El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este martes en la sede del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife a cinco representantes de la plataforma Canarias se agota, una de las organizaciones convocante de las manifestaciones del 20A y que ha tachado el encuentro de “decepcionante”.
En declaraciones a EFE uno de los portavoces de Canarias se agota, Víctor Martín, ha señalado que la situación es “prácticamente igual que antes de la reunión”, pues no han apreciado “ninguna voluntad” de cambio por parte de Clavijo, del que consideran que “venía con el discurso aprendido”.
Se quejan los miembros de Canarias se agota de que el Gobierno de Canarias remita a los alcaldes de Adeje y Granadilla sobre la paralización de las obras de Cuna del Alma y del hotel La Tejita, en el sur de Tenerife.
La reunión se ha producido tras la petición de mediación realizada este lunes por parte de la plataforma al Diputado del Común, Rafael Yanes, y tres días después de las multitudinarias manifestaciones en Canarias por un nuevo modelo turístico.
Clavijo afirmó este lunes que el Gobierno “poco puede hacer” en el caso concreto de estos dos hoteles en obras dado que las licencias y el planeamiento depende de ambos ayuntamientos. Sin embargo, en el caso de Cuna del Alma, técnicos del Cabildo de Tenerife constataron hace ya dos años en un demoledor informe que las obras habían cometido una infracción grave al destruir al menos un yacimiento arqueológico. Al ser considerada grave, el Cabildo, como manda la ley, trasladó el expediente al Gobierno canario, concretamente a la Dirección General de Patrimonio. Fue ella quien en la pasada legislatura ordenó la paralización cautelar e inició el expediente de sanción. Y ahora el nuevo Gobierno canario, con Clavijo a la cabeza, lo ha dejado caducar.
Pese a que el Gobierno canario puede paralizar estas obras, Clavijo insiste en señalar a los ayuntamientos como los únicos con potestad para ello. Clavijo ha dicho que el objetivo es “poder buscar soluciones y que sean ellos [los ayuntamientos] los que digan lo que quieren hacer” pues fueron los que planificaron la obra y clasificaron el suelo y “digan lo que quieren hacer”. “Nosotros como gobierno lo que vamos a acompañar y ayudar en lo que se quiera hacer”, ha destacado.
En cuanto al hotel de La Tejita, la última orden de paralización llegó después de constatar que la empresa Viqueira estaba realizando obras en una zona que había sido incluida en 2021 dentro del dominio público marítimo terrestre, y, por tanto, necesita un permiso del Gobierno canario para trabajar ahí. Esa nueva licencia, la requerida para trabajar sobre dominio público marítimo-terrestre, es la que Viqueira aún no tiene.
Clavijo ha afirmado que el anterior Gobierno de Canarias “intentó intervenir y el juzgado los ha condenado” de tal manera que “probablemente” haya que afrontar “indemnizaciones millonarias” por una “intromisión” en este proceso. Sin embargo, la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Dirección General de Costas admite que hay tres sentencias favorables a la empresa, pero apunta que dos de ellas simplemente se refieren al procedimiento sancionador incoado por el Ejecutivo regional por obras presuntamente ilegales en servidumbre de protección que no hacen referencia a las de dominio público. Y el otro fallo judicial es el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la paralización de las obras ordenada por la jefa del Servicio Provincial de Costas, en 2019, ya que con posterioridad se ordenó la suspensión cautelar, esta vez sí, por el órgano competente, esto es, el Gobierno autonómico, en 2021.
Es decir, es el Gobierno canario el competente para paralizar las obras. Además, esas tres sentencias, según Costas, “en ningún caso ampararían” las obras que la empresa pretende levantar en el dominio público marítimo-terrestre. En las mismas se menciona “el derecho a la obtención de una concesión”, pero eso “no puede entenderse como el otorgamiento del mismo”, remacha el texto. Costas llega a esta conclusión partiendo de un informe de la Abogacía del Estado de finales de 2021 que rechaza otorgar a la promotora del hotel de la Tejita los títulos habilitantes requeridos para continuar la edificación del complejo hotelero.
La empresa, basándose en esas sentencias, reanudó las obras justo en la franja del dominio público marítimo terrestre hasta que un grupo de activistas ocupó esa zona pública y obligó a paralizar los trabajos.