Un alquiler que oscila entre 250 y 300 euros al mes, con agua y luz incluida, es lo que pagan cien familias que habitan un edificio de la calle León y Castillo de Sardina del Sur, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, algo que aseguran que es de agradecer en “estos momentos tan duros”. Sin embargo, los vecinos señalan que desde noviembre viven en la incertidumbre. Ese mes recibieron una notificación del Ayuntamiento en el que se instaba al promotor del inmueble a que lo desalojara porque no cumplía con varios requisitos legales y de seguridad.
El colectivo de afectados ha decidido convocar una manifestación para el próximo día 30 de enero a fin de que se les facilite una solución ya que, muchos de ellos, no pueden permitirse un alquiler con otras condiciones. Además, ya se han organizado como plataforma y advierten de que van a comenzar a recoger firmas en el municipio y a través de la plataforma change.org, así como otras iniciativas que promoverán con el objetivo de poder continuar en sus viviendas.
Según la concejala de Gestión Urbanística de Santa Lucía de Tirajana, Minerva Pérez, esta orden se emitió al promotor porque el inmueble tenía una carga cinco veces superior a la que soporta en su cubierta. Señala que esto se debe a que dispone de cinco bidones de gasóleo y un motor electrógeno para obtener electricidad en la parte superior. Además, subraya que otro problema es que el agua del edificio, que se suministra a través de cubas.
Por otra parte, el Consistorio destaca que otra irregularidad encontrada es la piscina, que debe estar cubierta “por seguridad”, y apunta también deficiencias en la ventilación del inmueble. También expone que, a pesar de no estar acorde a la legalidad, lo que les importa es “el grave peligro que supone porque viven familias con niños”, puntualiza Pérez.
La concejala afirma que la Corporación municipal ya se ha reunido con el promotor del inmueble y le ha solicitado la documentación del edificio, “como a cualquier constructor”, algo que admite que este presentó el pasado mes de diciembre en el Consistorio. Sin embargo, puntualiza que esta carece de un proyecto eléctrico y de fontanería, y que según han constatado los técnicos, las deficiencias persisten.
Asimismo, Pérez subraya que “la responsabilidad de esta situación es de la promoción privada” y que no es el Ayuntamiento quien debe desalojar sino el propio promotor, por lo que no descartan tener que acudir a la vía judicial si no se le pone remedio.
No obstante, varios inquilinos apuntan que el Consistorio podría ayudar a subsanar estas irregularidades del edificio y reclaman que se tenga en cuenta las circunstancias particulares que atraviesan. El vecino Adargoma Ojeda, por ejemplo, explica que todos ellos cuentan con contratos legales y que se trata de personas que se encuentran al corriente de pago. En este sentido, ve “injusto” que el Ayuntamiento no atienda a los problemas sociales de estas familias así como a sus situaciones económicas, la escolarización de sus hijos...
Ojeda explica que, tras varios intentos de reunirse con la alcaldesa, Dunia González, consiguieron ser escuchados el pasado 21 de diciembre. Según indica, la primera edil se comprometió a ofrecer alternativas desde los servicios sociales, algo que corroboran desde el propio Consistorio, que asegura que ha estado asesorando a estas familias. No obstante, el Ayuntamiento alega que “no dispone de viviendas” por lo que estas personas se derivan al Gobierno de Canarias y al Cabildo.
El vecino también explica que, cuando firmaron el contrato, no se les explicó de dónde venía el agua y la luz del edificio. Señala que el promotor ya ha retirado los bidones de gasóleo y sostiene que hay informes que indican que el agua de las cubas con las que se suministra el edificio es potable.
Begoña Herrera, otra de las vecinas afectadas, asegura que ha pasado unas navidades “angustiosas” y que, tras ellas, se ha encontrado con el hecho de que el informe que ha emitido el Ayuntamiento, después de que el propietario entregara documentación, “no es favorable”. En este punto, critica que aún no se les haya informado de si se “va a paralizar o no el desalojo”.
Esta inquilina alega que la alcaldesa “está colapsando los servicios sociales”, cuando estas personas no quieren ayudas económicas ni otra casa porque consideran que “ya tenemos una vivienda”, destaca. “No somos okupas”, insiste Herrera, que recuerda que tienen un contrato de alquiler y que seguirán movilizándose para continuar viviendo en este lugar.
El colectivo de afectados cuenta con el apoyo de plataformas como Santa Lucía Responde o Telde Responde. Su portavoz, Arístides Rodríguez remarca que las únicas víctimas “que no tienen culpa de esta situación” son estos vecinos y, por tanto, cree que Ayuntamiento y promotor deben buscar una solución.
Los vecinos recalcan que “ante los oídos sordos” ya han celebrado varias reuniones informativas y con el objetivo de organizarse. Explican que seguirán movilizándose de todas las formas cívicas posibles para que se les “escuche” y perseguir su objetivo, “seguir viviendo en estos edificios”.