El comité de huelga de los trabajadores públicos temporales de Canarias ha pedido este miércoles un mediador ante la ruptura unilateral de las negociaciones en las que estima que ha incurrido el consejero regional de Presidencia, Julio Pérez, respecto del acuerdo para acabar con su precaria situación laboral.
En un comunicado, el comité de huelga de la Administración General del Gobierno de Canarias recalca que ha pasado un mes desde la firma, el 22 de junio, del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo regional el 23 de abril, sin que Pérez haya convocado las mesas de trabajo que desarrollarán su aplicación y pondrán fin a la situación del colectivo, en huelga desde el pasado 11 de enero.
“Por parte de la Administración, y a través de vías no oficiales, como llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, se ha ido dando largas, una inacción que solo demuestra la falta de respeto al órgano de negociación del conflicto y a todos los empleados públicos que representa”, afirma el comité de huelga.
A la vista de los pronunciamientos recientes de Pérez en el Parlamento regional, los trabajadores entienden que el Gobierno canario “ha roto las negociaciones unilateralmente” y, “ante la gravedad de este hecho”, advierte que esta “ruptura supondrá el mantenimiento e intensificación de las acciones y jornadas de paro del colectivo”, lo que afectará a “los servicios públicos y a la gestión de los fondos europeos, de tanta importancia para la ciudadanía, en el grave momento de crisis en el que se encuentra esta comunidad autónoma”.
Además, el comité de huelga ha asegurado que “actuará judicialmente ante cualquier acción o inacción por parte de la Administración que no pase por la puesta en marcha de la negociación derivada del acuerdo alcanzado” y ha avanzado que “emprenderá acciones para la búsqueda de figuras alternativas en la negociación, como puede ser la de una mediador, dada la inactividad del Gobierno de Canarias”.
El colectivo ha denunciado “la falta de voluntad real del Gobierno de Canarias para cumplir sus acuerdos y resolver el conflicto y su despreocupación, desprecio y falta de respecto hacia sus empleados públicos, dilatando innecesaria e interesadamente el inicio de la negociación a costa del sufrimiento y pérdida económica y de salud de los empleados públicos abusados durante años y décadas después de haber desempeñado su trabajo manteniendo los servicios públicos de manera impecable”.
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