Un total de nueve organizaciones de ecologistas y de defensores de los animales han convocado una concentración el próximo sábado 5 de octubre frente al Congreso de los Diputados en contra del proyecto de construcción en Canarias de la primera granja de pulpos del mundo.
Acción Océanos, AnimaNaturalis, Compassion in World Farming, Ecologistas en Acción, EkÅ, Eurogroup for Animals, Greenpeace, el Observatorio de Bienestar Animal y Raíces & Brotes del Instituto Jane Goodall impulsan esta acción en contra del proyecto planteado por la empresa Nueva Pescanova, para construir en el Puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria) la primera instalación industrial de acuicultura del pulpo, según un comunicado de las organizaciones convocantes.
El comunicado recoge, entre otras, la opinión de la doctora Elena Lara, asesora senior de Ciencia y Política en la organización Compassion In World Farming España, quien asegura que “la cría industrial de pulpos cumpliendo criterios de bienestar animal es imposible, por lo que directamente se recomienda no criar a estos animales”.
Lara también apunta que la comunidad científica “ha alertado en varias ocasiones durante los últimos años sobre el peligro que supone la cría intensiva de pulpo no solo para el bienestar animal, sino también para el medioambiente y la salud humana”.
Entre los problemas que plantearía esta granja enumeran los riesgos para la salud pública, emisiones y utilización de recursos naturales, contaminación, sobreexplotación de recursos pesqueros, amenaza a la biodiversidad y repercusiones en las zonas culturales y recreativas.
Según los ecologistas y los animalistas, más de una treintena de eurodiputados han expresado su oposición a esta granja en preguntas parlamentarias a la Comisión Europea y enviado una carta al Gobierno canario, indicando que no existen métodos científicamente validados y aceptados para el sacrificio ético de pulpos y que los requisitos de alojamiento son incompatibles con la cría comercial.
Añaden que la cría industrial de estos cefalópodos va directamente en contra de las Directrices Estratégicas de Acuicultura de la UE e instan a los Gobiernos español y canario a alinearse con el resto de Estados miembros de la UE y rechazar el proyecto.
El ejecutivo autonómico ha exigido un procedimiento de evaluación de impacto ambiental exhaustivo “que aún continúa” aunque las autoridades locales según estas organizaciones, consideran que la instalación “acarrearía efectos adversos significativos en el medioambiente a su alrededor”.