Después de algo más de 30 años de democracia, la sociedad española es más desigual que nunca. La brecha social es tal que sitúa a España cerca de Bulgaria y Lituania. El impacto de la recesión en el empleo y las políticas de recortes han agravado una situación que el país ya arrastraba de lejos.
Cinco años de crisis, desempleo y recortes han hecho que en poco tiempo la brecha social en España haya crecido mucho. Sin embargo, el récord español de desigualdad lleva décadas forjándose. Informes y expertos señalan que durante la época de bonanza económica, España tampoco fue capaz de reducir sus niveles de desigualdad y pobreza. O lo que es lo mismo, nuestro modelo de desarrollo no redistribuye la riqueza cuando crece; mientras que cuando se colapsa se olvida de la lucha contra la exclusión social y empeora la brecha social. “Nuestra desigualdad tiene un componente estructural importante que la crisis ha agravado. Durante la época de bonanza algunos países aprovecharon para reducir su desigualdad, pero nosotros no”, explica Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios informes sobre desigualdad. Un dato: durante los años previos a la crisis, cuando España crecía entre un 3% y un 4% al año y el empleo hacía lo propio, la tasa de pobreza apenas se movió.
Lucía Vicent, investigadora de Fuhem Ecosocial, asegura que el triunfo del modelo neoliberal ha hecho que durante años se haya alentado el desmantelamiento de los servicios públicos y la pérdida de legitimidad de las políticas públicas, lo que, en el fondo, implicaba favorecer el aumento de las brechas sociales. “En tiempos de la bonanza económica nos hicimos más vulnerables para llegar a esta situación. Un diagnóstico interesado de la crisis ha ocultado que en las últimas décadas la sociedad se ha ido polarizando y que la desigualdad creció ya en los años anteriores. De hecho, esa creciente desigualdad ha sido determinante para que la crisis se haya dado aquí con tal intensidad”, dice Vicent.
Ya durante la recesión, la desigualdad en España ha crecido de forma fulgurante: el índice de Gini ?que sirve para medir la brecha social? aumentó casi un 10% solo en los dos primeros años de crisis. La recesión habría supuesto, por tanto, un efecto regresivo sin precedentes sobre la distribución de las rentas, que se suma a los datos mediocres que ya lastraban al país.
Una economía poco competitiva
La estructura productiva de España es en buena parte responsable de nuestras desigualdades: una economía poco competitiva, que genera muchos puestos de trabajo de mala calidad y en sectores de baja cualificación. Una vez que los empleos se destruyen, cientos de miles de trabajadores poco formados y con unas prestaciones de desempleo limitadas se ven en la calle. En el otro lado, se encuentran un mercado laboral y un sistema educativo incapaces de ofrecer ni un reciclaje adecuado ni nuevos nichos de trabajo donde insertarse.
“Tenemos una estructura todavía muy centrada en baja tecnología, empeñada en competir a base de salarios bajos y que crea poco empleo estable, algo que nos ha diferenciado de otros países”, apunta Ayala. Para Lucía Vicent, el modelo de crecimiento español se ha basado en una burbuja inmobiliaria, residencial e industrial, que ha fomentado empleos “con una volatilidad muy alta” y que no ha estimulado la inversión productiva.
La otra cara de ese modelo productivo es el mercado laboral, donde se han gestado o ensanchado parte de las desigualdades. “Desde el momento en que para la mayoría de los hogares las rentas salariales son la principal fuente de ingresos, lo que sucede en el mercado de trabajo afecta mucho a la mayor parte de la población, tanto en el presente como en el futuro, porque condiciona también las prestaciones futuras”, explica Coral del Río, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo. Las recetas que se han aplicado en los últimos años no han ayudado a mejorar la situación: las reformas laborales han abaratado el despido, flexibilizado las condiciones de contratación y debilitado la negociación colectiva.
Una de las consecuencias más llamativas de ese modelo de crecimiento que funcionaba como una máquina de generar empleo precario ha sido el aumento de los trabajadores pobres, es decir, de las personas que, a pesar de tener un empleo, no tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas y rozan la exclusión social. La tasa de pobreza laboral ha pasado del 10,7% en 2007 al 12,7% en 2012. “Hace 20 o 25 años, cuando se hablaba de trabajadores pobres no se consideraba una problemática importante dentro del contexto europeo, pero ahora ya no es así, ya no podemos decir que estamos protegidos ante la pobreza laboral. Ahora hay bolsas importantes de trabajadores con salarios que no son suficientes para superar el umbral de pobreza”, señala Del Río. España se sitúa, según los últimos datos disponibles, como tercer país de la Unión Europea con mayor índice de trabajadores en hogares pobres, solo superada por Rumanía y Grecia.
