La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Vecindario, en Gran Canaria, ha denunciado administrativamente el día 6 de febrero al responsable de un local de restauración por tener expuesto un caparazón de tortuga boba, siendo esta una especie protegida.
En concreto, la denuncia se realiza por la infracción a la Ley Orgánica 12/1995, sobre la reprensión del contrabando, por la tenencia y exposición de parte de un espécimen protegido incluido en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) sin justificar su procedencia, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.
Los hechos se produjeron después de que agentes del Seprona tuvieron conocimiento de la exposición del caparazón de tortuga tras la información aportada por un ciudadano, motivo por el que realizaron las correspondientes pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos, localizando el sitio y observando como en el mismo se encontraba expuesto al público de forma decorativa un caparazón de tortuga marina o tortuga boba, con unas dimensiones de 63 centímetros de alto y 58 de ancho.
Esto motivó que se realizara la correspondiente inspección para conocer la veracidad de su origen animal y procedencia de la misma. Así tras inspeccionar los agentes el resto animal, verificaron la autenticidad del caparazón y comprobaron además como se trataba de una parte de una especie protegida incluida en el convenio CITES, un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.
Por todo ello y al verificar que el responsable del local no podía acreditar la tenencia legal de la parte de este espécimen, la Guardia Civil realizó la correspondiente acta denuncia, que conllevó la aprehensión del caparazón de tortuga.
El acta de denuncia ha sido remitido a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales por ser el organismo competente en la materia, siendo el que determine la cuantía de la sanción en función de la gravedad de los hechos.