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El coronavirus se quedó en Canarias en las zonas más ricas

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Singapur ha sido objeto de estudio en la pandemia de coronavirus. Primero como paradigma de efectividad, por su capacidad para controlar el brote con estrictas medidas de confinamiento. En las últimas fechas, sin embargo, ha sido noticia por una eclosión de casos que han destapado la cara oculta del rico país asiático. El virus se ha propagado a una velocidad de vértigo en los barracones donde se hacinan, en condiciones insalubres, obreros extranjeros de baja cualificación. En Nueva York, la zona cero del país con más casos confirmados de COVID-19 del mundo, Estados Unidos, la enfermedad ha impactado con mayor fuerza en los distritos con menos ingresos, en las zonas más desfavorecidas. También se está cebando con la población afroamericana, con más dificultades de acceso al sistema de salud. Grupos de investigación de todo el mundo estudian cómo afectan las condiciones socioeconómicas, las desigualdades, en la propagación de la epidemia. La pobreza aparece como un factor determinante en los estudios.

En Canarias, sin embargo, la evolución de la COVID-19 ha seguido una dinámica peculiar. Los equipos de rastreo han detectado una mayor incidencia de la enfermedad en las zonas donde residen ciudadanos de clase media y media alta. En Gran Canaria, por ejemplo, el municipio que acumula más casos por número de habitantes es también el más rico del Archipiélago. La Villa de Santa Brígida, ubicada en la zona de medianías, acumula 39 casos entre sus 18.263 residentes. Es decir, 2,09 positivos diagnosticados por cada mil habitantes, el indicador más alto de una isla que registra una media de 0,7 entre sus 21 municipios. La última estadística elaborada por la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones del IRPF recoge que la renta bruta media en esta localidad durante el año 2017 fue de 40.994 euros, un 45% más que la segunda en esta lista, Las Palmas de Gran Canaria (28.244). La capital también aparece entre las más afectadas, por encima de la media insular, con 0,83 casos de COVID-19 por cada 1.000 habitantes. En el polo opuesto, en municipios con menos recursos (también habitantes), como La Aldea (16.036), Artenara (17.740) o Tejeda (19.899), la incidencia de la enfermedad ha sido inexistente o mínima. Tan solo un caso en la primera de ellas, según los datos publicados por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud.

Técnicos de Salud Pública consultados por esta redacción confirman que el fenómeno se reproduce dentro de los municipios con más población. En Las Palmas de Gran Canaria, la nube de puntos (casos) es más densa en las zonas donde residen personas con mayor poder adquisitivo, como Mesa y López o La Minilla. En distritos más deprimidos, más afectados por la pobreza y por la exclusión social, la incidencia es menor. Barrios como Casablanca, Zárate o el Polígono de la Vega de San José, ubicados al sur del casco histórico de la capital, apenas contabilizan casos diagnosticados. Según datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, en algunas de estas áreas casi el 23% de la población percibe menos de 416 euros al mes (5.000 euros al año) por unidad de consumo.

La tendencia es similar en la zona de los riscos que rodean los barrios fundacionales de Vegueta y Triana (San Nicolás, San Juan, San José, San Roque y San Francisco), que también alberga a un porcentaje importante de habitantes con ingresos bajos. El caso más ilustrativo es el Valle de Jinámar, donde tampoco ha entrado con fuerza el virus. Este barrio, que pertenece en parte a la capital y en parte a Telde, el segundo municipio en población de Gran Canaria, es el más pobre de la isla. En algunas zonas, más del 26% de sus ciudadanos sobrevive con menos de 416 euros al mes. “Al principio de la epidemia, nos preocupaba mucho la gran cantidad de casas de la capital en las que viven siete u ocho personas con un solo baño”, reconoce uno de los técnicos que ha seguido a diario la evolución de los casos en Gran Canaria.

Las diferencias se aprecian incluso dentro del mismo barrio. En Arenales, los casos se concentran en las viviendas situadas en el entorno de la Avenida Marítima, donde residen personas con alto poder adquisitivo, y se reducen de forma considerable en la parte más alejada de la costa, en el sector donde se acumulan casas terreras que habitan familias de origen humilde. También en Escaleritas, la afección es mayor en la zona baja, en los inmuebles cercanos a La Minilla, que en la parte alta, donde el nivel de ingresos por vivienda disminuye.

En Tenerife, los dos municipios con las mayores tasas de incidencia son Fasnia y Tegueste, con 13,28 y 4,69 casos por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Se trata de las dos localidades en las que se encuentran las residencias sociosanitarias donde se detectaron los mayores brotes de COVID-19 en el Archipiélago. En Fasnia se han registrado desde el inicio de la epidemia 37 casos, de los cuales 26 corresponden a los positivos diagnosticados entre los usuarios del centro de mayores. En Tegueste, situado en el nordeste de la isla picuda, a las puertas del Parque Rural de Anaga, han sido contagiadas 53 personas, aproximadamente la mitad de una residencia.

