Dos celadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria han sido imputados por el juzgado de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife, que les investiga por un posible delito contra la intimidad, en la modalidad de descubrimiento de secretos, al haber accedido de forma reiterada y sin permiso al historial clínico de una paciente, algunos días hasta en 23 ocasiones.
La querella va dirigida también, como responsables subsidiarios, contra el Servicio Canario de Salud y contra la Comunidad Autónoma de Canarias, y ya ha tenido que declarar en la causa, como testigo, la gerente del centro médico, Mercedes Cueto Serrano.
Uno de los imputados, Antonio E.H. desempeña sus funciones en el servicio de Admisión y Documentación Clínica, mientras que la otra encausada, María Ascensión G.A trabaja en el hospital desde 1993, aunque en 2001 fue nombrada coordinadora de relaciones sociales, un cargo que según fuentes sindicales no figura en la Relación de Puestos de Trabajo.
En 2009, a la querellante se le diagnosticó un cáncer de ovarios del que fue intervenida en Pamplona, aunque el tratamiento de quimioterapia lo siguió en el hospital tinerfeño, en el que conoció a María Ascensión. En 2010, esta mujer requirió los servicios como abogado del marido de la denunciante en un pleito contencioso, cuya sentencia, de enero de 2011, resultó favorable, de forma que María Ascensión debía recibir unos 31.000 euros.
También puso en manos del abogado los pleitos de otros dos familiares suyos.
La buena relación entre la paciente y su esposo con la querellada dejó de serlo cuando se vieron obligados a reclamarle judicialmente los honorarios del despacho de abogados, tras lo que imputada interpuso una queja en el colegio de abogados que fue archivada, en el que afirmaba sentirse engañada, ya que el abogado, dada la gran amistad mantenían, le había asegurado que le llevaría la causa gratis.
Tras esa disputa, María Ascensión y su compañero de trabajo Antonio E.H, accedieron en numerosas ocasiones a los datos clínicos de la querellante, quien puso una denuncia ante la Dirección del hospital, tras lo que solicitó una auditoria de cuantas personas hubiesen podido acceder a su historial.
La auditoría confirmó que los imputados tenían pleno conocimiento de qué días debía acudir la víctima al centro médico, qué tratamiento se le suministraba, el historial de informes o el historial de radiología, sin que ninguno de los dos tuviera consentimiento por escrito para ello, lo que para la acusación es una constante profanación los datos médicos personales.
María Ascensión, que es miembro activo del comité local de CC en Santa Cruz de Tenerife, negó en su declaración ante la juez que tuviese enemistad con la denunciante, sino que, al contrario, accedía a su historial clínico porque ella y su marido se lo pedían, ya que tiene acceso al servicio de documentación clínica. Su compañero Antonio declaró lo mismo.
Sin embargo, algunos de los días en que los imputados accedieron al historial y pruebas de la querellante, ésta estaba en la UVI o fuera de la isla.
La gerente del Hospital reconoció ante la juez que no todos los trabajadores del centro pueden acceder al perfil médico de los pacientes y que, en todo caso, se necesitaría una autorización personal por escrito, que los querellantes niegan haber dado.