El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha apelado a la aprobación de un “gran” pacto por la vivienda en las islas “con vocación de continuidad” para hacer frente al “principal problema social que tiene Canarias”, donde la media de vivienda pública es de apenas el 0,96%, frente al 9,3% en Europa.
Así lo ha manifestado en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Parlamento de Canarias, donde el Diputado del Común ha presentado el Informe Extraordinario sobre La situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social, cuyo avance dio a conocer el pasado septiembre.
Durante el debate, Rafael Yanes hizo algunas reflexiones sobre los asuntos más destacables del Informe: “No pretendemos decirle al Gobierno lo que debe hacer para cumplir con el artículo 47 de la Constitución, sino ofrecer un documento para el debate”. Así pues, este informe extraordinario recoge 39 propuestas con posibles líneas de actuación.
El Diputado del Común expresó su preocupación por la gravedad del problema: “Los precios de la vivienda en Canarias, tanto para la compra como para el alquiler, han experimentado una subida desmesurada y esta comunidad autónoma cuenta con un 36% de su población en riesgo de exclusión social”.
El Informe contiene datos relevantes que pueden ayudar a reflexionar sobre la problemática de la vivienda que sufre el Archipiélago. Según Yanes, “la Administración debe contar con un número suficiente de viviendas públicas para satisfacer la demanda de aquellos que no pueden afrontar los altos costos del mercado libre. La creación de un parque público de viviendas es crucial para garantizar el derecho a la vivienda en la comunidad autónoma”. Y añadió que es necesario “un gran acuerdo político que supere las alternancias que se producen en el Gobierno”.
Por último, el Diputado del Común hizo hincapié en que los inmuebles deben tener una calificación perpetua de su carácter público, de manera que nunca puedan perder esa condición y siempre estén disponibles para el alquiler social. “Se debe garantizar una gestión eficaz para evitar prácticas fraudulentas en la propiedad pública”, planteó Yanes, para añadir que el derecho a la vivienda “es el derecho a una vida digna”.