Al margen de estos dos municipios, en los que la alta incidencia se debe fundamentalmente al condicionante de esos brotes localizados en los centros, el siguiente en la lista es El Rosario, con 50 personas contagiadas entre sus 17.370 habitantes, lo que se traduce en 2,87 por cada 1.000. Esta localidad no solo comparte con Santa Brígida su proximidad geográfica a la capital de su isla y una población similar. También es la más rica, con una renta per cápita de 30.063 euros brutos anuales, casi 3.000 más que Santa Cruz de Tenerife o 5.000 más que Tegueste, la tercera con más ingresos.  La incidencia media insular de la COVID-19 es de 1,62 casos por cada 1.000 habitantes, una cifra que se eleva a los 2,05 en la capital o a 2,81 en Tacoronte, otro de los lugares donde residen los ciudadanos más pudientes de Tenerife, según los datos del IRPF.

Estudiantes retornados

Los técnicos consultados por este periódico coinciden en sus tesis sobre las posibles causas de esta mayor afección de la COVID-19 en las zonas más ricas de Canarias. Lo resume Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y miembro del comité científico asesor del Gobierno regional durante esta crisis sanitaria. “En Canarias, es habitual que las familias de clase alta y media envíen a sus hijos a estudiar fuera, a la Península. Los estudiantes retornados pueden haberse convertido en uno de los principales vectores” de contagio en las Islas junto a profesionales con trabajos que requieren un alto grado de movilidad o colectivos como los sanitarios (médicos y enfermeros) que viajaron en las fechas previas para asistir a congresos.  

“Cuando se decretó el estado de alarma en España (el 14 de marzo) y nos confinaron, el brote (de coronavirus) era muy incipiente en Canarias, así que se quedó en el sitio donde llegó” y no se extendió a las zonas más desfavorecidas, señala la catedrática para explicar por qué el Archipiélago se ha distanciado del “patrón habitual” registrado, entre otros sitios, en Singapur y EEUU, países donde la afección del virus ha sido mayor en los barrios más empobrecidos, entre los trabajadores con baja cualificación y en ciudades donde viven hacinados.

Otras fuentes sanitarias remarcan el hecho de que los picos más altos de diagnóstico de la enfermedad, de pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) positivas, se produjeron en las Islas en torno al 23 y el 24 de marzo, justo dos semanas después de que se suspendieran las clases en Madrid y de que los estudiantes canarios en la capital comenzaran a regresar a sus casas. Una circunstancia que constituye otro “indicio” que apunta a este colectivo como una de las causas de la desigual incidencia de la enfermedad entre las zonas con distinto nivel socioeconómico.

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario ya advertía del riesgo el 12 de marzo. “Ante el previsible retorno a las islas de un considerable número de estudiantes que realizan sus estudios en esas zonas del territorio peninsular (Madrid y País Vasco, las que entonces registraban la mayor incidencia de la COVID-19) y de otros países, se hace necesario intensificar las medidas preventivas tendentes a evitar la propagación del patógeno en nuestra comunidad”, señalaba en un comunicado en el que recomendaba a los estudiantes evitar durante 14 días tras su llegada las salidas (aún no se había decretado el estado de alarma) y el contacto estrecho con otras personas, en especial con los mayores y con aquellas que padezcan inmunodepresión.

La comunidad científica ha situado a la movilidad como la principal variable para explicar la propagación de la enfermedad. En el caso de España, un estudio preliminar del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos de la Universidad de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicos ya establece una correlación entre la conectividad de las provincias españolas con Madrid y las denominadas “siembras múltiples”, esto es, la cantidad de personas “independientes” (no agrupadas) que propagaron brotes locales una semana después de haber viajado desde la capital. Los territorios con mayor vínculo con Madrid son también los que desarrollan más “semillas” de extensión de la enfermedad.

Canarias ha sido la comunidad autónoma española con menor incidencia de la COVID-19 por población, con 107 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. La distribución por islas ha sido desigual. De los 2.377 positivos detectados hasta este último viernes, más del 60%, un total de 1.496, correspondían a Tenerife, con una afección mayor en el norte que en el sur. En Gran Canaria, con una población similar, no llegan a 600. En otras islas, como La Gomera o El Hierro, la incidencia ha sido mínima, lo que les ha permitido, junto a La Graciosa, donde no se ha registrado ningún caso en esta epidemia, erigirse en avanzadilla en el proceso de desescalada de las medidas de confinamiento.

Los epidemiólogos siguen buscando las causas que expliquen esta desigual evolución de la COVID-19 en el Archipiélago. Un estudio apunta como uno de los posibles factores el episodio de calima que sufrió Canarias el fin de semana del 21 al 23 de febrero. Las altas concentraciones de polvo en suspensión obligaron a cerrar durante unas horas el espacio aéreo y las autoridades sanitarias recomendaron a la población que permaneciera en sus casas para evitar exponerse a esos niveles de contaminación, una reclusión que pudo contener el avance del virus. Además, se suspendieron los actos previstos en los Carnavales a excepción de los programados en Santa Cruz de Tenerife para el domingo 23 de febrero. Esta circunstancia pudo facilitar la propagación  en un momento en el que la amenaza de la COVID-19 aún no se percibía como tal, señalan los autores de un artículo enviado a la publicación científica International Journal of Environment Research and Public Health (Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública).

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