El nivel social y económico de la población menor de dieciocho años en Canarias influye decisivamente en su rendimiento académico y en la distribución de alumnos en centros educativos públicos o privados, que reflejan las desigualdades económicas tanto en el archipiélago como en el resto de España.
Según el informe Situación de la infancia y la familia en Canarias, encargado por la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias a un grupo de expertos y presentado el pasado 20 de noviembre, el 78% de la población infantil en Canarias permanece escolarizada en centros públicos de enseñanza, media superior a la nacional (67,8 %).
Un porcentaje solo superado por los de Melilla (83%), Castilla-La Mancha (81.8%), Extremadura (80.4%) y Ceuta (79.2%), que contrastan con los del País Vasco (51.1%), la Comunidad de Madrid (54.9%), Baleares (64.3%), Navarra (64.7%) y Cataluña (65.9%), autonomías con las tasas más bajas de escolarización en centros públicos.
En España, según datos del INE correspondientes al tercer trimestre de 2018, existe un patrón: las comunidades autónomas con mayores índices de escolarización en centros públicos presentan los peores índices de paro y de renta per cápita del país, y las autonomías más ricas que sufren menos paro presentan un menor índice de escolarización en centros públicos.
Sin embargo, según el informe PISA de 2015, la media sobre esta variable en los países de la Unión Europea es del 84% y en los de la OCDE, del 82%, por lo que el informe observa un “desfase” en Canarias en cuanto a la matriculación en centros públicos con respecto a “criterios internacionales” que no se reproduce en comparación al resto de España.
En esa misma línea, el estudio Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico del profesor de la Universidad de Barcelona Álvaro Choi de Mendizábal apoya la tesis de que en España la diferencia de resultados entre centros públicos y privados se explica “fundamentalmente” por el “distinto origen socioeconómico” de sus alumnos.
Este nivel socioeconómico va más allá del nivel de renta de una familia: el Informe PISA de la OCDE emplea el Índice de estatus económico, social y cultural del hogar (ISEC) que combina varias “dimensiones”, como el nivel educativo de los padres, el nivel de renta familiar, la ocupación de los padres o los bienes presentes en el hogar (libros).
Dicho nivel socioeconómico, afirma Choi de Mendizábal, condiciona también el rendimiento académico de los alumnos, un hecho “ampliamente demostrado por la evidencia empírica”: por ejemplo, a los 15 años se constata que hay una brecha de 82 puntos PISA (equivalente a dos años de escolarización) en competencias científicas entre los alumnos de hogares con mayor nivel socioeconómico y los de menor nivel.
Así pues, el informe del Gobierno de Canarias sobre la situación de la infancia alerta de que, durante los últimos años, la inversión pública para el desarrollo social ha disminuido en educación y especialmente en actuaciones de protección y promoción social, como el fomento del empleo y en el acceso a la vivienda (un 22% en ambos casos).
Según el informe, el aumento “significativo” en la riqueza y el gasto público “no se manifiesta en los ámbitos esenciales para el desarrollo del bienestar que posibilite un sistema de acceso de la población a recursos (privados) y de protección social (públicos) con garantías”, capaz de disminuir las desigualdades sociales y mejorar el bienestar económico y social de las familias.
Además, según el índice AROPE, Canarias lidera el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social con un 44,6% (735.000 personas), muy por encima del 27,9% de la media nacional, y es segunda tanto en riesgo de pobreza (35% de canarios, 22,3% de media en España) como en carencia material severa (10% del total, ante una media estatal del 5,8).
Mientras a nivel estatal se ha reducido la pobreza y la exclusión social un 2,4% en el último año, continúa el informe, en Canarias ha aumentado un 17,7%, y la cifra total de personas pobres y excluidas socialmente en el archipiélago se situó en 2016 en 937.458 personas, 215.021 más que hace una década.
La “gravedad” de estos indicadores en Canarias, concluye el estudio, indica que la exclusión social y la pobreza “sin duda condicionan” el desarrollo y el bienestar psicológico y social de la población infantil y juvenil del archipiélago.
Por todo ello, el profesor universitario Choi de Mendizábal afirma en su investigación que las desigualdades socioeconómicas se transmiten a través de la composición de los centros educativos porque, en España, los privados independientes y privados concertados tienden a escolarizar a alumnos con un nivel socioeconómico más alto que el de los alumnos escolarizados en centros de titularidad pública.
Los alumnos españoles con un menor nivel socioeconómico, según Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico, afrontan un mayor riesgo de repetición de curso y, por lo tanto, también de riesgo de abandono escolar prematuro: en 2015, el 53,5 % de dichos alumnos había repetido algún curso antes de los 15 años, por un 8,7% de alumnos con un mayor nivel.
Sin embargo, el economista defiende que un análisis del rendimiento de los centros descontando el nivel social y económico de sus alumnos demuestra que el rendimiento de los centros públicos resulta “levemente superior” al de los privados si se controla el efecto del nivel socioeconómico. La aparente diferencia de rendimiento académico entre centros privados y públicos se debe, pues, a la “segregación” de los alumnos de menor ISEC.