Trabajar y ser pobre
Un informe de la Fundación Primero de Mayo de CCOO alertaba hace unos meses de que, además del aumento cuantitativo de la pobreza laboral, preocupa también el incremento cualitativo: los trabajadores que ya eran pobres lo son ahora aún más.
¿Por qué? Coral del Río insiste en que el modelo de crecimiento español, ligado a la construcción y a servicios de poca cualificación y bajas remuneraciones, tiene parte de la responsabilidad. Pero, sobre todo, la alta temporalidad y la poca incidencia de las prestaciones sociales en un momento en el que el paro y la precariedad se han desbocado.
El estudio de la Fundación Primero de Mayo apuntaba varios factores clave que aumentan el riesgo de pobreza laboral: el trabajo por cuenta ajena, la temporalidad, la inestabilidad y el trabajo a tiempo parcial. De los 3,5 millones de empleos que se han destruido desde 2007, 2,2 millones eran temporales, cuyas indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los contratos indefinidos. La elevada rotación en estos empleos hace que muchos trabajadores ni siquiera acumulen derecho a cobrar prestaciones ni adquieran formación en sus puestos.
Los contratos a tiempo parcial son también una fuente de desigualdad que sufren especialmente las mujeres. Hace poco, el propio Tribunal Constitucional consideró que la forma en la que la Seguridad Social calcula las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial es discriminatoria a la hora de acceder a una pensión. La sentencia declara que este sistema de cómputo es inconstitucional “tanto por lesionar el derecho a la igualdad como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo”.
En 2011, la tasa de trabajo a tiempo parcial era del 23,5% en las mujeres y del 6% en los hombres. Aunque en España este tipo de ocupación es muy inferior al resto de países de Europa, en los últimos años esta fórmula ha crecido alentada por las reformas laborales. Los datos muestran que la mayoría de trabajadores ?hombres y mujeres? no desean estos contratos, “lo que demuestra que las condiciones son claramente peores que en otros países”, apunta Del Río.
Las cifras también dicen que, en el caso de las mujeres, se ven obligadas a aceptarlos, sobre todo, porque tienen que encargarse de las tareas de cuidados. “Es la consecuencia de la falta de un sistema de bienestar que no da servicio a la dependencia, y las consecuencias para las mujeres son tremendas”, subraya la economista.
Ricos y pobres
El informe Foessa 2013 constata un deterioro de las rentas de los españoles desde 2007 como consecuencia de la caída de ingresos y del aumento del coste de la vida: en cinco años, la renta disponible de los hogares ha bajado más de un 10%, una caída “considerablemente más pronunciada” que la registrada en la mayoría de los países de la Unión Europea.
“Tenemos unas desigualdades salariales altas. Comparados con otros países, la desigualdad entre la parte baja y la media de los salarios no es especialmente diferente, pero las distancias entre la parte media de los salarios y la parte alta es muy elevada. Es decir, en España tenemos bastante movilidad salarial entre la parte baja y media de la tabla salarial, que está relacionada sobre todo con la eventualidad laboral. Sin embargo, la movilidad desde los salarios medios a los altos es muy difícil de conseguir, mucho más que en otros países”, explica el catedrático de Economía Aplicada Luis Ayala.
La desigualdad es mayor en el caso de las mujeres, que siguen cobrando de media un 16,2% menos que los hombres. En 2012, el salario medio por hora a precios corrientes de los hombres fue de 11,75 euros y 9,98 euros para las mujeres. La segregación ocupacional ?una tendencia que hace que hombres y mujeres trabajen en sectores y ocupaciones diferentes? explica parte de esta diferencia. Varias expertas han constatado que en los sectores feminizados, como los cuidados o la dependencia, los salarios tienden a ser más bajos que los sectores con fuerte presencia masculina, lo que sugiere una devaluación social del trabajo de las mujeres.
Por otro lado, aunque la brecha se produce tanto en el salario base como en los complementos, varios informes señalan que es en estos últimos donde las diferencias se ensanchan aún más. Las consecuencias de esta discriminación se dejan sentir en el tiempo, y hace que las mujeres generen peores prestaciones y pensiones, hasta el punto de que el riesgo de pobreza es mucho mayor entre las mujeres mayores de 65 años que entre los hombres de la misma edad.
Distancia entre rentas
El hundimiento de las rentas ha sido mayor entre la población con rentas más bajas: desde 2006, sus ingresos han caído un 5% en términos reales cada año. En estos años, la distancia entre la renta del 20% de la población más pudiente y el 20% de la población más desfavorecida ha crecido un 30%.
