Los datos desmienten a CC: los conciertos con las clínicas privadas pierden peso en la sanidad canaria
“Fernando Clavijo acusa al PSOE de gastar más que nunca en sanidad privada”. Era el titular que difundía este lunes Coalición Canaria en una nota de prensa para criticar la gestión del Gobierno regional en materia sanitaria y el aumento de las listas de espera. Entre otras aseveraciones, el candidato de CC decía en ese comunicado que la actuación del Ejecutivo durante esta legislatura se ha basado en “contratar más servicios externos para dar una apariencia de normalidad” o que “la realidad es que cada vez se gasta más en conciertos” con las clínicas privadas, sin aportar las cifras.
Los datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la fundación que aglutina a los principales operadores privados en el ámbito de la salud en España, desmienten a Clavijo. Los informes que publica cada año revelan que los conciertos con las clínicas privadas han perdido peso en las Islas. En 2018, el último año completo de CC en el Gobierno regional, el 9,3% del gasto público en sanidad fue para las derivaciones. En 2021, último ejercicio del que ofrece datos el informe recientemente publicado por esa fundación, ese porcentaje se había reducido al 7,3%.
Ese descenso se ha producido por dos circunstancias. Por un lado, porque, con la salvedad del primer año de la pandemia, donde hubo un descenso notable de las derivaciones, el gasto en conciertos sanitarios se ha mantenido prácticamente en los mismos números desde el cambio de Gobierno en 2019 después de sucesivas subidas. Y, por otro, porque los presupuestos del Servicio Canario de Salud (SCS) han aumentado de forma considerable, tal y como admite en la misma nota CC para afear al Gobierno su gestión en un departamento que mueve ya cerca de 4.000 millones al año.
Hace una década, Canarias destinaba más del 10% del gasto sanitario público a los conciertos. En 2012 las clínicas privadas facturaron 253 millones por esta vía. Con CC en el Gobierno regional, la partida de derivaciones fue incrementándose progresivamente hasta alcanzar los 288 millones en su último año. En términos porcentuales, nunca bajó del 9% durante esa etapa. Ni siquiera en 2016, el único ejercicio completo de los socialistas al frente de la Consejería de Sanidad durante la anterior legislatura. Ese año el gasto en conciertos bajó de los 276 a los 259 millones de euros.
El pacto que CC y el PSOE habían suscrito tras las elecciones de 2015 se rompió a principios de 2017 tras una serie de desavenencias, principalmente vinculadas con las cuentas sanitarias. El entonces presidente Fernando Clavijo expulsó a los consejeros socialistas y puso al frente de la Consejería a José Manuel Baltar, que en aquel momento era gerente de Hospitales San Roque y vicepresidente de la patronal de clínicas privadas y que había sugerido en una entrevista en la radio que con 16 millones de euros más en conciertos se acababan las listas de espera. En esos dos años, el gasto en derivaciones a la privada aumentó en casi 30 millones (de 259 a 288), un 11%.
En 2019 se produjo el cambio de Gobierno y la entrada del PSOE en la Consejería de Sanidad. Ese ejercicio, el gasto en derivaciones a la sanidad privada fue prácticamente idéntico al anterior. Solo subió en un millón, hasta los 289 millones, según los datos recogidos en los informes de la fundación IDIS. Luego irrumpió la Covid-19 y esa partida se redujo de forma notable el primer año (hasta los 255 millones) para volver a subir el segundo hasta valores cercanos a los previos a la pandemia (285 millones).
Fue precisamente ese incremento del primer al segundo año de pandemia el que llevó a Ángel Víctor Torres a manifestar en sede parlamentaria que el Gobierno que preside “trabaja bien con la sanidad concertada”. Lo hizo en respuesta a una interpelación del portavoz del PP, Manuel Domínguez, que instó al líder socialista a posicionarse sobre la propuesta de este partido para derivar de manera obligatoria a las clínicas privadas las pruebas diagnósticas o cirugías preferentes con una lista de espera superior a un mes.
En esa comparecencia, que tuvo lugar a finales de diciembre del año pasado, el presidente canario expresó la voluntad del Gobierno de actualizar la orden, en vigor desde 2003, que fija los plazos máximos de repuesta a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del SCS según la prioridad de la intervención y abre la opción de derivar a las clínicas concertadas para garantizar su cumplimiento
En cualquier caso, con el gasto en conciertos en cifras muy similares a las del último año de CC en Sanidad (con la excepción mencionada de 2020), su peso ha descendido porque el gasto sanitario público se ha incrementado y, además, en cantidades elevadas. De 2018 a 2021, en casi mil millones de euros (de poco más de 3.000 a casi 4.000).
Mayor grado de privatización
En el comunicado difundido el pasado lunes, CC hacía alusión al último informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que volvía a situar a Canarias en el vagón de las comunidades con el mayor grado de privatización junto a Madrid, Catalunya y Baleares. Lo cierto es que el Archipiélago siempre ha estado en ese grupo. Lo precisa el mismo documento cuando resalta que hasta 2021 Canarias y la Comunidad Valenciana se sucedieron en el último puesto. En el último trienio, el Archipiélago se ha movido entre el tercero y el cuarto por la cola.
El gasto en conciertos es uno de los criterios de valoración de esos informes, que también miden otras variables como el porcentaje de personas con seguro privado de salud o el gasto de bolsillo de la ciudadanía en sanidad privada. Y es precisamente a estos segundos indicadores a los que se refieren expertas como Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía de la Salud por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), cuando hablan de un “proceso de privatización acelerado” en la última década y del riesgo de “desnaturalizar el mayor logro del Estado del Bienestar”, la sanidad pública.
Los datos de la fundación IDIS apuntan que en los últimos diez años el número de asegurados en Canarias ha aumentado casi un 65% (de los 275.260 a los 453.685) y que el volumen de primas ha subido en un 90% (de los 185 a los 353 millones). Desde el inicio de la pandemia, en las Islas han contratado seguros privados de salud 35.692 personas más (un incremento de un 8,5%) y las empresas que comercializan este tipo de productos han facturado por las pólizas 49 millones de euros más, un alza del 16%.
En los últimos cinco años, el número de asegurados en el Archipiélago ha crecido a un ritmo del 4% anual, mientras que el volumen de primas lo ha hecho al 6,1%.
Este incremento del aseguramiento privado se debe, principalmente, a los problemas de acceso a la sanidad pública, a las listas de espera para someterse a intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas. Según los últimos datos publicados por el Gobierno de Canarias, a finales del año pasado un total de 34.556 personas esperaban para operarse. La demora media es de 156 días. Es decir, de más de cinco meses. Para consultas especializadas, es de 121 días. Estos datos colocan a Canarias como la peor comunidad en estos indicadores. Además, el aumento de las pólizas de seguro, sobre todo de bajo coste, está provocando también listas de espera en la sanidad privada.
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