajo durante el estado de alarma ante la solicitud de la comunidad autónoma, sindicatos como CCOO recuerdan que se presentaron un total de 260 profesionales de 11.000 funcionarios para una petición de cubrir 133 puestos, por lo que la demanda quedó cubierta. El problema, defendió el político de ASG, pieza clave en el Gobierno de Canarias, es que “vivimos en una sociedad donde no me toques mucho porque pido la baja”, dijo entonces. Unos días antes, llegó a asegurar que no se descartaba que en determinados sectores de la administración pública se produjera un ERTE, debido a la caída de ingresos, algo que fue desmentido posteriormente por el consejero del área Julio Pérez: “En la administración pública no sobra nadie”, aseguró a Canarias 7.
Hay sectores en los que el teletrabajo no ha sido posible al 100%. Por ejemplo, en el ámbito de la Dependencia y la Discapacidad, la plantilla ha tenido que dejar de hacer valoraciones de grado para reconocer la atención ya que estos reconocimientos se realizan en los domicilios de los solicitantes y muchas veces en residencias o en hospitales, donde se puede poner en riesgo a estas personas que pertenecen a uno de los colectivos vulnerables. No obstante, en estos meses sí que se han agilizado otras cuestiones como el pago de prestaciones.
El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero (Podemos), explica que el teletrabajo ha sido una tarea complicada porque aún no se dispone de un gestor de expedientes, que está previsto poner en marcha este año, ya que muchos ficheros y datos no están digitalizados, lo que dificulta el trabajo de las personas que gestionan las valoraciones. En abril se pagó la primera nómina a las personas que reciben la prestación por la ley de dependencia con teletrabajo.
El viceconsejero de Administración Pública insiste en la apuesta del teletrabajo para facilitar la vida de las personas. Muchos trabajadores se desplazan hasta la capital tinerfeña, por ejemplo, para acudir a las oficinas, con lo que conlleva en materia de movilidad. Pero también menciona la conciliación entre sus beneficios por ser un mecanismo que permite flexibilizar en materia de horarios. No obstante, según la Universidad Oberta de Catalunya, el teletrabajo suma dos horas más a la jornada laboral y apunta que se está generando la concepción de que el teletrabajo equivale a “estar siempre disponible”. Por ello, es importante marcar un horario y descansos en la jornada. A esto se le añade que “la conciliación se ha convertido en una fantasía aún más difícil de alcanzar que antes del estado de alarma” y el precio más alto lo están pagando las mujeres, que son las que asumen más peso en las tareas de casa durante el confinamiento, también en familias en las que el padre y la madre siguen trabajando.
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