El malestar entre los trabajadores y trabajadoras de Dependencia del Gobierno de Canarias ha ido en aumento desde que en el mes de abril los comités de empresa solicitaran la dimisión de la directora general, Concepción Ramírez. Las tensiones se han producido especialmente en Tenerife, donde CCOO ha denunciado que la directora acompaña a los domicilios de los usuarios a los profesionales que realizan las valoraciones para reconocer después el grado de dependencia. Se trata de una medida que desde la Consejería de Bienestar Social afirman que se realizó hace meses cuando se trabajaba en el decreto con el que se pretende agilizar los trámites. No obstante, el sindicato afirma que se han producido acompañamientos recientes y que habrá otro en los próximos días.
Francisco Barrios (CCOO), del comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife, explica que ha solicitado que algún representante sindical pueda estar con el trabajador o trabajadora mientras se realizan esos acompañamientos, pero se les ha negado. “Hay un boicot a los compañeros del sindicato, pero sobre todo a mi persona y a las compañeras que yo represento, porque se nos deniega estar presentes en esas reuniones que tienen con las compañeras, haciendo alusión de que no hace falta un representante porque son tareas de coordinación”, incide Barrios, que afirma estar vetado.
En una información colgada en los tablones del sindicato el pasado 31 de julio se expresaba que la directora general “acompaña a aquellos compañeros y compañeras que informan de incidencias y problemas acaecidos a raíz de las nuevas instrucciones dadas por ella, bien sea por tener agendados recorridos irrealizables y especialmente alejados como por la cantidad de trabajo encomendado, lo que genera acumulación de informes de valoración sin poder ser finalizados”. También se cuestionaba el objetivo de esta medida que desde CCOO han consultado “sin tener respuesta”.
“Consideramos que, lejos de perseguir acciones que vayan en la línea del reciclaje y la formación, es un método intimidatorio y coercitivo dirigido al personal, el cual lleva 17 años trabajando en el servicio, y en el que se parte de una absoluta desconfianza”, señala la nota informativa del sindicato para los trabajadores.
Así mismo, CCOO ve especialmente “grave” que se produzcan “estos acompañamientos” durante el procedimiento de valoración ya que “dificulta que el personal valorador genere el clima de confianza que es necesario para favorecer que las personas usuarias traten temas que conciernen a su intimidad” y añade que “es una medida que vulnera el derecho a la privacidad de las personas usuarias y las exponen a situaciones en que se puedan sentir avergonzadas e intimidadas, obstaculizando la valoración e influyendo en los resultados de la misma”, apunta.
Para CCOO, esta medida “viene a ser la continuación de las acciones represivas de la Dirección General de Dependencia, la cual parece empeñada en generar un ambiente tóxico que está repercutiendo negativamente sobre la salud de los y las trabajadoras y sobre el servicio público que brinda a la población demandante de la dependencia”. Por ello, incide en que la directora “sigue vetando” la interlocución con el sindicato, razón por la que remarca que tendrá que “recurrir a las autoridades laborales y judiciales competentes”.
La representante del comité en Las Palmas, Yolanda Cívicos (Intersindical Canaria), explica que los propios trabajadores invitan a los nuevos directores generales a comprobar cómo realizan las valoraciones para que se hagan una idea de las cargas de trabajo. No obstante, lamenta que se esté convirtiendo en una práctica habitual de la directora en Tenerife. En Gran Canaria, lo que asegura que sí se percibe es malestar entre las compañeras porque se pretende aumentar el ritmo de valoraciones con el mismo personal.
Cívicos reprocha que se esté poniendo el foco en el personal valorador, cuando “se han realizado tres auditorías” que concluían que lo que falla es la falta de personal. Explica que normalmente los trabajadores del servicio tienen que hacer tres valoraciones al día, y que en período de reducción de jornada se permite que dos días a la semana se realice una menos, pero dada a las incidencias y a que no se tiene en cuenta la lejanía de los domicilios, por ejemplo, no se está respetando esas jornadas. “Con el personal que tienen pues están forzando la máquina al máximo para sacar el máximo de valoraciones”, apunta.
“Evaluación encubierta”
La Consejería de Bienestar Social ha contratado además a una empresa para evaluar “la satisfacción sobre la atención a las personas en situación de Dependencia” y uno de sus objetivos es “conseguir que la aplicación del baremo por el personal adscrito a este Centro Directivo sea de la máxima calidad, siempre en beneficio del usuario. Para alcanzar este objetivo es necesario realizar un servicio de encuestas para saber la respuesta de satisfacción o no del usuario”.
Con ese contrato, que ya tiene empresa adjudicataria, la Dirección General de Dependencia pretende que se realicen en torno a 8.000 encuestas de satisfacción “necesarias para asegurar la representatividad de la muestra”, por lo que el valor del contrato es de 25.680 euros.
CCOO denuncia que esta decisión se toma “sin informar al equipo de trabajo ni a la representación sindical” y valora la medida como una posible “evaluación del desempeño sobre el trabajo realizado por el personal valorador” pese a que es “un estudio que no está enmarcado dentro de una estrategia más amplia donde se realice la auditoría a todo el procedimiento”. Por ello, el sindicato cree que “realizar el control de calidad a una única área es una medida parcial que supone un sesgo en el que las personas puedan volcar las frustraciones acaecidas por cualquier otra circunstancia, sin tener relación con las funciones propias del personal valorador, como por ejemplo: retrasos en la emisión de resoluciones, malentendidos en el momento de la citación del 012 o no iniciarse el procedimiento por el orden riguroso de fecha de entrada...”
“Parece una medida más de presión hacia el personal valorador, sobre el que la directora ha puesto el punto de mira”, reza otra circular del sindicato, que asegura que solicitará información sobre el objeto de la “posible evaluación encubierta de los trabajadores”, apunta.
Este periódico ha intentado conocer la versión de la directora general, sin que por el momento haya obtenido respuesta.