Los ocho jueces de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria han solicitado formalmente al decano de este partido judicial y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que reclamen a las autoridades gubernamentales que sea la Guardia Civil o la Policía Canaria quien se ocupe de la custodia del nuevo edificio judicial de la capital, conocido como Ciudad de la Justicia. Así lo acordaron el pasado jueves sin que se conozca de momento ninguna reacción al respecto.
La Ciudad de la Justicia está siendo vigilada desde su inauguración, en enero pasado, por la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que tiene vivos en ese mismo edificio decenas de pleitos en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal y contencioso-administrativa), el último de ellos una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto fraude fiscal en el pago de emolumentos a sus empleados.
Los jueces prefieren que las nuevas instalaciones vuelvan a estar custodiadas por la Guardia Civil, como ocurriera hasta hace pocas semanas con el edificio de la calle Granadera Canaria, que el Gobierno regional dedicará ahora a dependencias de la Consejería de Educación. En caso de que la Guardia Civil alegara falta de efectivos, los magistrados proponen que sea la Policía Canaria quien se ocupe.
Seguridad Integral Canaria se hizo cargo de la custodia de la Ciudad de la Justicia casi de modo automático al no haber caducado el contrato que mantiene con la Consejería de Presidencia por el que custodiaba las numerosas sedes alquiladas en las que hasta ahora se encontraban dispersos los juzgados del partido judicial. Así lo confirmó a este periódico una fuente autorizada de la empresa.
La Ciudad de la Justicia está custodiada por un promedio de cuatro vigilantes de seguridad en cada uno de los tres turnos diarios, según la Viceconsejería de Justicia.
La Guardia Civil se retiró de la vigilancia del edificio judicial sin que haya habido explicaciones a los jueces. De manera oficiosa saben que no había problemas desde el instituto armado para continuar con esa tarea, pero la Delegación del Gobierno ordenó que cesara.
Por su parte, la Policía Canaria tiene entre sus cometidos legales la custodia de edificios públicos propiedad de la Comunidad Autónoma, como es el caso.