El cierre español de la ruta de los cayucos vía Canarias
Casi una década antes de que la muerte de 368 personas en un solo naufragio en Lampedusa (Italia) sacudiera las conciencias sobre el drama de la inmigración en el Mediterráneo, la otra frontera sur de Europa, Canarias, sufrió un desafío similar.
Situadas a apenas 100 kilómetros de la costa africana, las Islas Canarias conviven con la inmigración irregular por mar desde hace 23 años, desde que en 1994 llegó a Fuerteventura la primera patera (barca pequeña), con dos jóvenes saharauis a bordo. Solo eran una avanzadilla de los que estaban por llegar: primero unos pocos al año, luego decenas, más tarde centenares y, pronto, miles.
Aquellas primeras pateras estrenaron una ruta que en los once años siguientes llevaría a Canarias a 41.829 personas, en su mayoría magrebíes que cruzaban en el mar por la vía más corta hacia las islas más próximas: Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria.
A finales de 2005 se interceptó el primer cayuco, una barca pesquera típica de Senegal y Mauritania preparada para navegar más lejos y con hasta 100 personas a bordo, y todo cambió.
Solo en 2006 llegaron 31.678 personas a Canarias en 515 pateras o cayucos, unas cifras nunca vistas en un archipiélago de dos millones de habitantes: eran siete veces las llegadas de 2005 (4.715) y multiplicaban por cuatro los inmigrantes que durante ese año cruzaron el estrecho de Gibraltar (unos 7.500).
Un cóctel conformado por el refuerzo de las fronteras en Ceuta y Melilla, conflictos en varios países y el hundimiento de las pesquerías que daban de comer a muchas comunidades africanas -y mantenían ocupados los cayucos- había convertido a Canarias en la ruta preferente hacia el nuevo El Dorado: una España en plena bonanza que demandaba mano de obra abundante en la construcción y que acababa de mandar un mensaje que se escuchó en toda África, al legalizar a medio millón de inmigrantes en un solo año.
En España se ganaba en dos semanas lo que en Mali o Guinea en todo un año de trabajo, destaca un reciente informe del Internacional Peace Institute (IPI) sobre el caso de Canarias (Nueva York, 2016).
El poder de esa llamada lo corrobora a Efe uno de los miles africanos que se jugaron la vida en un cayuco en 2006.
“Hablabas con compañeros que ya estaban en España y te decían que ganaban dinero para enviar a casa. Eso te animaba a arriesgarlo todo”, relata Alí Ouattara, que acabó en Fuerteventura tras un año de camino huyendo de la guerra civil en Costa de Marfil.
Pero Ouattara descubrió la realidad la misma noche en que se subió con otras 37 personas cerca de Tan-Tan en un cayuco con un motor de ocasión, de construcción endeble y con un patrón inexperto.
“Al tercer día, el barco tenía vías de agua. Casi perdimos la esperanza de salir de allí. Cuando llegó Salvamento Marítimo éramos como una hoja flotando en el mar. En ese instante me di cuenta del riesgo que habíamos corrido”.
En los años siguientes, Ouattara pudo reagrupar legalmente a casi toda su familia en Fuerteventura, hasta que le denegaron el permiso para traer a España a otro hijo más, el más pequeño. Desesperado, confió en unos pasadores para que lo colaran por Ceuta.
El resto de su historia es conocida: Alí es el padre de Adou, el niño de ocho años al que intentaron pasar en 2015 por el puesto fronterizo de Gran Tarajal metido en una maleta.
“Nunca arriesgaría la vida de un hijo en un cayuco, nunca”, se excusa Outtara, que jura que no sabía que lo meterían en una maleta.
Este trabajador marfileño sabe que tuvo mucha suerte. Miles de migrantes como él perecieron en el intento. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que solo en 2006, el año de la crisis de los cayucos, unas 6.000 personas murieron en el mar de camino a Canarias.
Por cada cinco inmigrantes que llegaron a la costa, uno murió ahogado. Quizás más, dice Ouattara, porque “a muchos se los tragó el océano” sin que nadie supiera de ellos.
El informe del IPI subraya que en ese drama, o más bien en la respuesta que se le dio, radica una de las “lecciones a aprender del caso de Canarias”: España antepuso la operación de salvamento de vidas, primero con sus medios en solitario, luego con ayuda de la UE.
