La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias lleva más de seis años contratando suministros para los hospitales públicos de las islas de manera irregular. Así se desprende de los reiterados dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo, los dos últimos el pasado 20 de octubre por facturas que suman más de 440.000 euros, en los que se reprende al Servicio Canario de Salud por no respetar los procedimientos legales y utilizar la vía de la revisión de oficio para desbloquear el pago de la deuda adquirida con las empresas proveedoras, según recoge Mírame TV.
Los letrados del Consultivo han advertido, en más de doscientos dictámenes relacionados con la adquisición de suministros de material farmacéutico y sanitario, que “continúan realizándose contrataciones sin seguir las pautas procedimentales legalmente exigidas y tantas veces recordadas por este Consejo”.
Desde el Servicio Canario de Salud se reconoce el problema que existe a la hora de contratar los suministros para los hospitales públicos. Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que, a raíz de la crisis del coronavirus, el pasado mes de septiembre se puso en marcha un nuevo sistema de compra “más ágil y rápido” para la adquisición del material de protección frente al Covid-19. La intención es aplicar este nuevo método para proveer a los centros hospitalarios de los recursos farmacéuticos.
En los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo se describe el modo de proceder que ha seguido el Servicio Canario de Salud en los últimos años. La administración, con la intención de comprar medicamentos y otros materiales sanitarios, se dirige “directamente a las empresas suministradoras solicitándoles la provisión de aquellos, alegando urgencia, sin mediar procedimiento de contratación alguno, ni el de urgencia, pero ni siquiera el de emergencia”. De esta manera se crea “la figura del contrato verbal, en el marco de una situación de hecho de todo punto irregular”.
Una vez que se han entregado los suministros, las empresas presentan las correspondientes facturas y, dado que se ha seguido un sistema irregular a la hora de contratar, el Servicio Canario de Salud “pone en marcha el procedimiento de convalidación del gasto, que incluye la revisión de oficio, para posibilitar la liquidación”. Aquí es donde el problema administrativo engorda. El Consejo Consultivo ha bloqueado esta vía mediante sus informes negativos, que tienen carácter vinculante.
Entre los motivos que los letrados del Consultivo alegan para impedir el pago de las facturas mediante la revisión de oficio destaca el hecho de que esta vía pierde su sentido, al tratarse de un instrumento ideado para que la administración pueda dejar sin validez un acto que esté afectado por una causa de nulidad de pleno derecho, “cuando por razones de una alegada urgencia se decide contratar sin seguir en absoluto el procedimiento legalmente establecido y se cuenta con la expectativa de luego revisar de oficio”.
Este hecho es importante porque no es un caso aislado, algo que también recuerdan con insistencia los informes del Consultivo. “A través de los numerosos expedientes sometidos a su consulta en los últimos seis años, este Consejo tiene constancia de esta dinámica contractual irregular, que invariablemente se repite a pesar de las advertencias de nuestros dictámenes”, recriminan los letrados.
El carácter reiterativo de las irregularidades es otro de los factores que motiva la oposición del Consultivo, al considerar que “choca con el imperativo de excepcionalidad propio del instituto revisor, y también así se utiliza inadecuadamente la revisión de oficio”. Una situación contraria “a los derechos de los particulares”, lo que afecta tanto a las empresas proveedoras como a las competidoras que “no pudieron acceder al procedimiento de contratación porque no fueron llamados”.
Utilizar la vía de la revisión de oficio para convalidar una práctica irregular, concluyen los letrados del Consejo Consultivo, supone “validar globalmente un sistema de contratación desconocedor del principio de libre competencia, con grave lesión de los intereses de unos terceros a quienes se privó de su derecho a participar en la licitación”.
La doctrina del Consultivo añade que “tampoco puede negarse que se comprometen los propios derechos de los ciudadanos si de forma tan recurrente no se vela adecuadamente por la observancia de los principios nucleares sobre los que gravita el sistema de contratación pública”.
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