Las claves detrás de la enésima crisis interna del Hospital Insular de Gran Canaria
El Hospital Insular de Gran Canaria ha vivido una de las semanas más convulsas de sus cuarenta años de historia. La decisión de la cúpula de recurrir a facultativos de servicios quirúrgicos para reforzar las guardias de urgencias ante la sobrecarga asistencial por la alta incidencia de COVID-19 en esta sexta ola prendió la mecha. La directora médica, Mercedes Prieto, echó más gasolina al fuego señalando públicamente a cuatro cirujanos vasculares por “no querer colaborar” con la medida adoptada. La crisis acabó por estallar con una carta, finalmente firmada por 110 facultativos del complejo, pidiendo la dimisión o destitución del equipo directivo por su “pésima gestión”. La réplica la dieron nueve jefes de servicios quirúrgicos con otro escrito para defender la decisión de la gerencia, la correcta atención a los pacientes a pesar de la saturación y lamentar la “alarma social” generada.
Bajo esta revuelta subyacen conflictos larvados en el tiempo, más profundos y nunca atajados por los sucesivos gestores de un centro hospitalario que atiende a la ciudadanía de la zona sur de Gran Canaria. Algunos profesionales llevan años advirtiéndolo. El caos del servicio de urgencias es el síntoma de los males que aquejan al complejo, donde se manifiestan los problemas, pero no el origen. Estas son algunas de las claves de esta última crisis.
El detonante
La dirección decidió a principios de la semana pasada reorganizar la actividad del centro para atender la creciente demanda asistencial de pacientes con COVID-19. Para ello, emplazó a determinados servicios médicos (Digestivo, Alergología, Cuidados Paliativos, Nefrología...) a reforzar las guardias de Medicina Interna y, en consecuencia, las plantas reservadas a la hospitalización de personas ingresadas con el virus. A los servicios quirúrgicos, incluidos Ginecología y Obstetricia, les asignó la labor de apoyar los módulos F y G de urgencias. Es decir, unidades donde no se atiende a pacientes sospechosos de padecer esa enfermedad. El objetivo era liberar a las adjuntos del servicio de la sobrecarga laboral que están padeciendo.
La negativa de un servicio quirúrgico
Esta última medida se implementó el viernes 25 enero. Ese mismo día, el jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular remitía un escrito a la dirección médica en el que ponía su cargo a disposición de la gerencia tras anunciar su negativa y la de los cuatro facultativos que hacen guardias en esta especialidad a reforzar las urgencias. Los sanitarios aducían problemas “crónicos” de plantilla (“a duras penas cubrimos nuestras guardias”, dijeron) y razones éticas y deontológicas, al entender que no estaban preparados para ofrecer una atención adecuada a los pacientes en urgencias, dado que la especialidad en la que se han formado no es esa.
La respuesta de la dirección
Unas declaraciones de la directora médica del Insular, la ginecóloga Mercedes Prieto, en la Televisión Canaria, precipitaron los acontecimientos. ''Todos los trabajadores del complejo se están batiendo el cobre para sobrellevar esta sexta ola y dar a nuestros pacientes la mejor atención que podemos. Solo hay cuatro personas que no han querido colaborar con esta asistencia'', dijo el pasado sábado., señalando públicamente a los especialistas de ese área. Una de ellas, Irene Justo, publicó esa misma noche un mensaje en sus redes sociales que tuvo una amplia difusión entre la comunidad sanitaria. ''No nos quiera poner en contra del resto de compañeros porque no lo va a conseguir. No somos cuatro, somos muchos más, pero el miedo a sanciones es respetable'', escribía en ese post de Facebook.
La petición de dimisión
A principios de semana, facultativos de las áreas quirúrgicas, de anestesia y de urgencias comenzaron a mover un escrito en el que solicitaban la dimisión o destitución del equipo directivo del complejo hospitalario por su “pésima gestión”. “La pandemia pasará, pero si no hacemos algo ahora, la endemia de la desidia, el despropósito y la inoperancia por parte de los gestores se quedará instalada para siempre”, recogía ese escrito que responsabilizaba del “caos actual” y del “crónico deterioro” no solo a los actuales directivos, sino a sus predecesores. Esa carta fue firmada finalmente por 110 médicos especialistas del complejo.
La réplica de los jefes
La réplica a ese documento llegó de la mano de nueve de los diez jefes de servicio que acudieron a una reunión el pasado martes para abordar la situación generada. Lo rubricaron todos los asistentes excepto la responsable de Ginecología y Obstetricia (su nombre apareció por error en el comunicado difundido, ya que durante el encuentro expresó su desacuerdo con la cúpula). En ese escrito, los jefes de servicios quirúrgicos respaldaban la decisión adoptada por la dirección médica para reforzar las urgencias, garantizaban una adecuada atención a los pacientes del complejo y lamentaban la “alarma social” creada.
Otros escritos
El Colegio de Médicos de Las Palmas se sumó este jueves al cruce de escritos con un comunicado en el que insta a la Consejería de Sanidad a “tomar cartas en el asunto” para acabar con la “improvisación” en la gestión y, en consecuencia, con el clima de crispación. La organización colegial propone la creación de un “departamento de organización de carácter multidisciplinar, profesionalizado, con dedicación exclusiva y estabilidad laboral” que se dedique a “solucionar los grandes problemas que tiene el Hospital Insular”. Además, conmina a los profesionales a denunciar las deficiencias “de forma escalonada”, dejando a la prensa en último lugar, para “no deteriorar la imagen” del centro hospitalario.
