El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha avanzado este lunes que su Ejecutivo recurrirá la Ley nacional de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) por invadir competencias autonómicas y generar inseguridad en los propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler.
“Anunciaremos en el Consejo de Gobierno [de este lunes] que la vamos a recurrir al Constitucional porque invade las competencias de la comunidad autónoma. Al final hay gente que prefiere no alquilar por los problemas de si pagas o no pagas. [...] Tienen miedo”, ha afirmado Clavijo en una entrevista a la Cadena Ser en Canarias recogida por Europa Press.
El presidente regional dijo no saber “si son 200.000, si son 20.000, o 15.000” las viviendas que están cerradas y sin alquilar en las islas, pero aún así afirmó que “la realidad” es que hay que dotar al alquiler de “seguridad tanto a quien la alquila como al arrendador”.
En su opinión, la actual ley “inhibe” la oferta y cree que el problema del acceso a la vivienda se tiene que abordar desde “tres vertientes”: “Primero, que el sector privado construya más viviendas” en general, segundo que “el sector privado vuelva a hacer viviendas de protección oficial” y, por último, que “también los poderes públicos” puedan “construir viviendas”.
“Ese va a ser uno de los ejes principales de este nuevo gobierno, en el que vamos a facilitar esas tres vertientes. Y, por supuesto, la que ya se ha comenzado, regulando el alquiler vacacional, porque yo comparto plenamente que el alquiler vacacional, no en todos sitios, pero en determinadas zonas tiene un impacto directo sobre el precio del alquiler”, consideró.
Vivienda pública en el anterior Gobierno de CC
Cabe destacar que durante la anterior legislatura presidida por Fernando Clavijo (2015-2019), solo se entregaron 13 viviendas de El Sauzal (La Palma) y 56 del Residencial Las Sabinas, en el barrio de Jinámar en Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas provenientes del plan de vivienda 2002-2005.
También el tiempo de descuento de esa legislatura con Clavijo como presidente, cuando solo quedaban cuatro semanas para las elecciones, el Ejecutivo de CC presentó un plan de vivienda, que posteriormente invalidó el Consejo Económico y Social por ser “poco preciso” y “superficial”.
También en la recta final de aquella legislatura, el Gobierno de Canarias compró por 25 millones de euros 358 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler social en el barrio de Añaza (Tenerife) para evitar que fueran adquiridas por un fondo buitre. El entonces presidente Clavijo hizo el anuncio tres meses antes de las elecciones en una cita con residentes en los edificios junto a otros representantes públicos de CC. Diez meses después, tras quedar fuera del Ejecutivo por el pacto de las Flores, la empresa pública Visocan, que adquirió los inmuebles, subió el alquiler, impuso el pago de las deudas y amenazó con desahuciar a las familias que residían en las viviendas públicas.
Visocan fue uno de los departamentos que quedaron en manos del líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), actualmente de nuevo en el Ejecutivo canario, tras las negociaciones para formar el acuerdo en el Gobierno y al frente de la empresa pública se decidió mantener a Víctor González, que fue designado durante el Gobierno de CC. Al frente de la comunicación de Visocan se encuentraba Santiago Negrín, el que fuera presidente de la Radio Televisión Canaria cuando gobernaba Clavijo. Y el consejero delegado de la entidad pública era el yerno de Casimiro Curbelo.
Vivienda pública en el Gobierno de Torres
Tras una década sin nuevas licitaciones para la construcción de viviendas públicas en las Islas (todas las entregadas en ese período correspondían al Plan 2002-2005), el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres retomó la agenda de construcción y aprobó en diciembre de 2020 el documento definitivo del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, tras recibir el respaldo unánime del Parlamento regional.
El documento, dotado con una partida de 664 millones de euros, prevé un total de 88.195 actuaciones para el fomento de la vivienda en todas las islas y combatir la emergencia habitacional en Canarias.
Entre las acciones más destacadas que contempla está la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler; incentivar la salida al mercado de 600 viviendas vacías para su alquiler; más de 10.000 actuaciones de rehabilitación y renovación urbana y rural, beneficiar a cerca de 72.000 familias con ayudas al alquiler o la construcción de más de 600 viviendas nuevas en municipios poco poblados para combatir la despoblación.
El instrumento recoge los objetivos fundamentales del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, suscrito y apoyado ampliamente por más de 30 colectivos sociales, empresariales, profesionales, institucionales y partidos políticos de las Islas el pasado mes de marzo, y que dio origen al texto actual del Plan de Vivienda.