El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, lamentó este miércoles “la falta de sensibilidad política y humana” que se demuestra cuando “todo el mundo se pelea por el reparto de los fondos del IGTE, las infraestructuras y las inversiones”, cuando la prioridad de los gobernantes deben ser los servicios sociales.
Saavedra, que este miércoles presentó en el Parlamento de Canarias el informe anual de 2015 del Diputado del Común, dijo sentirse acongojado ante esta realidad, que se traduce en graves deficiencias en el funcionamiento de la atención a las personas.
Puso como ejemplo el caso de una persona declarada gran dependiente desde 2010 y a la que aún hoy, con 91 años, la administración autonómica no le ha definido su Programa Individual de Atención (PIA) y por tanto no recibe ninguna ayuda.
“Es imprescindible establecer como una prioridad los servicios sociales”, subrayó en declaraciones a los periodistas el Diputado del Común, equivalente al Defensor del Pueblo autonómico, tras presentar su informe anual a la presidente del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.
Aun así, Jerónimo Saavedra reconoció mejoras en el área social del Gobierno de Canarias desde las últimas elecciones, en particular en la puesta al día en el abono de la Prestación Canaria de Inserción, que hasta 2015 era “un agujero negro”.
Habitualmente, el Gobierno canario agotaba su presupuesto para la PCI en marzo o abril y los beneficiarios quedaban sin su derecho a percibir la ayuda.
Pero desde noviembre, con la aprobación de un crédito extraordinario y la correcta definición presupuestaria de esa partida para 2016, esas deficiencias se han corregido.
Saavedra consideró que en el caso de la dependencia no se ha notado tanto la actuación del nuevo Gobierno, si bien se ha corregido “el engaño o error” del anterior en 2014, cuando por interés en mejorar las estadísticas, se incorporó a 9.000 personas como atendidas por el sistema de dependencia cuando no era real.
En general “sigue habiendo un retraso extraordinario” en la tramitación de los expedientes de dependencia, lo que se debe a falta de personal y cuestiones de organización, denunció Saavedra, quien consideró positivo que se haya anunciado que el nombramiento de 26 trabajadores más para esa área.
Sin embargo, sin una mayor dotación presupuestaria será difícil incrementar los beneficiarios, aseguró.
El Diputado del Común tramitó en 2015 un total de 1.819 quejas, un 10% más, y la mayoría, más de 400, se refieren precisamente a los servicios sociales, que incluyen dependencia, mayores, menores y discapacidad.
También sigue siendo preocupante el problema de la vivienda, y Saavedra anunció al respecto unas jornadas que organizará en mayo la institución para abordar cuestiones como los desahucios, las viviendas públicas vacías y el programa de hipoteca joven, en el que ha habido avances, después de tres años de retraso, con la reciente modificación de crédito presupuestario.
Del resto, el funcionamiento de la administración de Justicia y de las áreas de Economía y Hacienda concentraron el mayor número de quejas.
En el caso de Hacienda, las gestiones del Diputado del Común consiguieron en 2015 la devolución a los ciudadanos de 190.385 euros por impuestos o tasas indebidamente cobrados.
En general, las administraciones locales y la autonómica “funcionan un poquito mejor” desde las elecciones del año pasado en cuanto a la respuesta a los requerimientos del Diputado del Común, aunque el área de política territorial es el que más retrasos acumula.
En 2015, el Diputado del Común declaró como obstruccionistas a su labor a los ayuntamientos de La Aldea de San Nicolás, La Oliva, Los Llanos de Aridane y Telde, así como al Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria, que no responde a sus requerimientos de información.
Estas declaraciones de obstruccionismo tienen su origen en casos anteriores a la llegada de los nuevos alcaldes tras las elecciones de mayo de 2015, aclaró Saavedra.
Pero lamentó que la Fiscalía no tramite como posible delito esa falta de colaboración con la institución.
En cuanto a actuaciones posteriores a este informe, Saavedra informó de que se ha dirigido a la Consejería de Sanidad en relación a la deficiente atención recibida por los inmigrantes que llegaron en patera el 7 de febrero, pero aún no ha recibido respuesta del Gobierno de Canarias.