El informe Foessa señala que esta ampliación de las diferencias entre los extremos de la distribución de la renta confirma “la mejora relativa de los hogares más ricos y el drástico empeoramiento de los hogares más pobres”. Desde que hay datos disponibles nunca se había experimentado un aumento tan importante de la desigualdad de rentas. “No solo han caído los salarios, sino la capacidad económica real de los hogares debido a la congelación de las pensiones, al aumento de precios, el IVA, los recortes... El resultado de esa ecuación es que la situación de los hogares ha empeorado y cuanto más pobres eran ya los hogares, más ha empeorado su situación. Un recorte de becas supone que una familia que antes no tenía que pagar los libros de sus hijos o el comedor escolar ahora sí lo tienen que hacer y son gastos familiares de mucho peso”, asegura Gaby Jorquera, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN).
El número de hogares con todos sus miembros en paro ha crecido incesantemente estos años y ya son casi dos millones, el 11% de los hogares. Por otro lado, el aumento del paro de larga duración (las personas que llevan buscando un empleo más de un año), es otro de los elementos que ha diferenciado a España del resto de países. Este desempleo de largo plazo amenaza con enquistarse. Hay varios motivos que hacen que este indicador sea especialmente malo: implica que buena parte de estas personas ya no cobran prestación, y que, según la tendencia general, a mayor tiempo en el paro, menos probabilidad de reinsertarse tiene una persona.
¿Cómo compensar las desigualdades?
Un informe de la Fundación Alternativas señala tres pilares básicos para compensar las brechas sociales y garantizar la igualdad de oportunidades: la educación, la sanidad y las pensiones. Precisamente, los tres soportan desde 2010 el peso de los recortes.
“Para corregir las desigualdades tendría que haber una capacidad compensatoria del sector público que no hay, es más, la hay en menor medida de lo que correspondería a nuestro nivel de riqueza como país”, asegura Ayala. El gasto social por habitante en España es menor que otros países con niveles de renta más bajos, como, por ejemplo, Portugal, y está muy lejos del de Alemania, Francia, Irlanda o Noruega.
La investigación de la Fundación Alternativas asegura que el gasto sanitario “beneficia en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y de forma considerable a las clases medias”. Apunta también que el gasto farmacéutico y el de atención primaria son cruciales, ya que “contribuyen en mayor medida a la progresividad de este gasto”.
Precisamente, en los últimos años se ha puesto en marcha el copago farmacéutico, varias comunidades autónomas han cerrado o reducido el servicio de los centros de atención primaria y son frecuentes los conciertos para privatizar la gestión de algunos servicios. Los autores concluyen que cuando la gestión de centros sanitarios o educativos se transfiere al sector privado “se aumentan las desigualdades”.
“El crecimiento del coste de acceso a servicios básicos hará que esta sea una sociedad cada vez más desigual. Las política sociales tienen efectos preventivos sobre la desigualdad y la pobreza, así que el rumbo contrario implica que estas se enquistarán en la sociedad y será más difícil combatirlas y sacar a la gente de la exclusión social”, subraya por su parte la investigadora de Fuhem Lucía Vicent.
El sistema tributario tampoco es suficientemente redistributivo: durante la bonanza ha tendido a reducir tipos impositivos, mientras que en la crisis se han subido impuestos indirectos como el IVA . “El sistema fiscal ha pasado a cumplir objetivos meramente recaudatorios y no se ha ido a fortalecer su carácter redistributivo y de corrección de las desigualdades”, asegura Luis Ayala.
Un sistema de protección insuficiente. Mientras la tasa de paro ha tocado su récord, el 27,1%, el sistema de cobertura de las prestaciones por desempleo está en el 63%, su registro más bajo de los últimos años. Los requisitos para acceder a muchas prestaciones han aumentado y su cuantía ha disminuido.
“Todos los países tienen una última red, un sistema de garantía de ingresos para las personas que hayan agotado todas las prestaciones”, señala el catedrático. En España, el último colchón lo proporcionan las comunidades autónomas y lo hacen de forma desigual. Son muchas las organizaciones que piden una renta mínima de ciudadanía que sostenga a las familias. “Sería una medida de igualdad y corregiría el aumento de la brecha”, dice Gaby Jorquera, de EAPN.
Por otro lado, uno de los mantras que el Gobierno ha repetido ante los recortes es que la mejor política social “es el empleo”. Los expertos lo desmienten: “Todas las fuentes de desigualdad se están acrecentando y el futuro es complicado. No podemos afirmar que cuando nos recuperemos estas pérdidas se van a compensar. Recuperar el empleo no es recuperar el bienestar”, dice tajante Ayala.
Jorquera confirma esta tesis. “No solo va a haber un aumento de la pobreza, sino una profundización en ella. Cada vez será más difícil recuperar a las personas que caen en la exclusión social, además hay un empobrecimiento general de la sociedad”, asegura. Y concluye: “Si empezáramos a hacer las cosas de una forma distinta, este problema de desigualdad y pobreza mejoraría. La pobreza no es una catástrofe que no puedes controlar, es un fenómeno humano totalmente controlable”.