El Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente una Ley de Memoria Histórica con carácter autonómico. Se trata de una oportunidad para respaldar la labor de las asociaciones de víctimas que llevan luchando por esta causa incluso desde antes de que existiera la norma estatal. Desde septiembre de 2017 se ha tramitado en la Cámara Regional esta ley, que finalmente se aprobó sin que se admitieran la mayoría de las enmiendas de Podemos, que votó en contra al entender que se ha perdido una “oportunidad única” de hacer un texto mejorado al que había elaborado el PSOE hace más de diez años.
Concretamente, de 70 enmiendas presentadas, seis pertenecían al grupo parlamentario mixto, 10 a Nueva Canarias, 12 al PSOE, CC presentó una, Podemos 41, mientras que el PP no presentó ninguna. La formación morada ha sido muy crítica, ya que cree que no se han recogido las principales reivindicaciones que le trasladaron las asociaciones de memoria histórica en un principio y considera que es una oportunidad perdida de haber sacado adelante una ley más completa. La mayoría de decisiones se delegan en una comisión técnica que, según una disposición adicional, finalmente establece un plazo de tres meses para que esté constituida.
La ley canaria delega numerosas acciones a una comisión técnica, que se creará en el plazo de tres meses. La asociación Ranz- Orosas, que inició una batalla judicial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por mantener un monumento en homenaje al dictador Franco, espera que el catálogo de vestigios que se elaborará incluya esta escultura así como “su inmediata redefinición”, de conformidad con el espíritu del preámbulo “en el sentido de que la historia no puede construirse desde el olvido de los más débiles y el silencio de los vencidos”. Por ello, señala que la democracia canaria debe exhumar a sus olvidados.
Presupuesto
La Ley autonómica ha sido aprobada después de que en los últimos años el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) la derogara de facto al concederle cero euros. Al carecer de ficha financiera fijada en la propia norma, pudo hacerlo. La ley canaria (aunque garantiza que se destinará una cuantía todos los años) nace también sin un presupuesto fijo, por lo que se corre el riesgo de que el político que llegue a la Presidencia no le haga falta derogarla para dejar de poner en marcha las medidas que contempla, ya que aunque no la deje a cero euros, sí puede hacer un gran recorte.
Para el próximo año, en los presupuestos autonómicos se suben las partidas para memoria histórica en tan solo 19.500 euros (que se añaden a los 100.000 que ya se venían destinando), lo que ha hecho sospechar a la diputada de Nueva Canarias Esther González de la intención de esta ley proclamada a bombo y platillo y así lo dejó de manifiesto en el último pleno.
Una ley que no sanciona
Una de las principales críticas a la ley estatal es precisamente que no incluye sanciones por incumplirla, lo que permite que en Canarias, por ejemplo, aún existan numerosas calles en honor a personas relacionadas con el Régimen o que haya un monumento dedicado al dictador Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife. Los ayuntamientos pueden ser denunciados por no cumplirla, pero a priori no hay unas sanciones a las que teman si no se adaptan a la norma.
Al igual que en la ley estatal, en este texto se recoge que hay que realizar un catálogo de calles y vestigios franquistas, retirar la simbología de la dictadura así como anular los nombramientos y distinciones a las personas vinculadas con la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Banco de ADN
Banco de ADNUno de los aspectos positivos de la ley autonómica es la creación de un banco de ADN que sirva para la identificación de las víctimas. Dependerá del órgano al que estén adscritos los Institutos de Medicina Legal de las Islas y podrán establecerse convenios con otras administraciones o entidades para intercambiar información. Este banco se podrá utilizar también a efectos de identificar a los bebés desaparecidos y sus posibles familias.
Un mapa de fosas
La ley establece que se hará público un mapa de fosas de Canarias, que se mantendrán actualizados en la página web del Gobierno regional. No obstante, se trata de un punto que ya venía redactado en la norma de Zapatero de 2007. En su artículo 2 destaca: “Las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se refiere el artículo anterior, incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos.” Si bien es cierto que en la página web del Gobierno de Canarias existía un apartado dedicado a memoria histórica, en los últimos años no se ha actualizado demasiado.
Protocolo de exhumaciones
Es cierto que en Canarias se ha llevado a cabo la exhumación de víctimas del franquismo en varios puntos, como en los pozos de Arucas y Tenoya así como en la isla de La Palma. No obstante, aún quedan muchas más zonas. En estos momentos, el Cabildo de Gran Canaria está estudiando la viabilidad de exhumar la fosa común de Vegueta y también hay un proyecto para estudiar la exhumación de la Sima de Jinámar.
Según la nueva ley, se ha dado un margen de seis meses desde su entrada en vigor para que se establezca un protocolo de exhumaciones.
No recoge un Instituto Canario de Memoria Histórica
Uno de los fallos de la Ley, a juicio del diputado de Podemos Manuel Marrero, es que se rechazó la propuesta de crear un Instituto Canario de Memoria, con una sede física, personal y presupuesto, que ayude a enseñar lo que ocurrió y al que se pueda acercar cualquier persona que necesite ser asesorada o tenga alguna duda. Este punto queda sustituido por un centro virtual.
Lenguaje
Manuel Marrero considera además que hace falta contextualizar la Ley, con algunos párrafos que hagan referencia directa a Canarias y lo que ocurrió. Señala que otro de los aspectos negativos es el lenguaje que se utiliza en su redacción al emplear, a su juicio, numerosos eufemismos. Por ejemplo, critica que no se habla de Golpe de Estado en ningún momento.
Bebés robados
La única formación que no apoyó la Ley, Podemos, también echa en falta que se recojan las demandas que presentaron para reparar también a las víctimas de los casos de bebés robados. En vista de que no se aceptó su propuesta de Ley Integral que recogiera también las reivindicaciones de este colectivo, ha decidido empezar la tramitación de una ley específica para estas víctimas. En dicha norma pide la creación de una unidad policial que se dedique a investigar este asunto y para ello pide una partida de 200.000 euros que permita ponerla en marcha.