También se ha posicionado sobre la última polémica el servicio de Ginecología y Obstetricia del Materno Infantil de Gran Canaria a través de una carta firmada por 60 médicos, la inmensa mayoría de su plantilla, y presentada este viernes. No se niegan a reforzar las guardias de urgencias, pero advierten de que su formación “altamente especializada” les puede limitar “para el correcto diagnóstico y tratamiento de algunos patologías pertenecientes a otras especialidades” y recuerdan que sus seguros de responsabilidad civil no cubren la asistencia en áreas distintas a las de Ginecología y Obstetricia. Por ello, reclaman formación (mediante sesiones clínicas de actualización y la difusión de protocolos de actuación en urgencias), además del compromiso por escrito de la dirección médica para eximirles de responsabilidades en caso de que se produzca un error en el desempeño de esa tarea.
El debate de la última polémica
La última polémica ha encendido el debate. La dirección defiende que todos los médicos del complejo, incluidos los del área quirúrgica, están capacitados para trabajar en urgencias. Asegura, además, que se trata de una medida extraordinaria y transitoria, sujeta a la evolución de la sexta ola y que ya se ha adoptado en otros hospitales de España a lo largo de la pandemia para aliviar la saturación en las áreas más tensionadas. “Lo que se nos pide no es que seamos médicos de urgencia, sino colaborar, echar una mano”, decía esta semana en COPE Canarias Daniel Rodríguez Pons, jefe de servicio de Neurocirugía, uno de los firmantes.
Los detractores de la medida, en cambio, esgrimen que los cirujanos están “altamente especializados” y que algunos de ellos llevan hasta veinte años sin pisar las urgencias. Denuncian, además, que con esta medida se resiente aún más la actividad quirúrgica del complejo, que ya ha tenido que verse reducida, en aplicación del plan de contingencia por la pandemia, con la suspensión de intervenciones programadas y que las plantillas de los servicios ya están mermadas. Achacan la última controversia a una “falta de planificación” y entienden que, después de dos años de pandemia, tenía que haberse previsto ya una alternativa. En este sentido, apuntan que en otros complejos hospitalarios se formó a cirujanos de distintas especialidades en el tratamiento de pacientes con patología COVID y se creó un pool para recurrir a ellos en los picos de incidencia de la enfermedad.
El trasfondo
La crisis en el Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria tiene un trasfondo mayor y tiene que ver con el modelo de gestión instalado en el complejo desde hace años y un descontento que fuentes del centro califican de “mayoritario”. Lo advierte el escrito firmado por 110 facultativos e incide en ello el texto que acompaña la iniciativa de recogidas de firmas iniciada este viernes en la plataforma Change.org, que lleva más de 300 firmas en las primeras seis horas . También lo señala el Colegio de Médicos de Las Palmas cuando habla de “constante improvisación”, de falta de una visión a largo plazo para solventar las deficiencias que lastran la actividad del centro.
Hay una imagen ilustrativa. En el suelo de los pasillos de urgencias del complejo unas pegatinas con numeración indican el lugar que deben ocupar las camillas. Se ha institucionalizado una práctica que debía ser una excepción pero que se ha convertido en una estampa habitual. Una vez obtenida el alta en urgencias, los pacientes que tengan que ser ingresados en planta del hospital o que deban ser derivados a un centro sociosanitario permanecen días en camillas en los pasillos a la espera de que se liberen camas. La falta de respuesta a las históricas demandas del servicio ha provocado un éxodo masivo de médicos en urgencias en los últimos años. Hasta 36 lo han abandonado en el pasado lustro.
“El Insular se ha convertido en un hospital de enfermedades crónicas que saturan el sistema y no permiten dar salida a la alta demanda asistencial, obviamente acumulada en inaceptables listas de espera donde abundan los cánceres, las isquemias, los aneurismas y un largo etcétera de patologías no demorables”, reza el escrito firmado por 110 médicos. Los adjuntos de urgencias llevan años advirtiendo de que el colapso se manifiesta en su servicio, pero se origina en las plantas de hospitalización porque la rotación de camas no es ágil, no se liberan plazas de agudos con la celeridad que exige un hospital de tercer nivel en el que hay que atender múltiples patologías. La situación se complica tras los fines de semana, cuando disminuye el número de altas médicas en los servicios especializados del complejo.
A los problemas estructurales del complejo, de falta de espacio y personal, se le añade la complejidad de mantener pacientes que, requiriendo asistencia sociosanitaria, permanecen ingresados, en ocasiones hasta años, en las plantas del hospital porque no hay lugar a donde derivarlos. Esta semana había unos 60 en el centro, aproximadamente el 10% de la dotación de camas de hospitalización del complejo de referencia de la zona sur de Gran Canaria.
No es el único problema que atenaza al complejo. Con la última polémica han comenzado a aflorar en foros profesionales la deficiencias y conflictos latentes en diferentes áreas. Se reclama un plan de inversiones para el centro que vaya más allá de la anunciada nueva torre del Materno Infantil (ya presupuestada) y de la ampliación del edificio del Hospital Insular con la cesión del antiguo Colegio Universitario de La Palmas (CULP). Los profesionales instan a la Consejería de Sanidad a “recuperar y reformar para la asistencia espacios ya existentes con más recursos humanos”, a escuchar a sus trabajadores, a cuidar de ellos y evitar el síndrome del trabajador quemado y las situaciones de hostilidad en determinados servicios. Todo ello, insisten, redundará en la calidad de la asistencia prestada a los pacientes del centro.
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