El sindicato CCOO ha impugnado en la Audiencia Nacional el Real Decreto-Ley de 2012 que establece recortes educativos, y ha pedido a la Consejería canaria de Educación que suspenda de forma inmediata su aplicación, pues en las islas se han perdido unas 1.500 plazas de docentes.
El secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, y el responsable de Enseñanza no Universitaria del mismo sindicato, Juan Manuel Rivero, indicaron este martes en rueda de prensa que la organización ha decidido “pasar a la acción” por considerar que seis años después esta medida carece de justificación.
Para la organización sindical, los recortes han supuesto “un duro ataque a la educación española” y por ello ha demandado al Ministerio de Educación con un proceso contencioso-administrativo por vulneración del derecho a la educación, al empleo público y el principio de seguridad jurídica, y requiere la derogación o suspensión automática del Real Decreto-Ley 14/2012.
José Ramón Barroso señaló que el decreto de los recortes ha supuesto “un duro varapalo” para el sistema educativo ya que, entre otras medidas de carácter excepcional, en la enseñanza no universitaria el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional.
La ampliación de la jornada lectiva semanal a 20 horas en secundaria y otros cuerpos, así como de la jornada de permanencia y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, provocaron la destrucción de 32.801 plazas de trabajo en el país en apenas un año y medio, indicó Barroso.
A su juicio, ello ha provocado que las jornadas parciales aumentasen en un 30% y la temporalidad se disparase, por lo que actualmente uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad, y en las islas el porcentaje alcanza el 28%.
A juicio de CCOO en el ámbito universitario se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente y la dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.
Para los dirigentes sindicales, ha habido “un efecto arrastre” por el que el Gobierno central y los autonómicos han continuado aplicando los recortes laborales a los docentes ya que en el caso de Canarias, indicaron como ejemplo, la Administración autonómica es “consciente” de que suponen un ahorro económico importante.