Coalición Canaria se escuda en la inflación para aumentar de forma urgente el gasto en conciertos con clínicas privadas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, gestionada por Coalición Canaria (CC), ha propuesto modificar por vía de urgencia el sistema de elaboración de presupuestos de los convenios y conciertos suscritos por el Servicio Canario de Salud (SCS) con hospitales y clínicas privadas. El departamento liderado por Esther Monzón utiliza el “imprevisible e inesperado” aumento de los costes de los materiales y de la energía, que cifra “desde mediados de 2021” por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, para acelerar ahora, a principios de 2024, un cambio en las tarifas máximas que sirven de base para estimar el presupuesto de estas derivaciones. El Ejecutivo regional calcula que el desembolso anual en este ámbito asciende a 128,82 millones de euros anuales; con la nueva orden, aún por aprobar, ese valor ascendería hasta los 138,77, 10 millones más, según la predicción del Gobierno canario.

El Proyecto de Orden del SCS considera que se trata de una necesidad “imperiosa” puesta de manifiesto en los últimos meses por la mayoría de las entidades que prestan servicios de esta índole. De acuerdo con el documento, las compañías ven “inviable” atender la demanda “a los precios que se vienen abonando”, pues la tendencia alcista de los importes “ha impactado directamente en la estructura de costes de los servicios asistenciales” y generado “un profundo desajuste entre las condiciones económicas pactadas en su momento y las que concurren ahora”. El informe enfatiza que “para mantener el equilibrio de las prestaciones sin socavar la viabilidad de las empresas” hay que actuar en esta línea. Y detalla que la afección más “relevante” ha sido la de los gastos del personal, que “suponen un 70% de la facturación correspondiente”.

El texto intenta justificar la “urgencia en la tramitación” en el apremio por reducir las listas de espera (tanto las quirúrgicas como las correspondientes a especialidades médicas y pruebas diagnósticas complementarias) a través de los centros privados, “los cuales exigen precios actualizados para aceptar tales derivaciones”. Sanidad apostilla que esta situación se ha agravado como consecuencia de la crisis de coronavirus. Pero conviene recordar que Canarias lleva años encabezando en España la clasificación de las listas de espera más largas. La situación no es nueva.

Por otro lado, el futuro sistema de presupuestación será de aplicación para los conciertos en vigor y los posteriores hasta nueva orden. La norma propuesta viene a derogar parcialmente la que regulaba anteriormente este asunto, firmada en 2013. El Gobierno de Canarias no tiene ninguna obligación de reformar las tarifas de los conciertos sanitarios. Pero ese año lo hizo porque no resultaba “aconsejable” que la revisión de los mismos se realizara “automáticamente en función del IPC”. Y en esta ocasión lo ha hecho por los motivos esgrimidos.

La proposición apenas duró 12 días en exposición pública, entre el 29 de diciembre de 2023 y el 9 de enero de 2024. Fuentes oficiosas consultadas por este periódico critican la escasa duración para estudiar el proyecto y presentar alegaciones y el momento en que fue difundido, en plenas fiestas navideñas. La otra normativa relativa a la Consejería de Sanidad que figura en la página de Participación Ciudadana del Ejecutivo autonómico es la que establece los requisitos que deben cumplir los centros y servicios sanitarios sin internamiento. Estuvo en información pública desde el 13 de octubre de 2023 hasta el 3 de noviembre, 22 jornadas completas.

El cálculo que ha hecho el SCS para proyectar un incremento económico de casi 10 millones de euros procede del Sistema de Información de Conciertos Hospitalarios (SICH). Esa base de datos estima cuánto dinero ha sido destinado en conciertos sanitarios en 2023 por área, tipo de prestación, número previsto de consultas mensuales e importe acumulado de cada una de ellas. La cifra asciende a 128,8 millones de euros, 30 millones menos que la calculada por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina a los principales operadores privados en el ámbito de la salud en España, en el área de “conciertos con instituciones cerradas” (159,5 millones).

No obstante, con las modificaciones de las tarifas que prevé el SCS, el nuevo registro alcanzaría los 138,4 millones de euros, un 7,94% más. Esto se debe al aumento en prestaciones clave. Por ejemplo: en 2023, el SICH tasó en 170 y 154 euros el gasto por noche durante los primeros 60 días en las unidades de media estancia de las clínicas privadas de Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. Con la nueva orden, el importe máximo alcanzaría los 175 euros. Otro caso: la derivación por asistencia sanitaria urgente hospitalaria costó en la isla grancanaria 115 euros por paciente y en la tinerfeña supuso 76,33. El proyecto de ahora prevé que la tasa más alta de este servicio sea de 122 euros. En la tabla siguiente pueden apreciarse más cambios.

De este modo, el dispendio en derivaciones para consultas, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas superaría los 115,36 millones de euros anuales con los nuevos precios, cuatro más que los anteriores (111,08). El coste también aumentaría en las actuaciones de rehabilitación (13,22 millones frente a 9,4), resonancias magnéticas (7,18 millones ante 6,4) y logopedia (2,7 millones por 1,93). A recordar que estos son estimaciones del servicio de Gestión de Información Contable y Análisis Microeconómico del SCS. La cantidad final podría variar.

El Gobierno canario ha celebrado las futuras tarifas. Cree que tendrán un “impacto económico positivo en el entorno socioeconómico” de las Islas ya que van a repercutir en “los procesos de contratación que se inicien” en las entidades sanitarias. Al establecer los precios máximos de licitación de los expedientes de concertación, las empresas contarán con “seguridad jurídica” y se “restablecerá el equilibrio económico” que “debe primar en la contratación administrativa”, defiende el Ejecutivo. También “contribuirá a la mejora de la concurrencia” de las clínicas privadas y “permitirá atender la demanda asistencial existente en beneficio de los usuarios de tales usuarios: los pacientes del SCS”.

El Proyecto de Orden llega poco más de medio año después de que CC asumiera la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, el área con mayor presupuesto, más de 4.000 millones de euros. En este tiempo, el presidente regional, Fernando Clavijo, anunció que el gobierno que preside “no tendrá ningún complejo en concertar” servicios con la sanidad privada. “Lo que quiero es que el ciudadano pueda elegir”, que disponga de “alternativas” cuando tenga que someterse a intervenciones quirúrgicas. “Esa es la justicia social que defendemos”, dijo Clavijo en un foro celebrado en octubre. Según recogió la agencia Efe, el líder de CC también aseguró en ese evento que la sanidad privada es “un reclamo importante para empresas que quieran operar en Canarias”.

El presidente hizo estas declaraciones después de haber acusado en campaña electoral al anterior Ejecutivo autonómico, liderado por el PSOE, de gastar “cada vez más” en conciertos con la sanidad privada y de “impulsar la privatización de la sanidad en el Archipiélago”. Pero lo datos de la Fundación IDIS señalan lo contrario: las derivaciones perdieron peso entre 2018 y 2021.