Canarias no cuenta actualmente con unidades específicas para mujeres embarazadas o madres en ninguna de sus cárceles. Al menos, no con espacios que reúnan las condiciones necesarias. Las mujeres con hijos menores de tres años que se encuentren internas y que cuentan con el derecho de disponer de un lugar separado para la crianza son trasladadas actualmente a la Península. Así se recoge en la última memoria de la Fiscalía de la comunidad autónoma. “Se entiende necesaria la creación de una Unidad de Madres en las Islas, puesto que no existe ningún módulo específico a tal efecto, de manera que las internas tienen que ser trasladadas a la Península”, concluye el Ministerio Público. Pese a que las mujeres representan un porcentaje bastante inferior frente a los hombres reclusos, apenas un 7% del total (219 mujeres) sí se han dado casos en los que han tenido que ser llevadas a otros recintos penitenciarios por esta cuestión.
En las visitas realizadas a los centros penitenciarios de las Islas durante el año 2019 y que se recogen en el informe de 2020, la Fiscalía de Canarias constata una serie de carencias en estas prisiones. Una de las que se reiteran es la falta de esa unidad de madres. En la prisión de Tenerife, en el año 2012 se terminó de acondicionar un espacio que se iba a destinar a este fin. Sin embargo, el sindicato CCOO ha denunciado varias veces que nunca se ha llegado a poner en marcha y que falta plantilla para atender este recurso. También recuerda que la normativa obliga a “evitar el desarraigo social de las personas que ingresan en prisión, procurando que existan dependencias y unidades orgánicas, al menos en cada comunidad autónoma, para satisfacer las necesidades penitenciarias que tengan”. La Unidad de Madres del centro penitenciario de Tenerife II es la única del Archipiélago y se construyó para que las mujeres condenadas y sus hijos no tuvieran que convivir sin separación del resto de internas en prisión o ser trasladadas a otros centros penitenciarios que disponen de ese recurso.
En el apartado del informe sobre visitas a centros penitenciarios, la Fiscalía de Canarias hace referencia al expediente sobre el Centro Penitenciario Tenerife II y apunta sobre el denominado Módulo de Madres con Hijos de esa cárcel la “falta de condiciones y medios” para acoger a los menores de tres años junto a sus madres. Por ello, es contundente al proponer que “de ahora y en adelante, no se accediera a admitir el ingreso de tales menores en dicho centro, salvo razones excepcionales que lo justificaran y siempre con la perspectiva de acordar, a la mayor brevedad posible, el traslado de la madre y su hijo a otro centro penitenciario dotado de medios adecuados”. A lo largo del año 2019, el informe destaca que ingresó una madre con su hijo en la prisión de Tenerife II.
No es el único asunto que afecta a las reclusas y en el que la Fiscalía pone la lupa. También subraya en el informe que se ha detectado “cierta desigualdad en las oportunidades ofrecidas a los hombres con respecto a las mujeres internas, por lo que se refiere a los destinos a desempeñar, al tratamiento ofrecido y a las posibilidades de cursar estudios, circunstancia que ha de ser corregida, debiéndose tender a la plena integración de las mujeres internas siempre que la organización y la seguridad del Centro Penitenciario lo permitan”.
Otras carencias: cerrar la cárcel de La Palma
Sobre el Centro Penitenciario Tenerife II, la Fiscalía también ha solicitado, a la vista de las reducidas dimensiones de las celdas individuales “que miden escasamente 5 metros cuadrados”, que solo se recluya en ellas a una persona por celda y no a dos como viene se ha venido haciendo desde hace años. Esto supondrá una reducción significativa del número efectivo de plazas disponibles.
El informe también hace alusión a la situación en la que se encuentra el Centro Penitenciario de La Palma y advierte de que no reúne condiciones idóneas para albergar a los internos que acoge, “siendo inviable, por su propia configuración arquitectónica, efectuar una clasificación y separación de los internos, además de verse agravada la reclusión de los mismos”. Según detalla en la memoria, siguen existiendo dormitorios colectivos prohibidos por la legislación penitenciaria, los cuales deberían desaparecer.
En cuanto al denominado Módulo de Mujeres, la Fiscalía considera que por sus limitaciones, “debería ser simplemente utilizado para detenciones y privaciones de libertad muy limitadas en el tiempo con ocasión de práctica de diligencias judiciales y asistencia a juicios orales, pero no para el cumplimiento de penas privativas de duración media o larga”. Además, llega a la conclusión de que “la Administración competente debe plantearse el cierre de la prisión de La Palma y la construcción de un nuevo centro penitenciario adaptado a las necesidades de nuestro tiempo”.
Desde el sindicato Acaip-UGT señalan que en la cárcel de Juan Grande, en Gran Canaria, aún no cuenta con todos sus módulos en funcionamiento por falta de personal. En esa prisión hay mujeres, pero no en la de Salto del Negro. Desde la asociación sindical señalan que actualmente no hay una gran demanda de mujeres que requieran de la unidad de madres como sí sucede en otros puntos de la Península y recalca el bajo número de mujeres presas en las Islas. No obstante, sí que abogan por la necesidad de poner en marcha un centro de inserción social en Gran Canaria.
La lucha por la unidad de madres
En febrero de 2020, CCOO se mostró crítico con la decisión del Ministerio de Interior de utilizar la unidad de madres acabada en 2012 en la prisión de Tenerife como un lugar donde internar a personas migrantes que no habían cometido ningún delito. Entonces, el sindicato manifestó que “la unidad de madres debería estar cumpliendo su función desde hace mucho tiempo. Sin duda, las consecuencias las pagan las madres presas canarias con hijos, a quienes se penaliza por la falta de gestión y diligencia de los responsables penitenciarios”.
En un informe sobre la realidad de las prisiones, CCOO destacó que el coste para la edificación del módulo de madres de Tenerife fue de 5 millones de euros y, sin embargo, nunca se puso en marcha. El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, también trasladó entonces al gobierno de Mariano Rajoy (PP) una pregunta sobre este espacio e instó a que se abriera. Este medio ha preguntado por escrito al actual Gobierno a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sin recibir respuesta.