Seis desahucios, uno previsto para este martes y los próximos, notificados para las próximas semanas. Cinco familias y una ONG relataron este lunes su calvario, después de ser derivadas por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuando eran responsabilidad del ex concejal del CCN Ignacio González Santiago, en la anterior legislatura. Los afectados sostienen que Ignacio González Santiago se comprometió a sufragar los alquileres desde el Instituto Municipal de Atención Social, pero no lo hizo, y las deudas se acumulan.
Es el caso de la ONG La Despensa, que se ha librado por unos días, y a causa de un error judicial, de ser expulsada del local-vivienda en el que opera desde hace dos años en el barrio periférico de El Tablero. “Ignacio González se comprometió al pago del alquiler, pero nunca lo hizo y la actual Corporación parece desentenderse”, explicó este lunes a la prensa Oscar Gutiérrez Expósito, el responsable de la organización.
La Despensa se dedica al reparto de alimentos a familias sin recursos, la mayoría derivadas por asistentes sociales del Cabildo de Tenerife y sobre todo, del Ayuntamiento. En 2011 repartió 110 toneladas de comida y en la actualidad atiende a una veintena de familias.
Este lunes, día anunciado del desahucio, medio centenar de personas, entre beneficiados de la ONG, integrantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y miembros de la solidaria Cadena de Favores, se plantaron delante del inmueble para evitar la acción judicial, que finalmente ha quedado postergada para el próximo viernes, ya que hubo un error al indicar el número de la vivienda.
Cinco familias, derivadas de Servicios Sociales, en la misma situación
No se trata solo de La Despensa. La sorpresa la llevaban consigo los representantes judiciales que aparecieron en el lugar para indicar que había habido un error en las fechas del desahucio, y que en realidad se encontraban allí para notificar a otro vecino que iba a correr la misma suerte, un hombre sin recursos que también fue derivado por los Servicios Sociales de Santa Cruz de Tenerife a una vivienda en ese inmueble con la promesa de que no tendría que pagar el alquiler.
Al igual que este vecino se encuentran otras cuatro familias, todas ellas derivadas desde el IMAS en la etapa en la que era su responsable Ignacio González Santiago, y todas con el mismo problema.
“Se supone que nos iban a dar una vivienda de alquiler social, pero nos cobran 315 euros”, afirmaba una mujer que tiene orden de desahucio para el próximo 14 de junio por una deuda de 2.200 euros. “Y a mí me han notificado el desahucio para el día 15”, afirmó otro afectado.
Y mientras se ordena en los juzgados el desahucio por impago de los alquileres, se da la circunstancia de que el inmueble ha sido embargado por Hacienda, que reclama a los inquilinos que abonen sus alquileres en su Delegación Provincial, mientras el constructor-propietario exige el pago en mano.
“No lo sabía”
No hay versión oficial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por más que CANARIAS AHORA la ha solicitado en la mañana de este lunes. El concejal José Manuel Corrales (XTF, Los Verdes e IU), que estuvo presente en el acto de protesta contra el desahucio de la ONG, pudo hablar en persona con el actual concejal responsable de Asuntos Sociales, José Manuel Arocha (PSOE), quien dijo que no tenía noticia del lanzamiento judicial.
El responsable de La Despensa informó a la prensa de que ya había tenido una entrevista telefónica con el alcalde José Manuel Bermúdez, quien le aconsejó que se entrevistara con Arocha, “pero es inútil, porque ya hemos tenido tres entrevistas con Arocha y siempre nos dice que ya apoya el Banco de Alimentos con 50.000 euros anuales, y no nos pueden ayudar. Eso sí, nos siguen derivando gente para que les demos alimentos para un mes”.
Corrales y Guillermo Guigou han sugerido a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que insten a que se aplique el protocolo antidesahucio, aprobado el pasado viernes por el Pleno del Ayuntamiento y según el cual, la corporación se compromete a mediar con las entidades bancarias en casos de personas sin recursos y a buscar soluciones, como la reactivación de las viviendas sociales.