“Primó garantizar el derecho más básico de esas personas, la vida”, corrobora Juan Carlos Lorenzo, el coordinador la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en las islas, una ONG que reconoce que, en el resto de atenciones prestadas a los que llegaban, “se hizo lo que se pudo”.
España recibió refuerzos de Europa a través de su agencia de fronteras, Frontex, pero paradójicamente la ayuda que decantó la balanza provino de África: con los acuerdos de repatriación y, sobre todo, cuando convenció a Mauritania y a Senegal de que permitieran a la Guardia Civil (policía militarizada) española patrullar junto con sus Gendarmerías en sus propias costas para frenar la oleada de cayucos nada más salir.
“Lo cambió todo la implicación de esos países en los acuerdos para establecer patrullas conjuntas y un control de las mafias y los movimientos migratorios”, asegura el teniente coronel de la Guardia Civil Lorenzo Bárez, director del Centro Regional de Coordinación de Canarias, el “cuartel general” que centraliza en Las Palmas de Gran Canaria toda la información de inteligencia sobre el tráfico de personas en la costa occidental de África, creado también en 2006.
El resultado fue espectacular: de casi 32.000 inmigrantes llegados a las islas en 2006 (la mitad de ellos, senegaleses) se pasó a 12.478 en 2007, a 9.181 en 2008, a 2.246 en 2009 y a 196 en 2010, según datos de Frontex.
La misma secuencia vista desde la otra orilla muestra que ya en 2006 se logró interceptar -y devolver a tierra- a 4.290 emigrantes cuando salían de la costa africana. En 2007, a 8.574; en 2008, a 6.659; en 2009, a 2.570; y en 2010, a 365.
En 2016, fueron 671 los inmigrantes arribados a Canarias y 113 los interceptados y devueltos.
Externalizar sus fronteras, incluso donando patrulleras marítimas a los países de la región, le dio resultado a la UE en el caso de Canarias y a España le permitió convertir aquel desafío en una oportunidad para reforzar relaciones con África Occidental, al complementar los acuerdos sobre migración con otros de cooperación internacional, explica Walter Kemp, autor del informe del IPI.
¿Podría funcionar eso mismo en el Mediterráneo? CEAR recuerda que las dimensiones de lo que está pasando allí son mucho mayores y el IPI añade otro dato significativo: España tuvo que tratar con Gobiernos africanos en situaciones distintas, pero nunca con Estados fallidos como puede ser hoy Libia.
Además, el teniente coronel Bárez destaca que la gran mayoría de las personas que llegaban a Canarias en cayuco o patera eran -y siguen siendo- emigrantes que huyen de la pobreza, mientras que en el Mediterráneo hay una gran proporción de personas susceptibles de acogerse a las leyes internacionales de refugio o asilo.
CEAR subraya ese mismo aspecto, para resaltar también lo que supone llevar la frontera de Europa a las costas de África: se frustran los derechos de muchas personas que podrían recibir protección internacional, pero que no pueden pedir refugio si no han llegado a España.
Desde 2008, las entradas de inmigrantes a Canarias por mar se mantienen por debajo de 1.000 al año. De hecho, de 2007 a 2016 han alcanzado las costas de Canarias 26.706 inmigrantes irregulares; es decir, 5.000 menos en una década completa que solo en 2006.
Catorce patrulleras de Senegal, Mauritania y Guinea Bissau velan por que no parta ningún cayuco de sus costas, con apoyo permanente de helicópteros y personal de tierra de la Guardia Civil y la Policía españolas. Y ahora las pocas salidas de pateras que se producen se concentran en la costa del Sahara Occidental.
“El balance es muy positivo, pero hay que ser conscientes de que no hemos acabado con la inmigración irregular, solo la estamos controlando”, subraya el oficial de la Guardia Civil, mientras señala sobre el mapa las nuevas rutas que se han abierto hacia el Mediterráneo.
“Cuando estrangulas una vía, casi siempre se abre otra”, constata.
En la contención de los flujos migratorios por mar hacia España ha desempeñado un indudable papel otro factor que nadie esperaba hace una década: la crisis económica.
En 2006, España tenía una tasa de desempleo del 9%. Solo siete años después, en 2013, rozaba el 27%.
Si el mensaje de la regularización masiva en España se escuchó en su día en toda África, el del desempleo también se ha propagado. “Desde hace tiempo, si alguien habla desde su país con un compañero que está en España, lo que le cuenta es que no tiene trabajo”, corrobora Alí Ouattara.
