La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y los empresarios de transporte escolar negocian una salida consensuada que garantice este servicio a partir del 15 de septiembre a miles de estudiantes, algo que desde esta área del Ejecutivo insisten en que se producirá, por lo que hace un llamamiento a la tranquilidad de la comunidad educativa. El problema radica en que el contrato de prestación de transporte caduca a finales de agosto y aún no se ha llegado a un acuerdo sobre los términos en los que se llevará a cabo el próximo curso. Ambas partes llevan manteniendo reuniones desde hace meses y uno de los escollos ha sido llegar a una conformidad con las indemnizaciones que debe recibir la empresa por el cese del servicio desde que se decretase el estado de alarma, algo en lo que ya se ha avanzado.
José Ángel Hernández Ponce, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes (FET) explica que confiaba en que se ratificara una prórroga del contrato pronto, que es la salida en la que creía que se estaba trabajando. Su sorpresa asegura que se produjo cuando se le comunicó que esta no era la única opción sobre la mesa y que antes del lunes los empresarios debían contestar sobre si rompían el contrato y comenzaban en septiembre a prestar el servicio hasta que se buscara una salida. Afirma que estas empresas tienen a sus trabajadores en ERTE y que de comenzar a ofrecer este servicio deben estar seguras de que habrá continuidad, ya que de lo contrario tendrían que asumir los despidos.
La Consejería de Educación explica que “se está trabajando intensamente en la búsqueda de una solución para el servicio de transporte escolar. Cabe la prórroga, si ambas partes están de acuerdo o incluso una nueva licitación. El objetivo es mantener el servicio de transporte adoptando la medida que sea menos gravosa para ambas partes”.
El secretario general de la FET asegura que se está viviendo incertidumbre en el sector. Señala que estas empresas (170) no estarían dispuestas a comenzar el servicio si no disponen del contrato porque nos supondría inseguridad ya que ante una nueva licitación podría perderse el servicio. Afirma que verano siempre ha sido un período en el que se aprovecha para desmontar las guaguas y realizar inversiones, a lo que se suma adaptar los protocolos sanitarios por la pandemia. El sector del transporte además se ha visto afectado por la caída del turismo y por todo ello señala que estas empresas están muy resentidas por la crisis.
Una de las formaciones que actualmente es socia del gobierno, Nueva Canarias, se ha mostrado muy crítica con esta situación en un comunicado. La portavoz parlamentaria de NC en materia de transportes, Esther González, ha advertido de que más de 39.000 menores de las islas se pueden quedar sin transporte escolar al inicio del curso 2020-2021 ya que los contratos finalizan el próximo 31 de agosto. Por ello, demandó a la consejera responsable de Educación, Manuela Armas, “que viabilice con urgencia los nuevos expedientes de contratación”. Para la diputada nacionalista, es “inaudito”, criticó, que este departamento gubernamental “les plantee que sigan prestando el servicio sin contrato”, alegando “transitoriedad y proporcionalidad” a la necesidad.
Por su parte, desde la oposición, CC-PNC califica de “escándalo” que “no esté garantizado el transporte escolar para el inicio del curso”. La portavoz en Educación del partido, Beatriz Calzada cree que que no se trata de una situación sobrevenida “han tenido meses para renovar los contratos”. Así mismo, destacó que espera que la consejera en su comparecencia del día 31 de agosto explique lo ocurrido.
Esta próxima semana continuarán las negociaciones entre Educación y el sector del transporte. La Consejería está estudiando las vías jurídicas y posibilidades que no afecte a ninguna de las partes.